El informe Tlatlaya a un Año, la orden fue abatir, del Centro Miguel Pro Juárez sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 2014 constituye una vuelta de tuerca. La consideración de la CNDH en esta nueva época al reclasificar la recomendación para evidenciar que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que en los hechos estuvieron involucrados efectivos militares ya de por sí era atroz, y hoy al conocer documentos en donde se señala como una estrategia en la persecución de delincuentes se les busque en la oscuridad y se les abata, ya es otro cantar.
La investigación ministerial debe reiniciarse desde la Procuraduría General de la República para aclarar todas las dudas, incluida la cadena de mando, y sancionar a quien deba sancionarse.
Pero Tlatlaya también representa una oportunidad para reabrir el análisis y la reflexión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
No se trata de denostar al Ejército ni a la Marina, por el contrario, debe ser la manera de reivindicarles como instituciones fundamentales del Estado mexicano.
Estamos obligados como nación a detenernos y señalarle al gobierno si lo que queremos es una policía militar para garantizar la seguridad de la sociedad.
Por supuesto es indispensable analizar la diferencia entre la seguridad nacional y la seguridad pública.
La preservación de la seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, por medio de tareas de inteligencia y contrainteligencia, para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas.
En cuanto a la seguridad pública, las acciones implementadas deben salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, a través de políticas públicas integrales de prevención, persecución, sanción de las infracciones, así como la reinserción social de las y los delincuentes infractores desde un enfoque de seguridad humana.
Hay un mar de diferencia entre ambos conceptos y cuando se intentó hacerlos complementarios, la seguridad humana, los derechos humanos y las Fuerzas Armadas quedaron en medio y surgen eventos como Tlatlaya.
Pero si soldados y marinos están patrullando nuestras calles y persiguiendo a narcotraficantes, es porque los presidentes de los últimos sexenios así lo ordenaron abusando de la facultad que les otorga la Constitución.
Ninguno quiso tomar la decisión de fondo para resolver integralmente la degradación de los cuerpos policiacos, y la salida más fácil fue recurrir a las Fuerzas Armadas con el desgaste hoy nuevamente evidenciado, no consideraron las implicaciones de la sentencia Rosendo Radilla contra México.
Es momento de tomar tal decisión y que las autoridades civiles asuman su responsabilidad constitucional y depuren, consoliden y profesionalicen los cuerpos policiacos en los tres órdenes de gobierno.
Regresar a sus cuarteles a las Fuerzas Armadas será un proceso gradual, no podemos pensar que de la noche a la mañana cuerpos policiacos profesionales aparezcan y se encarguen de la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. Es apremiante regresar a soldados y marinos a sus cuarteles con dignidad y decoro.
¿Que se cumpla la Constitución y que los asuntos civiles sean resueltos por la autoridad civil, es mucho pedir? Tlatlaya nos obliga inexorablemente a decidirlo.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Twitter: @angelicadelap
