La senadora del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, denunció un probable caso de conflicto de interés en los contratos de obra pública durante la actual administración del estado de Tlaxcala.
Por ello, exhortó al titular del Ejecutivo de esa entidad a informar detalladamente sobre los contratos de obra pública que ha adjudicado durante su mandato, así como el presunto cambio de sede del Instituto de Cultura del estado y el uso que se le dará a sus actuales instalaciones.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora tlaxcalteca sostuvo que distintos reportes han mostrado que los contratos de obra pública que ha adjudicado el actual gobernador de su entidad “se han concentrado en un grupo reducido de empresas creadas ex profeso en los inicios de 2011, es decir al inicio de su gestión”.
“Las empresas más favorecidas por el gobernador actual son Grupo Constructor Engrane, SA de CV, cuya dirección es ocupada por la hija del actual titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; Grupo Constructor Equipo Pesado, SA de CV; y Trejo Mendoza y Asociados, SA de CV, propiedad de Miguel Ángel Trejo Mendoza, sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia”, agregó.
Lorena Cuéllar explicó que dichas compañías han sido beneficiadas a través de adjudicaciones directas o ternas por invitación y que hasta agosto de 2014 había registro de 16 contratos para Grupo Constructor Engrane por un monto de 22.5 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República subrayó la intención del gobierno estatal de quitar el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para convertirlo en un Sanborns, “un edificio que data de 1939 y que ha sido parte de la identidad y donde se desarrollan actividades culturales para las y los tlaxcaltecas”.
“Este despojo no es más que otra muestra de la rapaz tendencia neoliberal que despoja a nuestros pueblos y que como diría Frei Betto, es capaz de mercantilizar hasta con nuestra imaginación”, agregó.
Ante estas situaciones, la senadora sostuvo que las autoridades han sido omisas, particularmente el gobernador “que ya nos tiene acostumbrados a que nunca da la cara cuando la sociedad le exige rendir cuentas”.
Finalmente, Cuéllar Cisneros alertó sobre el significado que tiene esta situación para su estado, donde el índice de desarrollo humano es menor a la media nacional y el 40.8 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad.
“Somos un estado con muchas carencias y con un gobierno que sólo parece estar dedicado a generar obras públicas de manera irresponsable y a vender el patrimonio de nuestros ciudadanos”, concluyó.
El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su dictamen.
