Reprueba Comisión Permanente desaparición de integrantes de la Unidad Popular en Iguala


·         Asimismo, reprueba enérgicamente la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que reprueba enérgicamente la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular en Iguala el pasado 31 de mayo en el estado de Guerrero, de la que derivó la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

 

En el punto de acuerdo presentado por la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna y las diputadas federales Aleida Alavez y Lizbeth Rosas Montero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente, a la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción de las investigaciones para aclarar los hechos acaecidos el pasado 31 de mayo en Iguala, Guerrero, en los que se suscitaron la desaparición de Héctor Arroyo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas y Jimmy Castrejón y que a su vez derivaron en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

 

Las legisladoras refieren que el pasado jueves 30 de mayo diversas organizaciones que integran la Unidad Popular realizaron una marcha en Iguala, Guerrero, como un acto de desesperación de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.  Mientras realizaban bloqueos intermitentes de la circulación en la caseta de cobro de la carretera federal, se presentó la Policía Federal al mando del inspector Alberto Castillo, quien discutió con Héctor Arroyo Delgado y Arturo Hernández Cardona. Dos horas después, Arroyo Delgado y Hernández Cardona desaparecieron con Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza y los comerciantes de Iguala Rafael Banderas y Jimmy Castrejón.

 

“La desaparición de estas personas, integrantes de la Unidad Popular en Iguala, es un acto de represión de un sistema arbitrario, intolerante con la izquierda, contra quienes defienden los derechos humanos, contra los que protestan y la población más pobre. Es una forma de desarticular movimientos sociales a través de la persecución y desaparición de sus líderes presuntamente por parte del crimen organizado. Esto se desprende de las diversas denuncias de Arturo Hernández Cardona por la indiferencia de las autoridades sobre crímenes contra líderes sociales del estado y el asesinato de dos estudiantes de una escuela superior del municipio rural de Ayotzinapa, en diciembre de 2011 , relatan.

 

En el punto de acuerdo se menciona que la Unión Popular ha tenido múltiples confrontaciones con diversas autoridades por solicitudes no atendidas o por casos de corrupción. Con relación a la investigación y localización de estas personas, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, ofreció todas las diligencias posibles, toda la tecnología y los elementos que tienen para la búsqueda de los desaparecidos. La Policía Federal realizó una campaña de rastreo en Acapulco, Chilpancingo e Iguala para dar con su paradero, investigando a todos lo que estuvieron ahí, desde la línea de mando y todo lo relacionado con la operación.

 

Por cuanto hace a la participación de las autoridades locales, la Procuraduría del Estado, a través de la Fiscalía Regional de la Zona Norte, señaló en un comunicado de prensa que se iniciaron las investigaciones para localizar a los ocho desaparecidos, encontrando una camioneta marca Honda, modelo Pilot, color blanco, sin placas de circulación en la que presumiblemente viajaba Hernández Cardona, cerca de Metlapa, Guerrero. Asimismo, el Gobernador de Guerrero, instruyó al Secretario de Gobierno y a los encargados del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, intensificar las investigaciones, para localizar a ocho integrantes de la organización Emiliano Zapata de Iguala.

 

“Estos hechos son sumamente alarmantes pues evidencian un ataque grave en contra de los derechos humanos de todas las y los guerrerenses, en especial de aquellas que denuncian la manera en que quieren acallar las protestas sociales. Asimismo, es también preocupante la posible participación de servidores públicos, por lo que resulta urgente que se aclaren cuanto antes estos delitos y se finquen las responsabilidades a quienes participaron en los mismos , apuntan.

 

A consideración de las legisladoras del PRD es indispensable que se realicen todas las acciones necesarias para que los ataques a la sociedad civil se detengan en todo el país. No puede permitirse ni una muerte más provocada por parte de aquellos que sólo buscan reforzar un régimen de pobreza y desintegración social .

 

“Alzamos la voz para demandar una respuesta a estos hechos que nos indignan y que ponen en entredicho la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la que debemos vivir las y los mexicanos , concluyeron.