El gobierno vende como modernización petrolera una reforma que no es sino la “integración” subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, un país que, dicho sea de paso, prohíbe por ley la exportación de petróleo crudo.
Aunque se pretenda ocultar mediante artimañas legislativas, el cuerpo de la llamada reforma energética está diseñado para despojar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad de sus mercados actuales y potenciales. No sólo se fragmentan sus cadenas productivas, sino que se les somete a regímenes fiscales confiscatorios que las dejan sin posibilidades de ser competitivas, porque lo que se busca es que sean desplazadas por las transnacionales privadas.