La declaratoria de la reforma del artículo 73 constitucional, con la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar una Ley Nacional que dará paso al Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes Infractores es un paso trascendente para los derechos de las y los adolescentes de México, señaló en tribuna la senadora Angélica de la Peña.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora del PRD apuntó que luego de que 17 congresos estatales han aprobado esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión está obligado a trabajar con ahínco durante los próximos meses para que en el próximo período ordinario de sesiones de la siguiente legislatura para garantizar una ley nacional que unifique el sistema de justicia penal para adolescentes infractores, que hoy se encuentra disperso y que en muchas entidades federativas contradice el artículo 18 constitucional pues no garantiza el debido proceso y regresa al sistema tutelarista o, en el mejor de los casos, al sistema mixto.
La senadora del PRD recordó que con la reforma del artículo 18 en 2005 nuestra Constitución estableció implícitamente una separación entre los problemas sociales de la infancia que deben ser atendidos por la política social del Estado, y los problemas que involucran la comisión de un delito, que entran al ámbito de la política criminal del Estado.
Explicó que cuando los derechos de un niño o de un adolescente se encuentren amenazados o violados, no debe ser el sistema de justicia el que intervenga, sino un sistema de protección integral derivado del artículo 4° constitucional y de su ley reglamentaria.
Indicó que es con este tipo reformas como se reafirma el compromiso del Poder Legislativo con la infancia, pues se podrá crear una legislación única que regule el proceso especializado para adolescentes y determine medidas alternativas y sanciones que respete sus derechos humanos y que les reconozca como personas en proceso de formación, y que les dé oportunidades y les resarza los derechos que les han sido negados.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado estableció que crear un nuevo sistema significa tener autoridades especializadas en cada una de las etapas, desde la procuración de justicia, desde el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada y, por supuesto, en los lugares en donde tienen que estar privados de su libertad -como dice la Constitución en el artículo 18- como último recurso cuando se ha comprobado que están involucrados, que ha cometido una infracción grave a los ordenamientos penales.
De la Peña Gómez resaltó que con una ley nacional se unificarán las sanciones de privación de libertad;se establecerán cuáles deben ser las medidas alternativas y cuál tiene que ser la responsabilidad de la asistencia social en el caso de las personas que son menores de 12 años y los adolescentes de entre 12 y menos de 14 años de edad,que tendrían que recibir un tratamiento distinto a la privación de libertad.
“El mejor mensaje que podemos enviar es la instalación de las mesas de trabajo en las que serán consultadas y retomadas las mejores experiencias de organizaciones especializadas y defensoras de derechos humanos y de funcionarios y funcionarias especialistas en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes Infractores, para que concretemos de manera integral esta ley nacional”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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