Ciudad de México, 28 de diciembre de 2019
Versión estenográfica de la intervención del senador Antonio García Conejo, del GPPRD, durante la Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República.
Senadores y diputados, saludo con mucho gusto al coordinador del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Cardona, bienvenido. A mi coordinador, quien está aquí siempre a un lado apoyándonos a este Grupo Parlamentario, el senador Miguel Ángel Mancera, mucho gusto saludarle senador.
Y claro que sí, también con mucho gusto a los medios de comunicación que siempre están al pendiente y gracias a ellos llegamos hasta los rincones de todo México, muchas gracias. Sean cordialmente bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la presentación de la Agenda Legislativa respecto del segundo periodo ordinario de sesiones del Grupo Parlamentario del PRD.
En la ruta de consolidar los trabajos de la LXIV Legislatura, en este primer año de ejercicio, y con el firme compromiso de cumplir con los retos de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, esta representación habrá de dar énfasis en el fortalecimiento de las instituciones, dando continuidad a temas prioritarios como es el estudio y discusión de diversas iniciativas de ley para contar con el marco normativo que garantice el respeto y protección a los derechos humanos de las y los mexicanos.
Nuestra agenda legislativa está organizada por ejes temáticos, por lo que a continuación me permitiré presentar las propuestas de iniciativas de la siguiente forma.
En materia de derechos humanos, primero, presentaré una iniciativa que reforma la legislación penal federal, pues a la fecha no prevé la figura jurídica de la interrupción legal del embarazo; estableciendo que antes de las 12 semanas, no debe considerarse como aborto, que constituye un delito y por ende, las mujeres que se ubiquen en tal supuesto, no sean encarceladas.
Dicha iniciativa tiene sustento en la libertad de las mujeres, de decidir sobre su propio cuerpo, en el derecho del libre desarrollo de la personalidad jurídica, así como en la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la entonces Procuraduría General de la República, en contra de la figura de la interrupción legal del embarazo.
Quiero destacar en esta iniciativa, que cada año mueren 47 mil mujeres a causa de abortos inseguros en el mundo, estas muertes se podrán prevenir si los gobiernos de los países dieran autonomía a las mujeres sobre sus propias vidas reproductivas, y si en lugar de penalizar, educaran y garantizaran los servicios de salud que las ciudadanías merecemos por ser personas.
Segunda, en materia del derecho a la identidad que tenemos todas las personas, previsto en el Artículo 4 de la Constitución General de la República, y que es obligación del estado garantizarlo, presentaré una iniciativa que extienda su protección particularmente para que en el Código Civil Federal se establezca la procedencia de la modificación de los apellidos de una persona.
En términos de lo sentenciado por la Suprema Corte, es evidente que si una persona tiene pleno conocimiento de sus orígenes biológicos, por tener la certeza de quiénes son sus progenitores, pero si debido al abandono del que fue objeto por parte de uno de ellos, no tiene relación con el grupo familiar a que por cuestión de orden biológico pertenece con relación a ese progenitor, y por ende, no se siente identificado con su progenitor, ni quiere que socialmente se le relacione con él ni con el grupo familiar al que pertenece, por haber sido otra persona, la que sin tener una obligación legal, asumió las cargas y el rol de padre o madre que debió desempeñar sus progenitores; es procedente solicitar el cambio de apellidos para adecuar su realidad.
Tercera, en relación con los derechos humanos a la seguridad social, igualdad y no discriminación, estaré presentando una iniciativa que reforma la Ley del IMSS para el efecto de que en materia de pensiones por viudez, se incluya que la pareja de la persona que fallezca, también puede ser del mismo sexo y que tiene el derecho de contar con dicha pensión.
Para el Grupo Parlamentario del PRD, dentro de los temas más importantes, se encuentran aquellos relacionados con los derechos de las personas que han decidido formar una pareja con una persona del mismo sexo, matrimonio o concubinato.
Además, dicha iniciativa tiene sustento en lo resuelto por la Suprema Corte, pues analizó un caso en el que ante la muerte de una persona que vivía en concubinato y que en la vida fue trabajador asegurado, su pareja, del mismo sexo, reclamó al IMSS la negativa al otorgamiento de la pensión de viudez, misma que se apoyó en la Ley del Seguro Social, del cual se desprende que solo tiene derecho a esa pensión, las parejas integradas por hombre y mujer.
