Concluye el año y aún nos faltan los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República se ha desmoronado: cámaras sin funcionar, matrículas de las patrullas alteradas, presencia de policías federales y de elementos de las Fuerzas Armadas, pruebas sembradas, indicios de tortura a testigos, una incineración …
El informe Tlatlaya a un Año, la orden fue abatir, del Centro Miguel Pro Juárez sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 2014 constituye una vuelta de tuerca. La consideración de la CNDH en esta nueva época al reclasificar la recomendación para evidenciar que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que en los hechos estuvieron involucrados efectivos militares ya de por sí era atroz, y hoy al conocer documentos en donde se señala como una estrategia en la persecución de delincuentes se les busque en la oscuridad y se les abata, ya es otro cantar.
Entrevista a la senadora Angélica de la Peña Gómez para referirse al informe sobre el caso Tlatlaya presentada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
A un año del caso Tlatlaya, acontecido en el Municipio de San Pedro Limón, Estado de México, las víctimas no reciben justicia, los presuntos culpables no han sido juzgados y la sociedad enfrenta un caso contundente de opacidad y corrupción, señaló el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
La reclasificación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos pone en entredicho la credibilidad de las autoridades del gobierno del Estado de México, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército, las cuales se ha empeñado en demostrar que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos del ejército, afirmó a senadora Angélica de la Peña.
Dadas las investigaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió y en donde señala que el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya.
El pasado 21 de octubre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que envió a la Procuraduría General de la República una solicitud de acceso a la información pública con el fin de conocer cuántos dictámenes han sido realizados como parte de la investigación y obtener una copia de los mismos sobre el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas extrajudicialmente 22 personas por parte del Ejército mexicano, el pasado 30 de junio.
A unos días de los hechos sucedidos en Tlatlaya, donde 22 personas fueron acribilladas. El día de hoy se suscitó un enfrentamiento entre miembros del Ejército Mexicano contra presuntos miembros del crimen organizado hechos que ha dejado seis personas muertas y cuatro detenidas. Los hechos tuvieron lugar en la comunidad Cerro de la Culebra, municipio de Luvianos al sur del Estado de México cercano al Estado de Michoacán.
Conferencia de prensa ofrecida por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a la recomendación emitida por la CNDH en el caso Tlatlaya.
El senador Luis Sánchez ofreció una conferencia de prensa sobre el caso Tlatlaya.