Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020.
Gracias presidenta. Muy buenos días, compañeras senadoras, compañeros senadores. En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que para el Senado de la República, la revisión de la política interior del país es por supuesto una tarea vital, relevante, es una atribución que se entiende al hablar de la división de poderes y por supuesto, del sistema de pesos y contrapesos; aunado a la política y al análisis de cada una de las acciones que atañen y se vinculan con la representación que este Senado tiene de todas y cada una de las entidades federativas que conforman a la República Mexicana.
Aunado a ello, la política interior, de acuerdo con la literatura politológica, no puede ser desligada de la política exterior, aun admitiendo las diferencias entre ambas, hay una íntima relación e interdependencia entre ellas que vale la pena señalar. Esta interdependencia, solo por diversidad de formas y de órganos que participan en la elaboración de una y otra, nos da la oportunidad para referirnos a temas importantes que se vinculan con el exterior y que repercuten de manera muy importante en el interior del país.
Uno de ellos tiene que ver con la seguridad nacional en su vertiente de amenazas internas con afectación a la seguridad interior de México, me refiero a la ciberseguridad. En el Informe presentado por el Ejecutivo Federal, las líneas que se dedican a este tema son mínimas, ello evidencia que nuestra política interior aun no dimensiona el nivel de amenaza y el potencial daño que pueda causar al Estado mexicano. Prueba de ello es que, dentro del Informe, las acciones sobre el tema de ciberseguridad las podemos localizar en el rubro de Política y Gobierno, en el apartado ocho denominado “Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz”. Y éstas, son mínimas.
En el documento se señala que en el marco de la Operación Nacional Ciberguardia?n, se remitieron 50 denuncias a las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y de trata de personas en 18 entidades federativas. También se menciona a 98 mil incidentes cibernéticos y la desactivación de cinco mil 088 sitios web. Finalmente se informa que derivado de las ciber investigaciones, se presentaron 65 denuncias ante la autoridad competente: 50 por pornografía infantil, siete por trata de personas, cuatro por acoso sexual, tres por violación a la intimidad sexual y una por abuso sexual. Estas cifras, desafortunadamente, no corresponden con la importancia y su potencial para generar afectación a nuestro país.
Este delito, tan solo en 2019, generó 9.54 ciberataques por segundo, es decir, 572 ataques por minuto, más de 35 millones de amenazas cada día, para sumar 12.8 billones de ataques al año. Lo anterior significa, de acuerdo con datos del estudio de Cyberedge, que México es el país número uno en ciberataques, ello en buena medida porque carecemos de un marco jurídico robusto para perseguir este crimen y sobre todo de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Asimismo, en Latinoamérica, nuestro país es el país más vulnerable a ciberataques, ello a pesar de no ser la primera potencia económica.
Otro dato alarmante es que en “ransomware” o secuestro de datos, México es el segundo país con este problema de seguridad, solo después de China, estas prácticas se han incrementado 50 por ciento durante el confinamiento por el COVID-19. Finalmente, en el mercado del cibercrimen se estima que para 2021, seis trillones de dólares van a hacer una afectación económica en el mundo, seis trillones de dólares, casi cinco veces el PIB de nuestro país, lo que significa pérdidas importantísimas. La afectación del ciberataque es en el área pública, en el área privada y por supuesto una afectación a todo el contexto social.
Por eso hoy estamos hablando de más de 98 mil 881 incidentes cibernéticos que palidecen con la cifra negra de 35 millones de amenazas cada día en nuestro país. Hoy estamos hablando de revisar los lineamientos del Convenio de Budapest, estamos hablando de revisar las propuestas de iniciativas que ya se tienen, estamos hablando de crear una agencia que pueda dar una respuesta efectiva ante esta amenaza de la ciberdelincuencia. Todos y todas lo hemos padecido, todos y todas lo hemos señalado aquí en tribuna incluso, todos y todas tenemos que ocuparnos de esto, y es parte de la seguridad interior y es sin duda un tema de la política interior de nuestro país.
Un tema más al que quiero referirme, es el delito que no conoce fronteras, la desaparición forzada de personas. En el Informe se señala que, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desde 2018 hasta agosto de 2020, la cifra que se tiene es de 61 mil 637 personas no localizadas en el país. Aquí hay que dejar claro que no estamos hablando de desaparición forzada de 61 mil personas, estamos hablando de personas no localizadas y por eso queremos insistir, queremos reiterar la necesidad de que el Gobierno acompañe las iniciativas que se han presentado, que aquí le demos trámite ya a estas que buscan, precisamente, realizar una efectiva, efectiva búsqueda de personas en todas las fiscalías del país; nosotros hemos planteado ya la necesidad de contar con el Sistema Decadactilar que ha permitido y tiene hoy resultados muy importantes.
Y para concluir, compañeras y compañeros, queremos reiterar nuestro llamado a la política interior del país para que se pueda revisar el Pato Fiscal Federal, para que se pueda revisar cómo es que se está dando hoy la participación de los recursos en el país, cómo puede ser una partición mucho más equitativa, cómo podemos darle a cada uno de los estados lo que corresponde a su efectiva participación en la economía de México, cómo podemos reorganizar, reordenar, rediseñar una ya lejana, y podríamos decir, vetusta Ley de Coordinación Fiscal.
Es indispensable que se parta de este análisis y es indispensable que las áreas de política interior del país se ocupen de este llamado, es indispensable pues que se revise la Ley de Coordinación Fiscal para poder lograr una mejor respuesta frente al embate económico que viene. No es posible que se vayan a quedar los estados rezagados, no es posible que los estados hagan frente con sus recursos únicamente sin contar con el apoyo de la Federación.
Es importantísimo revisar la Ley de Coordinación Fiscal y este tema sin duda, va a requerir de un enfoque de tratamiento político efectivo, de una acción política y de un llamado, porque cuando se abre la Ley de Coordinación Fiscal, más de una entidad tiene razones de peso para pedir mayor porcentaje de participación, así que va a requerir de mucho trabajo político, va a ser y sería, una de las tareas de política interior más importantes de este sexenio. Si se logra una modernización de la Ley de Coordinación Fiscal sería un logro verdaderamente de trascendencia y de repercusión económica para bien de toda la República Mexicana. Es cuando presidenta, muchas gracias.
