Intervención en tribuna de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
El día de ayer, supimos de la desaparición de otras cuatro personas en el municipio de Chilapa de la zona centro del Estado de Guerrero, éstas se suman a las 170 que ha habido desde 2013 a la fecha; el día 1 de noviembre, mataron a mansalva a cuatro estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, jóvenes que iban en su vehículo del cual, sin ninguna explicación se bajaron para recibir la muerte; todos los días, familiares de personas desaparecidas en todo el país organizan brigadas de búsqueda de sus seres queridos en los cerros, en donde buscan fosas clandestinas.
Muertes dolosas, desaparecidos forzados o por particulares, miles de desplazados y así podemos sumar las tragedias y atrocidades que vivismo en este momento, y nosotros legisladores y legisladoras, estamos en este momento a punto de aprobar una reforma a la ley que debe proteger a las víctimas de las violencias sin el aval de las víctimas y en un retroceso de lo que teníamos anteriormente, retrocediendo en la mínima independencia que se había logrado obtener en la misma y en derechos que ya habían sido adquiridos por las víctimas.
Nos dice el Gobierno federal y las comisiones de dictamen que la ley no funciona y que la Comisión Ejecutiva no sirve como está, pero se les olvida decirnos que las ternas para nombrar a estos comisionados las enviaron de la Secretaría de Gobernación y que nosotros los elegimos, por lo que somos corresponsables de su no funcionamiento y también se les olvida a los del Gobierno que la emisión del Reglamento de la Ley es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación y que hicieron un reglamento contrario a la ley, lo que precisamente suponemos es para que ésta no pudiera funcionar. Con el solo hecho de modificar el reglamento, la ley podría funcionar.
Voy a votar en contra de esta reforma porque, independientemente del retroceso y de reconocer que hay modificaciones que podrían eliminar la burocracia que se ha creado en el organismo que atiende a las víctimas, existen elementos de un retroceso fundamental en el dictamen que hoy se está votando, incluyendo lo que ya se agrega en la adenda.
En los argumentos que se manifestaron cuando se introdujo la designación presidencial del comisionado ejecutivo y la Junta de Gobierno se planteó que así lo establecían los esquemas de los organismos descentralizados en la Ley de Paraestatales, por lo que iba en paquete; ahora saludamos que se eliminen la designación presidencial, pero nos preguntamos por qué se insiste en mantener una Junta de Gobierno.
Vamos a formular una interpretación a partir de los transitorios que hoy tenemos:
Quinto transitorio, por única vez, será el Presidente de la República el que designe al comisionado presidente por tres años (designación transexenal, cosa de lo que debemos tomar nota), le agregan un décimo quinto transitorio para que, por única vez, el comisionado presidente que sea designado por el Presidente de la República, designe a las personas que conformarán la Asamblea Consultiva conformada por expertos, víctimas y organizaciones de sociedad civil, pero sigue habiendo una Junta de Gobierno presidida por Segob, por el la Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo que el esquema de la reforma quedaría de la siguiente forma:
Por los próximos dos años, el presidente de la CEAV será el que decida el Gobierno federal, la Asamblea Consultiva será la que defina el presidente de la CEAV designado por el Gobierno federal y la Junta de Gobierno será presidida por el secretario de Gobernación.
Por eso decimos, un momento, presidente, por eso decimos que ésta es una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a víctimas.
Para concluir, en motivos del tiempo, suscribo y destaco un comunicado de reforma a la Ley de Víctimas que es denominado como Acuerdo Político que Desampara a las Víctimas, este comunicado se emitió en la Ciudad de México el 26 de octubre de 2010, lo suscribimos y aquí tenemos academias, expertos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil y colectivos de víctimas que no suscriben esta reforma, por lo que votaremos en contra.
Muchas gracias.
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