El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”
Simón Bolívar
El pasado 18 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año como la «Semana Nacional de la Seguridad Social».
Esto es de gran relevancia para todas y todos los mexicanos y un gran logro en el quehacer legislativo que hemos impulsado a lo largo de tres años en el Senado de la República, principalmente en la Comisión de Seguridad Social, que he tenido la responsabilidad, el placer y fortuna de presidir, así como la obligación de rendir cuentas y servir a mi pueblo querido de Tabasco y, por supuesto, a todo México.
También agradezco dicho logro a todos y a cada uno de quienes impulsaron este gran acuerdo que es el resultado del consenso entre legisladores en el Congreso de la Unión, dependencias del Gobierno federal, organizaciones de trabajadores y empresarios e instituciones académicas.
México y sus instituciones públicas de seguridad social enfrentan enormes retos pues, de acuerdo con cifras de 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), carecen de acceso a la seguridad social: 71.8 millones de personas de la población total (61.2%); 31.2 millones de personas de la población ocupada (63.1%); 15.5 millones de personas de la población no económicamente activa (51.2%); 2.3 millones de personas de 65 años o más (26.5%), y 12 de 39.2 millones de personas de ambos sexos menores de 18 años.
De acuerdo con Coneval, de 2010 a 2011, en al menos 26 de las 32 entidades federativas, más del 50% de la población no tuvo acceso a la seguridad social.
Ante esta realidad, es imprescindible impulsar, mediante un esfuerzo nacional, la ampliación de la cobertura de las prestaciones de seguridad social a más grupos de la población y el fortalecimiento de las instituciones públicas garantes del ejercicio de este derecho.
Por otro lado, en la Comisión de Seguridad Social también avanzamos en el reconocimiento del derecho de las mujeres trabajadoras del ISSSTE a transferir hasta medio mes de descanso previo al parto, para después del mismo; es decir, elegir libremente cuándo tomarán la parte no obligatoria de su maternidad, así como un descanso de medio mes adicional posterior al parto, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o que requieran atención médica y hospitalaria.
Asimismo, se reformó la Ley del Seguro Social para armonizarla con el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, que contempla la flexibilización de la licencia de maternidad.
Para los afiliados al ISSSTE, se reformó el artículo 25 de la ley de dicho instituto para garantizar que en ningún caso el ISSSTE suspenda parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.
Merecen especial referencia los logros en favor de las mujeres al reformar las leyes General de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE, a fin de que reciban atención expedita las mujeres embarazadas que presenten alguna urgencia obstétrica.
Con estas reformas, como señalé, serán atendidas todas las mujeres embarazadas que requieran atención urgente -ya sea que se solicite de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica- en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
En México se registran 2.1 millones de embarazos cada año y alrededor de 300 mil presentan complicaciones obstétricas -de acuerdo a datos del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud- y con esta medida se pretende erradicar dicho déficit de atención y dar cumplimiento pleno al derecho a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional.
Como vemos, la seguridad social es un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, por lo que México al igual que diversos países de América Latina y el Caribe, debe seguir pugnando por que sea una herramienta de justicia social y de promoción de la dignidad humana, de ahí su valor y gran relevancia.
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