En materia de pueblos indígenas, cuarta y quinta, quiero señalar que tengo el honor de presidir la Comisión de Asuntos Indígenas en esta Cámara Alta, y desde luego que los integrantes de los pueblos indígenas forman parte medular y fundamental de mi agenda, por ello, presentaré dos iniciativas importantes, la primera, de reforma al Artículo 2 de la Constitución General de la República, para el efecto de que la autodeterminación de los pueblos indígenas, sea competencia de la Federación.
En lo concerniente a las formas de organización social, administración de justicia, elección de autoridades comunitarias o formales, a través de usos y costumbres, derechos lingüísticos y culturales, obligación de conservar y mejorar el hábitat y sus tierras, así como el uso y disfrute de los recursos naturales.
Consideramos que la autodeterminación es una forma de ejercer colectivamente el derecho a la libertad, aunado a que en términos de lo que establece la ONU, así como el convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. La finalidad del derecho de autodeterminación es permitir a los pueblos indígenas, decidir por sí mismos sus destinos de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población.
La segunda iniciativa que presentaré tiene como objeto que se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el fin de que se establezca una fiscalía especializada en pueblos indígenas, con el fin de que se respete cabalmente el principio de no discriminación.
En efecto, consideramos que resulta indispensable una fiscalía que particularmente se ocupe de los integrantes de los pueblos indígenas, dado que estos grupos, dada su condición, en muchísimos casos no tienen oportunidad de defensa y con ello, no se respeta su derecho de audiencia, que tienen reconocido en la Constitución Federal.
La mayor parte de los asuntos, los integrantes de los pueblos indígenas no son defendidos adecuadamente por falta de recursos para pagar un abogado o bien porque los defensores de oficio, en gran medida no hablan la lengua materna y la posibilidad de comunicación se hace nugatoria; de ahí la importancia de que se establezca una Fiscalía especializada en esta materia.
En materia de educación, sexta y séptima. En materia del derecho a la educación que tenemos todas las personas, presentaré dos iniciativas que reforman, la primera, el Artículo tercero de la Constitución Política, y la segunda, la Ley General de Educación, con el fin de que la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, garanticen el principio de gratuidad previsto en nuestra Carta Magna, así como en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
Estableciendo la obligación del estado en el presupuesto de egresos de recursos económicos necesarios y suficientes para cubrir todos los aspectos de la educación, primordialmente aquellos que se sufragaban por el dinero obtenido por las cuotas voluntarias, dado que estas, en términos de la iniciativa que presenté en el periodo anterior, quedarían prohibidas.
Lo anterior con el fin de que se cumpla a cabalidad con los principios de accesibilidad, como de gratuidad, previstos en el Artículo tercero de la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales mencionados.
En materia de política exterior, octava, finalmente, en el área internacional estaré presentando una iniciativa de reforma a los artículos 76 y 89 de la Constitución Federal, en materia de hacer más eficiente el procedimiento de ratificación de los tratados internacionales y que sean vigentes en nuestra legislación, lo más pronto posible.
La anterior iniciativa obedece a que existen diversos tratados internacionales o convenios que tardan demasiado en ser enviados al Senado después de ser aprobados por el Presidente de la República y luego de lo que se tarda este en discutirlos y ratificarlos, dado que no existen términos preciosos establecidos para estos efectos.
Quiero decirles que la política exterior de nuestro país es uno de los temas primordiales en el derecho global del que estamos siendo partícipes y no podemos permitir que los tratados y convenios internacionales que ya han sido designados por el Presidente de la República, tarden años en ser ratificados.
Derivado de lo anterior, esta servidora reconoce que son muchos los retos en puerta y desde el Senado de la República, esta Fracción Parlamentaria seguirá trabajando firmemente para lograr transitar a un modelo de desarrollo cuyo eje básico sea la gobernabilidad democrática, la seguridad, la justicia y el combate frontal de la corrupción con más participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, mismos que deberán ser principios ineludibles de la convivencia política, económica y social e impulso a la estabilidad política, así como el desarrollo de nuestra nación en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura Federal.
Por su amable atención, muchas gracias.
