Ciudad de México, 2 de octubre de 2018
Boletín 034
URGE VIRAR HACIA UNA ECONOMÍA SOCIAL Y COLABORATIVA EN MÉXICO
Este país no generará progreso, si no le apuesta a la micro y pequeña empresa, exhibió el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Antonio García Conejo, quien señaló que la estrategia debe ser “impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores; una economía social y colaborativa”.
La fórmula es simple –añadió— “apoyar a las y los trabajadores, recuperar su creatividad, el ánimo de trabajo y la dignidad de ser dueños de su fuente de ingresos, mediante la figura de la propiedad colectiva social”.
Durante la sesión de este martes, el senador presentó con respaldo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), una iniciativa para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria, como medida para rediseñar la dinámica económica entre las clases sociales vulnerables.
El legislador sostuvo que alrededor de 50 países en el mundo le han apostado a esta economía y han logrado desarrollar avances importantes en el empleo, “apoyemos a la clase trabajadora,artesanos, productores, pequeños empresarios”.
Afirmó que en el GPPRD, la senadora Leonor Noyola Cervantes y los legisladores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Zepeda Hernández y Juan Manuel Fócil Pérez, están convencidos de que la única manera en que se puede hacer un cambio trascendental, es generando condiciones de vida para las personas.
Al fundamentar la iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria, el senador Antonio García Conejo destacó que la propuesta representa la formalización de una verdadera política de responsabilidad social.
Ratificó que la propuesta del GPPRD busca “liberar a las y los trabajadores de la relación capital-trabajo y burocracia-trabajo, mediante la autogestión económica para evitar el paternalismo financiero”.
En tribuna, el senador Antonio García Conejo señaló que la actual situación económica y social de México hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o como apéndice de la política de desarrollo social.
“Es momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad libre y de bienestar social”, apuntó.
Recordó que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico, al servicio de su bienestar, “como lo ha sostenido la auténtica izquierda a lo largo de su historia”.
El senador reconoció que ya se cuenta con un Instituto Nacional de Economía Social, pero advirtió que no es suficiente, por lo que explicó que su propuesta se enfoca en una secretaría que atienda primordialmente al sector más desprotegido de México, “a la clase trabajadora y a las mujeres y hombres jóvenes que esperan con ansias que se les dé una oportunidad para poder desarrollarse como personas”.
“Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado”, mencionó.
Antonio García aclaró que la creación de esta nueva Secretaría y su financiamiento no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente.
Por lo que establece que será el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución, “de esta forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria”.
“Una economía social y colaborativa, indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno. Generar empleos formales y dignos, y así combatir la desigualdad y la pobreza para ser superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro país desde 1989”, finalizó.
