Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación.
Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país, 1 de cada 4 mexicanos es víctima, por ende, considero que los términos que presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema.
Las constantes violaciones en materia de derechos humanos hoy tienen en una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones.
Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades, lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad.
Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el Gobierno insiste en no reconocer esta crisis, lo que lleva a constantes episodios de confrontación, por ello, como legisladores, debemos ser más incidentes para hacer frente a esta problemática.
En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta no va a fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización.
Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos que han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto, coinciden en que la Ley de Víctimas aún está muy lejana de poder hacerse realidad.
El problema ya no son los derechos de las víctimas sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos. Es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando continuará defraudando la esencia de este ordenamiento y, éste es el punto de fondo, es decir el cómo.
Y es también el gran ausente en esta reforma, que básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que, cabe señalar, ha dejado mucho que desear. Claro ejemplo es lo siguiente:
- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que entre 2014 y 2016 asciende a cerca de mil 500 millones de pesos presenta un subejercicio del 90 por ciento.
- Cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo sistema acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas.
- Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el Registro Nacional de Víctimas apenas cubre el 0.02 por ciento, es decir, menos de 4 mil inscripciones contra un universo de 23.3 millones de víctimas.
Esta Comisión ha hecho funciones de un organismo de control extraoficial que nunca ha sido autónomo, y en la presente reforma se propone que el Presidente de la República designe a su titular, cosa que es completamente antidemocrática.
Además se excluye la posibilidad de que dicho titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo.
Con esto, además hacemos de lado la demanda de que algún día esta Comisión sea un organismo autónomo y en su lugar se mantiene una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación.
Es decir, la Comisión Ejecutiva de Víctimas será más una pieza de contención política que como eje de una política nacional de atención y transformación de las causas estructurales de la violencia.
Como si esto no fuera suficiente, en el régimen transitorio se establece que mientras se nombren las comisiones en las entidades, sean los Secretarios de Gobierno de los Estados los que atiendan dicha función.
Esto me preocupa particularmente dadas las condiciones que atraviesa mi entidad Tlaxcala, puesto que como han dado a conocer distintos medios, se vive en una violación sistemática a los derechos humanos de personas y colectivos que llegan a manifestarse en contra del autoritarismo estatal.
Incluso, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a distintos derechos en contra de personas jubiladas por parte del gobernador.
Por ende, con este artículo transitorio se da paso a que continúe la impunidad y crezca la impotencia que sienten estudiantes, adultos mayores, sindicalistas y trabajadores del Estado que han puesto de manifiesto su inconformidad por actos del Gobierno Estatal.
Hago un respetuoso llamado para que nos tomemos mayor tiempo en esta discusión del proyecto que hoy nos ponen a consideración porque sin duda no toca los problemas que estamos teniendo de fondo, sino que además deja muchas interrogantes.
Por ello, mi voto será en contra de este dictamen porque es a todas luces insuficiente por las personas de mi Estado y de nuestro país que hoy continúan en las calles manifestándose en contra de la impunidad, el olvido y la indiferencia.
Es cuanto, señor presidente.
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