El gobierno vende como modernización petrolera una reforma que no es sino la “integración” subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, un país que, dicho sea de paso, prohíbe por ley la exportación de petróleo crudo.
Claro que si en el marco del debate energético se hubiera planteado una prohibición semejante en México, su proponente hubiese sido tachado de nostálgico trasnochado o de nacionalista extraviado, como nos han llamado los legisladores del PRI y el PAN durante los debates recientes.
Las contradicciones entre las leyes y la Constitución, las incongruencias y las disposiciones francamente destinadas sólo a facilitar grandes negocios al amparo del poder, son demasiadas incluso para sólo enlistarlas en este espacio, así que sólo mencionaré algunas.
En diciembre de 2013 no pudo detenerse la contrarreforma constitucional, pero se mantuvo la prohibición expresa, en el artículo 27, de otorgar concesiones en materia petrolera.
Sin embargo, en la Ley de Hidrocarburos y de Ingresos sobre Hidrocarburos se autorizan de facto, a través de un complejo modelo de contratos y licencias.
Las fórmulas de contraprestación planteadas en las iniciativas ya han sido utilizadas antes con resultados desastrosos. Bajo fórmulas, Venezuela llegó a transferir a las petroleras privadas más de 50 por ciento del valor de sus hidrocarburos y Kazajistán más de 90 por ciento. Aquí también pretenden que el porcentaje sea muy alto, toda vez que el Estado se obliga a reembolsar costos a los contratistas.
La reforma ofrecerá a los consorcios trasnacionales grandes ventajas, en tanto que su supuesto competidor, Pemex, estará sometido a un régimen fiscal que le confiscará 71.5 por ciento sobre el valor de su producción, mientras que a los privados se les cobrará, cuando mucho, 29.5 por ciento.
El régimen fiscal propuesto para los contratos acarreará una disminución considerable de recursos para financiar el gasto público. Los promotores de este cambio esperan que tal disminución sea compensada con el aumento en la producción, lo cual es muy improbable.
Pemex tendrá, bajo este esquema, recursos para explotar durante aproximadamente nueve años, al nivel de producción actual. Pero con todas las limitaciones que se le imponen tendría serias dificultades para invertir en el desarrollo de reservas probables y posibles, y no se diga para incursionar en la exploración de recursos prospectivos.
La contrarreforma energética es una receta para que México pase del boom petrolero al crack energético, porque renunciamos a la soberanía energética a cambio de una improbable bonanza derivada de la inversión privada.
Los promotores de esta ley lo saben, y por eso han abandonado su campaña de falsas promesas. De la contrarreforma no saldrá ningún beneficio tangible para la población. No bajarán los precios de la luz, ni del gas ni de las gasolinas. Sucederá exactamente lo contrario.
Y no sólo no habrá beneficios, sino que habrá perjuicios. Es el caso de la llamada “ocupación temporal” de tierras, que legaliza el despojo, que colocará a ejidatarios y comuneros en la disyuntiva de vender o vender, tras un avalúo que no considerará el valor potencial del terreno ni las estratosféricas ganancias que obtendrán los consorcios privados.
El paquete aprobado por PRI y PAN permite que los privados obtengan y lucren con información estratégica; brinda a los contratistas un régimen fiscal tan suave como duro es el que impone a Pemex; abre la puerta al incremento de los precios de las gasolinas de golpe y porrazo; apunta hacia la extranjerización total del sector energético, como si nada hubiésemos aprendido de experiencias como la ocurrida con el sector bancario.
“No nos volverán a saquear”, dijo Jolopo, pero sus sucesores no lo podrán decir porque, cuando sobrevenga el crack, las grandes petroleras ya se habrán llevado todo gracias a los traidores a la Patria.
