Propone Luis Sánchez Jiménez facultar al Congreso de la Unión para tomar decisiones sobre manejo del Fondo petrolero


Intervención en tribuna del senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reservas en el tema deuda, déficit, gasto y transparencia del dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

 

Luis Sánchez Jiménez, (LSJ): Gracias, Presidente.

 

Bueno, pues en el pasado tema se abordó los ingresos petroleros, el cual votamos en contra, por supuesto de este tema, en cuanto a lo que contiene esta Ley de Ingresos.

 

Pero hay un tema también muy importante de esta misma  materia, y es la transparencia, la rendición de cuentas.

 

Desde la discusión de la Reforma Energética advertimos del enorme poder que adquiría la Secretaría de Hacienda en el manejo de los ingresos petroleros a través del fondo petrolero, y la discrecionalidad y la opacidad del saneamiento de las finanzas de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad.

 

Para la presente ley, este Senado no cuenta con información por parte del Ejecutivo Federal para la implementación de las reformas energéticas en la parte de los ingresos petroleros.

 

Miren ustedes, se carece hasta la fecha de un modelo de contrato con los particulares, con las empresas que por razón de interés público debiera ser del conocimiento de este órgano legislativo a fin de garantizar que la renta petrolera sea propiedad de la nación.

 

No se cuenta hasta el momento con un estudio del impacto sobre los ingresos petroleros de mediano plazo por la caída del precio internacional de la mezcla mexicana tal como lo justifica justamente el ajuste de 81 a 79 dólares por barril para la mezcla mexicana de exportación.

 

El Poder Ejecutivo no ha informado a esta soberanía con estudios financieros sobre la situación de la estructura de los pasivos de PEMEX y CFE, mucho menos del costo que representará para las finanzas públicas, los nuevos órganos reguladores del sector energético.

 

Por tanto, es de presentar las siguientes consideraciones.

 

Primera: concentración del poder en el Ejecutivo Federal en el manejo de ingreso de excedentes petroleros.

 

En el manejo de estos recursos excedentes que se destinarán al Fondo Mexicano del Petróleo  existe un conflicto de interés que generará la omnipresencia de la Secretaría de Hacienda al presidir el Comité del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, y ser al mismo tiempo administrador principal de las asignaciones de los montos para cubrir faltantes del presupuesto del gobierno federal.

 

Las decisiones estratégicas de inversión del Fondo Mexicano del Petróleo, que es justamente el instrumento financiero que distribuiría las utilidades de PEMEX como lo propone la respectiva ley de este fondo, las tomará predominantemente el Ejecutivo Federal, en especial por medio del Secretario de Hacienda, puesto que su artículo sexto prevé la constitución de un Comité del Fondo Mexicano del Petróleo el cual se integrará por el titular de la Secretaría de Hacienda en calidad de presidente del comité de los titulares de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de los cuatro miembros independientes.

 

Desde nuestro punto de vista las decisiones del Fondo Mexicano del Petróleo deben ser tomadas por el Congreso, a fin de lograr la representación del pueblo mexicano en estas decisiones tan trascendentales.

 

Para ser soberano este fondo, lo cual ha sido justamente la clave del éxito del fondo noruego en donde el Parlamento Noruego es el que toma las grandes decisiones de ese fondo, y de ninguna manera deben estar concentradas en el Ejecutivo Federal, ello da lugar a tentaciones partidistas, y peor aún a decisiones, tentaciones personales. Todo esto posibilita la corrupción.

 

Los mecanismos de transparencia están prácticamente ausentes, se prevé que las sesiones del Comité del Fondo Mexicano del Petróleo en donde se tomarán las decisiones del destino de las utilidades de PEMEX sean a puerta cerrada y se mantengan en secreto las actas correspondientes; recordemos lo que dice el Artículo 24, del Fondo Mexicano del Petróleo, dice esto:

 

“Las actas del comité del Fondo Mexicano serán reservadas de manera total o parcial conforme a las políticas que al respecto determine el comité…”.

 

Continúa.   “…Los miembros, el secretario, propietario o secretarios y los invitados del comité están obligados a guardar la confidencialidad y reserva…”.

 

Continúa.  “…La obligación de confidencialidad referida permanecerá en vigor cinco años después de que los sujetos vinculados por ella dejen de participar en el Fondo Mexicano del Petróleo…”. Así, o más oscuro.

