El informe del caso Ayotzinapa elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmocionó a la opinión pública y reinstaló las dudas sobre la capacidad y la voluntad política del Estado mexicano para llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación.
La desaparición de los 43 normalistas puso en entredicho la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas responsables de la impartición de justicia para esclarecer este caso y, al mismo tiempo, exhibió la incapacidad del Estado mexicano.
El Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa pone de manifiesto el deterioro institucional y la inacción de la autoridad en el caso más trascendente para la justicia mexicana en muchos años.
Queda claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no fincar responsabilidades a autoridades estatales y federales.
Si en su momento se hubiera hecho esto en los niveles que correspondía, ahora no existiría la sensación de que la impunidad prevalece en México.
El informe plantea varios niveles de recomendaciones, como son las relativas a la investigación, a la búsqueda, el apoyo a víctimas y de carácter preventivo. Las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario no son vinculantes, pero sí robustecen la percepción de impunidad y pone en evidencia lo que ha dejado de hacer el Estado mexicano.
Ante estas circunstancias y desde nuestro punto de vista, existen varias acciones que ayudarían a enfrentar en mejores condiciones esta situación.
Entre otras acciones, sería conveniente crear dos fiscalías sobre el caso Ayotzinapa: una que investigue y la otra que busque. Ambos titulares deben ser de probada capacidad profesional, expertos en criminalística e independientes; que cuenten con los recursos materiales para integrar los equipos de especialistas nacionales y extranjeros que hagan falta y que, además, tengan la opinión favorable de los familiares de las víctimas.
Debe extenderse el acuerdo para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes permanezca por tiempo indefinido en nuestro país.
Un mensaje importante sería que antes del 26 de septiembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibiera a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Iniciar un proceso de investigación en contra del licenciado Jesús Murillo Karam y de todos los servidores públicos que hasta hoy han manejado la indagatoria en el caso Ayotzinapa.
Además debe integrarse una comisión legislativa del Congreso de la Unión, que se sume a la conformada por la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a este caso.
Conformar una Comisión Ciudadana de Seguimiento compuesta por representantes de las organizaciones de derechos humanos que han dado apoyo a los familiares de las víctimas y seguimiento a este caso; así como citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República.
El miércoles 9 de septiembre algunos de los integrantes de este grupo asistieron al Senado de la República a convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos. Ante legisladores de varios grupos parlamentarios, los expertos reiteraron sus observaciones y conclusiones. Será necesario para la tranquilidad de la república llegar a la verdad material o verdad histórica y el Senado debe contribuir para alcanzarla. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
