Los siguientes días serán decisivos en la vida política de México. Poco a poco los partidos determinan los candidatos que han de representarlos en las elecciones intermedias de este año. Estas elecciones serán determinantes para la atropellada democracia mexicana. Serán los primeros comicios después de las crisis de Ayotzinapa, Tlatlaya y los escándalos de corrupción de diversos actores políticos.
Después del desmantelamiento del pacto social de nuestra Constitución y de que el Estado ha abdicado de sus facultades para regir la economía y cumplir con su responsabilidad social, toca el tumo al pacto federal.
Se conmemora el 98 aniversario de la Constitución y estamos a dos años de distancia de su centenario.
Iniciamos en el Senado audiencias públicas en materia de seguridad y justicia para conocer la opinión de especialistas, Organizaciones de la Sociedad Civil y funcionarios públicos sobre el contenido de la reforma constitucional enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 1 de diciembre. La reforma pretende crear un nuevo sistema de policía estatal única, rediseñar las competencias para el combate del delito y generar esquemas de intervención al municipio a partir de supuestos indicios de que ha sido infiltrado por el crimen organizado.
Las fuerzas progresistas deben replantear su desempeño. Abandonar los lugares comunes, modificar su lenguaje y recuperar el sentido común. Construir una nueva identidad implica reconstruir los vínculos con las causas populares y una plataforma que permita fortalecer la iniciativa social.
A partir de los hechos de Iguala, Guerrero, las instituciones padecen una crisis de credibilidad. Una crisis por varios años gestada, producto del involucramiento de autoridades locales con grupos de la delincuencia organizada; hechos que se habían identificado y hasta denunciado, pero que la desaparición de 43 jóvenes integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sacó a flote y que por medio de la movilización social y las redes sociales se han divulgado mundialmente.
En el marco de la reunión anual de embajadores y cónsules, Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los representantes de México en el exterior para “fomentar la imagen veraz y objetiva del país, que disipe dudas o distorsiones de la realidad de México”, y se planteó cinco objetivos para 2015: fortalecer el respeto a la ley y los derechos humanos, instrumentar las recientes reformas estructurales, ampliar la transparencia y mejorar los procesos anticorrupción, acelerar la construcción de infraestructura y vivienda, y reforzar las acciones contra la pobreza y el desequilibrio regional.
Hace 21 años, en México, en la selva chiapaneca, había estallado una lucha armada. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había avanzado sobre San Cristóbal de las Casas y otros municipios en los cuales se desarrollaban enfrentamientos en contra de efectivos del Ejército Federal. Conocer la naturaleza del alzamiento, establecer canales de comunicación con los inconformes y, particularmente, transitar rápidamente hacia un cese de hostilidades, era una misión de una gran complejidad. Manuel Camacho Solís fue el hombre que, por parte del gobierno, comprendió los riesgos y utilizando sus habilidades políticas abrió la puerta para la negociación y un alto al fuego. Esta es sólo una de sus muchas contribuciones al país.
El fin de cada año es una época para reflexionar, evaluar las acciones que hemos realizado, y hacer nuevos planes y generar nuevos proyectos. Sin embargo, el 2014 fue un año lleno de contrastes para los mexicanos, dejando de lado el ánimo festivo por la preocupación que genera la incertidumbre que nos depara este año.
Se supondría que 2014 sería el año de la consolidación de los cambios estructurales, el tiempo del despegue que podría encausar al país en un sendero de crecimiento económico para por fin superar los productos internos brutos de 2 o 3% que ha registrado el país desde hace veinte años. Se habló de un relanzamiento del llamado “momento mexicano”, como lo denominaron los propios voceros gubernamentales. A partir del 26 de septiembre, los hechos de Iguala y los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa revelaron una realidad muy diferente, en la cual quedó al descubierto a nivel nacional e internacional una crisis del Estado mexicano que ha afectado la credibilidad de las instituciones y ha puesto en duda la capacidad de algunas autoridades para determinar el paradero de los normalistas desaparecidos.