 

¿Hay alguna otra determinación con  mayor opacidad que esta?

 

Segunda consideración.

 

Rescate de pasivos de CFE y PEMEX.

 

En el marco de la discusión de la Reforma Energética demostramos que las estimaciones incluidas en el proyecto para que el estado asuma como deuda pública los pasivos laborales de PEMEX y CFE, están infladas en miles de millones de pesos, ya que se están previendo recursos para cubrir no solo las pensiones y prestaciones de los trabajadores de ambas empresas, sino también de directivos y altos mandos a los que se dotó en las leyes secundarias de un régimen de privilegio.

 

A partir del análisis de la propuesta para que los pasivos laborales de las dos principales empresas del país pasen a deuda pública, cotejándolos con datos de la Auditoría Superior de la Federación se encontró que en el caso de PEMEX el pago de pensiones de los 95,617 jubilados asciende a 22,517 millones de pesos. Pero lo calculan en 53,000 millones.

 

En el caso de la CFE la situación es similar, el pago de pensiones a los electricistas en retiro tiene un costo de 13,827 millones de pesos, pero en el proyecto de rescate piden 35,000 millones.

 

El pasivo laboral de PEMEX es muy alto, ya que según cifras de finales de 2012, sus jubilados y pensionados son casi 100,000, la pensión promedio mensual en PEMEX es de 15,700 pesos aun cuando hay otras mucho más altas, como las de los directivos y altos mandos, lo cual se refleja en el pago declarado por la paraestatal en 2012.

 

Si se multiplica esa suma por 15 meses, los 12 del año más 3 de vacaciones, del bono de aguinaldo, perdón, del bono de aguinaldo, y bono para los 95,617 jubilados da la cifra de 22,517 millones de pesos.

 

Sin embargo, en 2012, PEMEX pagó 31,348 millones de pesos por jubilaciones, por pensiones, perdón, por pensiones, situación que se dio en otros años. Lo que significa la existencia de pensiones de privilegio para personal directivo.

 

Desde nuestro punto de vista, asumir los pasivos tanto de CFE como de PEMEX sin información clara permite tener discrecionalidad en el manejo de recursos, y para costear de ahí las pensiones de los altos mandos. A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene la discrecionalidad y la opacidad para aplicar al Congreso, para explicar al Congreso de la Unión el monto de recursos que van a destinar para el saneamiento de PEMEX y CFE.

 

Tampoco se informa a esta soberanía de las  nuevas estructuras regulatorias en el sector energético. Las nuevas estructuras regulatorias del sector energético son, el Centro Nacional de Control de Gas Natural; el Centro Nacional de Control de Energía; nuevas unidades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en la de Energía; y de Economía; y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial; y de Protección al Medio Ambiente; del sector de Hidrocarburos, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Conversión de los Órganos Administrativos Desconcentrados; Comisión Nacional de Hidrocarburos; y Comisión Reguladora de Energía en dependencias de los organismos públicos descentralizados; Petróleos Mexicanos; y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas de estado.

 

En ese orden de ideas se propone dentro de la Ley de Ingresos las siguientes disposiciones.

 

Derogación del Artículo Cuarto Transitorio. Se propone eliminar el Cuarto Transitorio porque es otorgarle al Ejecutivo Federal manos libres para crear estructuras burocráticas y el rescate financiero de PEMEX y CFE, fuera de los controles fiscales sobre el gasto corriente aprobados en la Reforma Hacendaria.

 

Adicionar un artículo  décimo primero  transitorio por el que solicite que en un plazo no mayor de 30 días naturales a la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará al Congreso de la Unión los contratos modelos de las diferentes modalidades para conocimiento y análisis correspondiente.

 

Adicionar un artículo décimo segundo transitorio por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe detallado del monto, origen y estructura de los pasivos de PEMEX y CFE, así como un informe del costo de asumir dentro de la deuda pública los pasivos de PEMEX y CFE.

 

El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará previo al saneamiento financiero de PEMEX y CFE de los términos y costos de las finanzas públicas al Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días a la publicación del presente decreto.

 

Y, por último, adicionar un artículo décimo tercero transitorio para que la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a informar a través de los informes trimestrales, conocer el origen, monto y destino de ingresos petroleros excedentes.

 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea la derogación del artículo cuarto transitorio y la adición de los transitorios undécimo, duodécimo y décimo tercero, todos de esta Ley de Ingresos.

 

Es cuanto, presidente.