Ciudad de México, 20 de abril del 2022.
Gracias, gracias Presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, es en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 76, extracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que damos cuenta del análisis y de su caso la aprobación del informe de la Guardia Nacional. Como todos sabemos la transformación de la Guardia Nacional fue un proceso institucional compartido en el debate por el Senado de la República y es su construcción también.
Luego de muchas discusiones, de largas horas, se consiguió sin duda un amplio consenso para avalar una reforma constitucional.
En la creación de la Guardia Nacional se privilegió lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por la propia Suprema Corte de Justicia respecto del tratamiento que debe darse al uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común. De manera particular en el Grupo Parlamentario PRD no hemos escatimado apoyo para el ejecutivo en los diferentes planteamientos y las tareas estratégicas que así se han expuesto a fin de combatir la inseguridad.
Al respaldar la creación de este cuerpo se agregó en el artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional, una disposición para que en el informe se dé cuenta sobre el ejercicio de la facultad que tiene el ejecutivo para utilizar la fuerza armada permanente en labores de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, por ello, el grupo consideró necesario que el Senado conociera sobre este documento y estuviera al tanto de los avances y retos que tiene el cuerpo de seguridad y así en el común con los demás Grupos Parlamentarios se estableció esta obligación, esta obligación adicional de agregar el apartado del quinto transitorio.
Del análisis del Informe que hoy nos ocupa podemos observar que se habla de haber alcanzado la meta establecida en Plan Nacional de Desarrollo respecto del despliegue operativo, es decir, la integración de 266 coordinadores en las diferentes coordinaciones regionales distribuidas en las 32 coordinaciones estatales del territorio nacional.
Se desprende también que entre 2020 – 2021 el presupuesto aprobado para la guardia pasó de tres mil 974 a 35 mil 672 millones de pesos, pero la mayor parte se ha destinado a la construcción de cuarteles y aquí es muy importante destacar que en el artículo séptimo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional se prevé que debe haber un programa para el fortalecimiento del estado de fuerzas y capacidades institucionales de los cuerpos policiales, estatales y municipales. Para cumplir con este programa se deben establecer las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas, es decir, de manera coordinada, no sólo para la edificación de inmuebles. Es indispensable invertir en la mejora de las capacidades.
El Observatorio Nacional Ciudadano señala que la estrategia nacional de seguridad está enfatizada en el eje de la prevención del delito, pero en los hechos el gasto público en esta materia disminuyó del 0.20 del PIB al 0.18. Por ello, compañeras y compañeros, reconocemos el esfuerzo de despliegue, el esfuerzo operativo, el esfuerzo de apoyo en diferentes tareas; Sin embargo, también estamos viendo brotes graves de violencia en diversos estados de la República, lo que vuelve indispensable fortalecer a las policías locales y municipales y reanalizar las diversas líneas de la estrategia de seguridad pública.
Queremos también señalar que el artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional establece los criterios que debe cumplir el informe para la aprobación. Desde nuestra consideración, de los 14 criterios que debe cumplir, este informe presenta un avance en nueve rubros, pero aún muestra pendientes importantes en cinco más, como lo son los relativos al uso de la fuerza, el control y despliegue.
El primero de estos rubros consiste en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley y es necesario que incluya el nombramiento o los nombramientos realizados a los titulares de las Coordinaciones Territoriales, mismos que en el informe pasado se encontraban vacantes porque estaban en el receso.
El segundo consiste en la necesidad de desglosar el número de eventos en los que haya participado personal de la Guardia Nacional, se menciona que hubo 125 casos de uso de la fuerza letal con arma de fuego, pero se desconoce el total de los casos de uso de la fuerza y el tipo de armas empleadas.
Sobre el tema de uso de la fuerza consideramos necesario informar los motivos y en su caso la clase de las sanciones impuestas. Un dato más que se vuelve indispensable para completar este informe es el relativo al avance alcanzado en el cumplimiento de los objetivos de diversos convenios de colaboración suscritos entre la Guardia Nacional y las entidades federativas y municipios.
Finalmente, es necesario conocer el uso de las fuerzas armadas en tarea de seguridad pública y el informe debe señalar que además de que dé a conocer las actividades complementarias más relevantes que realizó la fuerza armada permanente si es que estas se utilizaron en los términos expuestos en el quinto transitorio.
Por lo anterior, compañeras y compañero, en el Grupo Parlamentario tomamos nota de la presentación del informe pero queremos proponer que se dé un informe complementario, es decir, estos datos yo no dudo que los debe tener la Guardia Nacional pero no fueron acompañados, por lo que estamos proponiendo desde ahora que se agreguen, que se acompañen, que se hagan llegar porque es necesario que estén en esta soberanía y, además, proponer que para los subsecuentes trabajos exista una reunión previa de trabajo con el área que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión que aquí encabeza nuestra Presidenta para conocer los alcances del informe y que no se repita este tema de ausencias que son relevantes y que marca la propia ley.
Es cuanto Presidenta, muchas gracias.
