Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa por la que se adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y Compañeros senadores.
La presente Iniciativa tiene como objetivo adicionar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para establecer como obligatorio el que las compañías aseguradoras que ofrezcan pólizas de gastos médicos respondan de manera inmediata a sus clientes acerca de si procede o no su atención, en términos de su plan contratado.
En la actualidad, cuando una persona cuenta con una póliza de gastos médicos y tiene que hacer uso de la misma, incluso por emergencia, queda en la incertidumbre acerca de los alcances que tendrá su cobertura a causa de la nula coordinación que existe entre la red de hospitales privados y las aseguradoras.
Lo anterior llega a dar como resultado que después de varios días de hospitalización la compañía aseguradora no quiera cubrir los gastos de hospitalización, o los cubren parcialmente, apelando a los términos de la póliza en cuanto a los llamados tiempos de espera o de cobertura.
Es necesario que las aseguradoras estén obligadas a cubrir el monto total de las cuentas de los asegurados que no reciban respuesta alguna en un plazo máximo de 24 horas, independientemente de las coberturas contratadas, padecimientos preexistentes y determinados tiempos de espera establecidos en la póliza.
No es posible que las compañías de seguros mantengan a las personas que están atravesando por un momento difícil de enfermedad en la incertidumbre y que después de varios días tomen la determinación de informar que no podrá cubrir tal o cual padecimiento, debido a la preexistencia de la enfermedad o alguna otra causa.
De acuerdo con Condusef, una de las figuras que existen dentro de los seguros de gastos médicos y que ha causado más problemas entre los usuarios, son las enfermedades y padecimientos preexistentes, cuya naturaleza es de exclusión.
Dicha figura, ha causado serios problemas entre los usuarios de seguros, pues al solicitar el pago de su indemnización, se encuentran con un rechazo del pago bajo el argumento de que el padecimiento reclamado es preexistente o bien, que omitió declarar en el cuestionario médico, una enfermedad que ya padecía.
Es cierto que los seguros cubren sólo acontecimientos futuros, pero también lo es, que el contrato debe basarse en circunstancias objetivas.
No se debe permitir que las aseguradoras tomen en cuenta para decidir si pueden cubrir un siniestro el hecho de que la enfermedad pudiera haber sido reconocida por el paciente por sus síntomas y signos, ya que estos son elementos subjetivos.
Las compañías deben redefinir su cláusula de enfermedades preexistentes, considerando sólo elementos tangibles, pues lo aleatorio de un contrato de seguro, debe depender de circunstancias objetivas y no de conocimientos subjetivos.
En este sentido, deberían precisar en la mencionada cláusula, que sólo se considerará como enfermedad preexistente, aquélla de la que exista un diagnóstico previo a la celebración del contrato, sustentado con las correspondientes pruebas de laboratorio y haya sido realizado por un médico o incluso ellos mismos.
La salud es fundamental en la vida de las personas, por ello, a lo largo de nuestro país muchos han tenido que subsanar las fallas en nuestro sistema de salud a través de la contratación de pólizas de salud con alguna empresa aseguradora privada. Se estima que en México el gasto privado en salud corresponde al 54.6% del gasto total en salud, correspondiendo a las primas de seguros exclusivamente el 7 por ciento. El 93 por ciento restante lo constituyen los pagos de bolsillo.
El derecho a la salud tiene como objetivo esencial garantizar a nuestros ciudadanos medios adecuados para el cuidado y preservación de su salud; de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho inalienable y aplica para todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial.
Es un derecho social estipulado en el artículo 4º de nuestra Constitución, y que viene a ser un tanto complejo por su carácter prestacional, que implica una serie de obligaciones y acciones específicas por parte de los poderes públicos que dan forma a los esquemas institucionales encargados de preservar el bien jurídico tutelado.
El artículo 2º de la Ley General de Salud expresa la finalidad de las obligaciones institucionales en materia de salud, tales como:
El bienestar físico y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y
El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
Sin embargo, a pesar de estos alcances en nuestro marco jurídico, nuestro país cuenta con serias limitaciones presupuestales que cada año crecen e impiden garantizar una atención médica de calidad.
La Fundación Mexicana para la Salud estima un déficit acumulado de cobertura al presente año, de un billón de pesos y se calcula que para año 2030 será de 1.5 billones.
Específicamente, son preocupantes los problemas que enfrentan las Entidades de nuestro país, por ejemplo, en Tlaxcala, el IMSS presenta un déficit de al menos 600 millones de pesos, y en términos generales el Gobierno del Estado ha reconocido una alarmante carencia de médicos especialistas para atender a la población del Estado.
La salud además es lo más valioso que tenemos, es nuestro derecho inalienable, consagrado por el derecho internacional y por la carta magna de nuestro país, por ello debemos defenderla y garantizarla para que todas las personas, incluidas las que deciden optar por un seguro médico, vean satisfechas sus necesidades sin poner en riesgo su patrimonio.
Es cuanto, señor presidente.
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