La creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos en Chihuahua y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz, representan un parteaguas en el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada y un aliciente para las familias, entre ellas las madres, que llevan algunas más de 10 años buscando a sus hijas en nuestro país, consideró la senadora Angélica de la Peña.
Señaló que en Chihuahua y Veracruz, la corrupción, la colusión e impunidad de las anteriores administraciones quienes permitieron o apoyaron que la delincuencia, la organizada y la común, lamentablemente se asentaran en estas entidades sexenio tras sexenio dando como resultado el desastre de violaciones graves a los derechos humanos.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado se congratuló por el convenio firmado entre el gobierno de Javier Corral y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a fin de lograr la identificación de restos de mujeres víctimas de feminicidio localizados en fosas clandestinas en diversos municipios de la entidad.
Indicó que este tipo de convenios son indispensables en tanto no se cuente con un instituto forense autónomo y altamente especializado, que permita la coordinación con la Procuraduría General de la República y la de las entidades federativas en temas como son el tratamiento de las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas, unificar los recursos humanos, la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización.
De la Peña Gómez también consideró acertado que el gobernador Miguel ángel Yunes haya anunciado la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual estará acompañada por una comisión de la verdad integrada por familiares y expertos.
La senadora Angélica de la Peña apuntó finalmente que si Chihuahua y Veracruz concretan cada una de las acciones en contra de la desaparición forzada que han anunciado, se convertirán en un ejemplo a seguir para todas las entidades en materia de garantía de verdad, justicia, la no repetición y la reparación integral del daño a las víctimas de este terrible delito, destacadamente, contra mujeres y niñas.
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