El debate que ayer dimos las y los senadores de la República es la mejor muestra de que la crisis de legitimidad y el deterioro institucional que puso en evidencia la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, no ha podido superarse por las complejidades del caso y porque el Gobierno no ha estado a la altura del reto, no se ha actuado con visión de Estado, ni con la responsabilidad necesaria para conocer la verdad.
Ante el desafío de recuperar la credibilidad por medio de acciones contundentes, el Gobierno falló.
El simple hecho de ocupar la titularidad de un poder del Estado no convierte a una persona en un estadista, para serlo se requiere actuar con visión y tomar las decisiones correspondientes, lo que significa que antes de los intereses personales, de grupo o de Gobierno, se deben defender los intereses del país y de sus instituciones.
Si una institución se debilita, se deteriora o se degrada, quien pierde no es quien ejerce su titularidad o la fuerza política que gobierna, sino el país en su conjunto.
En el caso de Ayotzinapa, ni las autoridades locales, ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría de Gobernación responsable de la seguridad pública, ni los órganos de inteligencia, ni el propio Presidente de la República han estado a la altura de las circunstancias.
Lamentablemente, el Senado de la República tampoco ha actuado con la decisión que su carácter de poder público le confiere.
¿Qué le corresponde al Senado?
El Senado no es autoridad investigadora, ni imparte justicia, ni determina sentencias, ni es perito en materia de criminalística, pero sí tiene la legitimidad, la representación y la obligación de exigir que se llegue a las últimas consecuencias en la investigación del caso Ayotzinapa.
Ante estos hechos, el Senado debiera asumir una posición contundente para conocer la verdad y ser un auténtico aliado de las víctimas. Debiéramos todos los que integramos esta Cámara no ser parte de una estrategia de dilación o de cálculos políticos.
El país necesita de un Senado maduro y firme que esté a la altura de lo que el país demanda.
A los que ejercemos una responsabilidad pública corresponde, por medio de nuestras acciones, adoptar decisiones y declaraciones que contribuyan a recuperar la credibilidad, respeto y confianza de la población en las instituciones y poderes públicos.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su solidaridad con los familiares de las víctimas, así como su apoyo a las propuestas y demandas que realizaron los padres de los normalistas en su reunión con el Presidente de la República.
Este encuentro debe ser un paso importante para recuperar la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano y llegar a la verdad sobre los lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado.
Advierto que si persiste la actual actitud de no llegar a la verdad, de evadir o solapar responsabilidades, el daño para el país será irreparable e imperdonable para los que ejercen una función pública.
Ante estos hechos y con el acuerdo que aprobó el Senado en su sesión de este jueves, esta Cámara asume una posición contundente para convertirse en un auténtico aliado de las víctimas y conocer la verdad de los hechos de Iguala.
ENTRESACADO: En el caso de Ayotzinapa, ni las autoridades locales, ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaría de Gobernación responsable de la seguridad pública, ni los órganos de inteligencia, ni el propio Presidente de la República han estado a la altura de las circunstancias. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
