Todos los ciudadanos mexicanos deberían tener el derecho individual, universal y progresivo de recibir un Ingreso Básico Ciudadano (IBAC).
Se trata de que todo ciudadano mexicano mayor de 18 años tenga un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a partir de la eliminación de los programas asistenciales y de una Reforma Fiscal Integral.
Es una reforma estructural de política económica, social y fiscal, que tiene por objeto la redistribución de la riqueza nacional. La respuesta efectiva y directa al rotundo fracaso de los programas asistenciales que, sexenio tras sexenio, intentan reducir la pobreza sin conseguirlo.
Un dato ilustra esta afirmación; entre 1970 y 2012, el número absoluto de personas en condiciones de pobreza pasó de 31.5 a 54 millones. Sólo de 1988 a 2012, el gasto en programas de combate a la pobreza fue de casi 2 billones de pesos.
El Inventario de Programas y Acciones Sociales del CONEVAL en 2014, registra un total de 5,904 programas y acciones en los tres órdenes de gobierno: 233 federales, 3 mil 788 estatales y mil 833 municipales. El Gasto Corriente de estos programas supera con mucho el Gasto de Inversión: 76% contra 24%, respectivamente. Este es el campo de cosecha del clientelismo político y de la perversión político- electoral.
Por otra parte, nuestro país padece una desigualdad social indignante y abusiva. La concentración de la riqueza permite que 200 mil empresarios e inversionistas detenten el 42.3% del valor de la economía mexicana, es decir el 0.17% de la población.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados calcula que en 2012 se dejaron de recaudar 1.8 billones de pesos por razones de evasión, elusión y privilegios fiscales. En este rubro se otorgaron 850 mil millones de pesos en subsidios, condonaciones y créditos fiscales a 422 grandes empresas nacionales y extranjeras.
Suprimir los programas asistenciales y tener una mayor recaudación fiscal, permitiría dotar de un salario mínimo mensual a los 14 millones de personas en pobreza alimentaria, prestación mayor a la que reciben actualmente de todos los programas asistenciales de combate a la pobreza, pero con el mismo monto de inversión: 2% del PIB.
El derecho al Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) fortalecería realmente la igualdad de oportunidades, promovería el consumo y el mercado interno, la creación de más y mejores empleos, el salario digno, la capacitación t formación laboral, tecnológica y profesional y, sobre todo, la libertad de decisión y elección de las personas.
Dicho de otra manera: se dinamizaría el desarrollo y el crecimiento económico del país, distribuyendo equitativamente la riqueza, a la vez se cerraría definitivamente la puerta al clientelismo político electora, al derroche y la manipulación presupuestal y a la corrupción burocrática, en un entorno de estabilidad estratégica.
Por estas razones he propuesto una iniciativa que reforma al artículo 25 de nuestra Constitución para instituir el derecho al Ingreso Básico Ciudadano.
Senador de la República, vicepresidente de la Mesa Directiva.
