Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a rendir un informe en materia de obra pública.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Compañeras y compañeros legisladores.
Por definición, la corrupción es el mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. La colusión es un tipo particular de corrupción que se caracteriza por ser la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o adjudicaciones directas.
A este tipo de corrupción se le conoce como “conflicto de interés” y se da a muchos niveles. Como ejemplo tenemos el emblemático caso en el que recientemente se ha visto involucrada tanto la Presidencia de la República como el Secretario de Hacienda, donde un corporativo que ha sido beneficiado con sustanciosos contratos de obra pública, lleva a cabo una venta a nivel de particulares.
Para diversos especialistas es claro que existe un conflicto de interés dado que por un lado, un Corporativo lleva un contrato de compraventa con un funcionario, y por otro, se ve favorecido en las contrataciones del Gobierno Federal.
Y en este lamentable contexto, vengo a plantearles el caso de mi estado, Tlaxcala, donde todo apunta a que están ocurriendo situaciones similares durante el actual gobierno.
Distintos reportes han mostrado que los contratos de obra pública que ha adjudicado el actual gobernador se han concentrado en un grupo reducido de empresas creadas ex profeso en los inicios del 2011, es decir a inicio de su gestión.
Las empresas más favorecidas por el gobernador actual son Grupo Constructor Engrane, cuya dirección es ocupada por la hija del actual titular de la Secretaría de Obras Públicas; Grupo Constructor Equipo Pesado; y Trejo Mendoza y Asociados, propiedad de Miguel Ángel Trejo Mendoza, sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia.
Lo anterior fue denunciado incluso por el Presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, quien le ha dado seguimiento a las empresas que han obtenido contraros durante la administración actual.
Estas compañías se han beneficiado con adjudicaciones directas o ternas por invitación, es decir, concursan y supuestamente todas ganan.
Con esto, en el mes de agosto pasado del 2014, los archivos de la Secretaría de Obras del Estado ya registraban 16 contratos para Grupo Constructor Engrane, durante los años 2011, 2012 y 2013.
Veamos si este tema los toca el gobernador en su cuarto informe de gobierno que es precisamente hoy, porque seguramente dirá que se invirtieron 576 millones de pesos en costrucción de recintos de seguridad pública, pero si eso se hizo a través de contratos amañados, entonces habrá que preguntarnos que tan positivo viene siendo.
Ahora bien, tal parece que el problema no termina en las adjudicaciones puesto que tenemos el caso en el que se pretende quitar el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para convertirlo en un Sanborns.
Estamos hablando de un edificio que data de 1939 y que ha sido parte de la identidad del estado y donde se desarrollan actividades culturales para las y los tlaxcaltecas, muchos de los cuales dejarán de asistir por no contar con recursos para trasladarse hacia la nueva sede.
Este despojo no es más que otra muestra de la opacidad y discrecionalidad con que se ha venido manejando la gestión del gobierno estatal y de la rapaz tendencia neoliberal tras nuestros pueblos y que como diría Frei Betto, es capaz de mercantilizar hasta con nuestra imaginación.
Y como siempre, la respuesta que se le ha dado a la sociedad ante ambos casos ha sido el silencio absoluto. Ni el titular del Instituto de Cultura, ni de la Secretaría de Obras, se han pronunciado al respecto, y ni qué decir del gobernador que ya nos tiene acostumbrados a que nunca da la cara cuando se trata de rendir cuentas.
La situación de estos contratos y obras es indignante y nos pone en alerta. Tlaxcala es un estado con un índice de desarrollo humano del 0.723 puntos a nivel similar al de Belice y muy por debajo de la media nacional. En Tlaxcala el 40.8% de la población económicamente activa labora en la informalidad, en otras palabras, somos un estado lleno de carencias y con un gobierno que sólo parece estar dedicado a generar obras públicas de manera irresponsable y a vender el patrimonio de nuestros ciudadanos.
Es cuanto, señor presidente.
