La Ley General de Transparencia establece las bases, principios generales y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, sostuvo el senador Fernando Mayans Canabal.
Al expresar su voto a favor en lo general del dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia, el legislador del PRD reconoció también las acciones que en el ámbito legislativo se han hecho en años anteriores en esta materia, como la reforma constitucional de 2014 para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Así como la expedición de un conjunto de leyes en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; General de Contabilidad Gubernamental y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Federal de Protección de Datos Personales.
Sin embargo, señaló el senador tabasqueño “este marco jurídico que se encuentra vigente, vemos que aún hay aspectos pendientes que deben legislarse de manera articulada”.
En ese sentido consideró que una verdadera cultura que pretende combatir la opacidad y garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información, requiere que todos los Poderes de la Unión se sujeten a transparentar su acción y a sancionar todo acto o hecho que la incumpla o que constituya un delito.
Mayans Canabal consideró innegable que la corrupción “ha vapuleado la economía y el desarrollo social; ha permeado y socavado los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública; incluso ha obstaculizado la convivencia y tranquilidad social, y en algunas regiones del país, lamentablemente la ha destruido”.
Afirmó también que hay muchos casos que pueden ilustrar la opacidad y la impunidad, pero este proyecto de ley tiene aspectos que sin duda fortalecerán la transparencia y la rendición de cuentas, como el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Finalmente aseveró que “son importantes todas las acciones que se emprendan dentro y fuera de la esfera legislativa, en favor de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, para atender este problema grave de Estado como lo es la corrupción”.
