El próximo 24 de septiembre, a tan sólo unas horas de que se cumpla un año de los terribles hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, el Presidente habrá de recibir a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Los informes recientes sobre el caso Iguala, relativos a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y a los ataques contra la población perpetrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 confirmaron que la investigación de marras se llevó a cabo de manera deficiente y trasgrediendo los principios de la debida diligencia, la investigación exhaustiva y científica. La llamada “verdad histórica” se derrumbó sin que hasta el momento el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda ofrecer una ruta que conduzca a la verdad y a la justicia para las víctimas.
El pasado 8 de septiembre llegó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2016, integrado por la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta ley es medular porque abarca y toca todas las actividades del quehacer de los mexicanos en su aspecto diario, es decir, afecta sus actividades cotidianas.
La Corriente Democrática que fundó al PRD tenía como propósito esencial cambiar la realidad de los mexicanos, transformar al país y a sus instituciones en una verdadera democracia, crear una revolución democrática tomando el poder por medio del voto.
La presentación por parte de las autoridades estuvo acompañada de las frases que los mexicanos hemos escuchado desde hace ya muchos años: “El gobierno presenta un paquete económico con responsabilidad”, y “no podemos arriesgar lo mucho que hemos avanzado en materia de estabilidad”.
El PRD realizará su XIV Congreso Nacional Extraordinario del 17 al 20 de septiembre. Será el espacio para que la máxima instancia del partido determine un conjunto de definiciones ideológicas, estratégicas y organizativas claves para el futuro de nuestro instituto político.
El informe del caso Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmocionó a la opinión pública y reinstaló las dudas sobre la capacidad y la voluntad política del Estado mexicano para llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación.
El informe presentado este domingo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto al desnudo, una vez más, las debilidades y la corrupción que corroe a las instituciones públicas del país.
Muchas veces hemos alertado sobre las dificultades económicas que se avecinan para México y que se evidencian en la continua disminución de las previsiones de crecimiento del PIB; en el colapso del precio del petróleo, que no llegará a los 50 dólares, muy lejos de los 79 presupuestados; en la disminución de la producción petrolera que se estima en 200 mil barriles por día (las pérdidas por estos dos conceptos pueden rebasar los 450 mil millones de pesos); el tipo de cambio que probablemente no bajará de los 15 pesos por dólar y la fuga de capitales. Son sólo algunos elementos clave a considerar en la discusión y aprobación del Presupuesto 2016.
¿Conoce usted algún proyecto productivo derivado de la reforma energética de Enrique Peña Nieto? Seguramente no. Ni usted ni nadie, porque hasta ahora la reforma no se ha materializado en ningún proyecto productivo. Ha habido, sí, algunas inauguraciones y hay proyectos en construcción, pero todos ellos arrancaron en el marco de la antigua legislación.
