29 de julio, 2015 83 viewsen Boletín de Prensa
La utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido una de las decisiones políticas más perjudiciales de los últimos tiempos, y reglamentar dichas actividades sería un error mayor porque el enfoque militar en materia de seguridad, además de seguir fracasando en la lucha contra la delincuencia, incrementará las violaciones a los derechos humanos, retrasará el fortalecimiento institucional de las corporaciones civiles; y terminará por erosionar la imagen y la credibilidad de la institución castrense, afirmó la senadora Angélica de la Peña.