México enfrenta la peor crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos de su historia. El actual sistema político se ha agotado. Los intereses mundanos y el pragmatismo han contribuido al divorcio de la política de las causas populares.
El Estado mexicano atraviesa por una profunda crisis. A la corrupción y la impunidad imperantes, se suman las incapacidades del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La estrategia contra la inseguridad iniciada con la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” durante el gobierno de Calderón no ha cambiado, y lejos de contener al crimen, éste ha fortalecido su presencia territorial, diversificado sus actividades delictivas, y con ello su poder económico y corruptor, que ha alcanzado a las instituciones públicas y a los partidos políticos. Los niveles de violencia son una realidad que, pese a los intentos gubernamentales, no se puede soslayar
El informe presentado este domingo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto al desnudo, una vez más, las debilidades y la corrupción que corroe a las instituciones públicas del país.
Muchas veces hemos alertado sobre las dificultades económicas que se avecinan para México y que se evidencian en la continua disminución de las previsiones de crecimiento del PIB; en el colapso del precio del petróleo, que no llegará a los 50 dólares, muy lejos de los 79 presupuestados; en la disminución de la producción petrolera que se estima en 200 mil barriles por día (las pérdidas por estos dos conceptos pueden rebasar los 450 mil millones de pesos); el tipo de cambio que probablemente no bajará de los 15 pesos por dólar y la fuga de capitales. Son sólo algunos elementos clave a considerar en la discusión y aprobación del Presupuesto 2016.
Poco convincente resultó el “les ofrezco una sincera disculpa”, con el que Enrique Peña Nieto pretende superar el escándalo en que ha estado involucrado junto con su esposa y sus colaboradores cercanos al, presuntamente, haber incurrido en conflicto de interés por la adquisición de bienes inmuebles que, pese a las “exhaustivas indagatorias” del titular de la Función Pública, no lograron acreditar el origen de los recursos para su adquisición ni demostrar las operaciones mercantiles regulares de compra-venta de cualquier inmueble.
Como afirmara Luis Hernández Navarro: “México se ha convertido en un país de nota roja. No es asunto de percepción. Es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. Hampa, política y mundo empresarial se han entremezclado de manera espectacular.”
En la elección de junio de 2015 el PRD obtuvo uno de sus peores resultados históricos. Ante tal situación parecerían obligadas una reflexión profunda y una respuesta para definir su futuro. A prácticamente dos meses de lo acontecido, no hay claridad sobre el rumbo a seguir.
Su profundidad y longitud es ilimitada. Por él se han fugado, lo mismo gobernadores que con documentos apócrifos suplantan a los Congresos locales para endeudar a sus entidades y desviar recursos públicos a sus cuentas personales; gobernantes corruptos que reprimen, abusan de su autoridad y violan derechos humanos; dirigentes de partidos políticos que promueven candidatos provenientes del crimen organizado o empresarios que otorgan dádivas a cambio de contratos onerosos y leoninos para el erario público.
“Sería verdaderamente algo más que lamentable, imperdonable, una nueva fuga de El Chapo Guzmán”. “Todos los días le pregunto al titular de Gobernación ¿lo tienes bien vigilado? ¿estás seguro?, porque es una responsabilidad del Estado mexicano que la fuga ocurrida hace unos años nunca más se vuelva a repetir”, respondió tajante Enrique Peña Nieto a la pregunta de León Krauze en febrero de 2014. El Chapo se volvió a fugar.
El informe Tlatlaya a un Año, la orden fue abatir, del Centro Miguel Pro Juárez sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 2014 constituye una vuelta de tuerca. La consideración de la CNDH en esta nueva época al reclasificar la recomendación para evidenciar que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que en los hechos estuvieron involucrados efectivos militares ya de por sí era atroz, y hoy al conocer documentos en donde se señala como una estrategia en la persecución de delincuentes se les busque en la oscuridad y se les abata, ya es otro cantar.