Conferencia de prensa del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar de manera conjunta con la Senadora Laura Angélica Rojas, la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Muy buenos días tengan, no, ya tardes, tengan todas y todos ustedes; agradecemos la atención que han tenido a esta convocatoria donde la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y un servidor.
Queremos informar sobre una presentación que el día de mañana, la senadora Rojas hará al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de una iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, yo le quisiera pedir, ahorita que termine con su streaming la senadora nos haga el favor de dar a conocer el contenido de esta iniciativa.
Intervención de la senadora Laura Rojas.
AER: Yo creo que ha hecho un muy buen resumen del contenido de la senadora Rojas, yo quisiera solamente complementar con algunas reflexiones.
Primero, aclarar por qué la convocatoria a la conferencia hablaba de una Ley General, no, es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es muy importante hacerlo porque el hecho de que exista una Ley General, el objetivo de la Ley General fue establecer las normas mínimas a las que debe de adecuarse el marco legislativo tanto federal como en el ámbito de cada una de las entidades del país, por eso hemos iniciado un proceso de armonización de la legislación local respecto a la Ley General que ha sido aprobada.
Ya esta gira por la Transparencia ha estado en Jalisco, en Veracruz, en Yucatán, mañana yo estaré en Sinaloa, la próxima semana será en Coahuila y Morelos; habrá encuentros regionales y esperemos que este proceso culmine este año para que todos los congresos locales, independientemente de que ha habido cambios en las legislaturas locales, saquen adelante estas adecuaciones.
Y hay que adecuar la Ley Federal porque, si bien en la Ley General se establecen un conjunto de obligaciones comunes para todos los sujetos obligados, ahora hay que desagregar las obligaciones específicas para cada una de las áreas de gobierno.
Pongo un ejemplo: el único tema que desagregamos en la Ley Federal fue el relativo a todos los asuntos de la Secretaría de Energía vinculados con todo el proceso de licitaciones, contratos en materia de la nueva legislación de hidrocarburos, pero no avanzamos a fondo en el tema de las obligaciones específicas de cada dependencia federal.
En el caso, por ejemplo, ahora en la Ley Federal, a propuesta de la senadora Rojas, de manera muy puntual se establecerán las nuevas obligaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente para conocer de lo que es nuestra facultad exclusiva en el Senado en materia de aprobación de tratados y convenios internacionales, sino conocer desde la toma de posesión y las definiciones que la Secretaría haga en cada uno de los foros internacionales multilaterales o de los organismos internacionales en que se participe.
Entonces, yo creo que hay un avance sustancial respecto a la iniciativa que presentamos el 9 de diciembre, es un proceso legislativo sui géneris porque vamos a retirar la iniciativa que nosotros mismos presentamos en diciembre para presentar esta nueva, que sin lugar a dudas consideramos que, además de retomar las propuestas de distintas organizaciones de la sociedad civil, del propio Instituto Nacional de Acceso a la Información y la experiencia que hemos tenido en el recorrido por los estados, es que ahora trae propuestas de avanzada donde el eje rector sigue siendo el garantizar el ejercicio pleno del derecho humano que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos a acceder a toda la información pública y fortalecer las responsabilidades para que el Estado garantice el cumplimiento de este derecho para lo cual también el órgano garante tendrá claramente definidas sus atribuciones y las normas que regirán su organización interna desde la elección del presidente que ahora se da por mayoría calificada, o presidenta, hasta la definición de sus normas y reglamentos internos.
Yo creo que es una, ¿qué puedo decir verdad?, es una buena iniciativa pero esperamos que se cree consenso con los demás grupos parlamentarios y convocaremos a foros, ahora sí hablo como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos ya que me regañaron y me exhortaron a que la dictaminara rápidamente.
Pues con lo que queremos cerrar, y esto también quiero decirlo, el ciclo que iniciamos en septiembre de 2012 desde las iniciativas en materia de reforma constitucional, ya está la reforma constitucional, ya está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y tendremos que sacar en el próximo periodo de sesiones la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección y Datos Personales, la Ley General de Archivos.
Y hay un compromiso con las comisiones dictaminadoras, la senadora Cristina Díaz, de la Comisión de Gobernación; el senador Pablo Escudero, de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción; la senadora Rojas y un servidor, para que le demos prioridad a este tema y una vez cerrado este ciclo habrá que cumplir también en el próximo periodo de sesiones por lo menos con la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que sería la ley madre para reformar por lo menos 28 leyes más que tendrían impacto este nuevo Sistema Anticorrupción.
Esto es lo que les queríamos informar y estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.
Pregunta (P): Senadores, buenas tardes. Quiero preguntarles si en esta ley se va a contemplar algún candado o alguna disposición para que se reafirme el sentido que en el caso que haya delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, esta información se abra.
Se lo comento por el último caso que hubo en el INAI sobre Tlatlaya y ahí hubo alguna polémica por parte de los comisionados; y también conocer en este ánimo de que salga en el próximo periodo esta iniciativa, si ya están cabildeando con, principalmente con el PRI y con en el Verde para sacar adelante esta iniciativa.
AER: Por supuesto que estamos platicando, ya tenemos desde hace un mes cortas conversaciones, más aún, hemos tenido reuniones con el consejo del INAI sobre esos temas y se va avanzando.
Y sobre el tema específico de las reservas de información en materia de violaciones graves a los derechos humanos o la comisión de delitos de lesa humanidad, no hay ninguna limitación ya está expreso, en la Reforma Constitucional y en la Ley General.
No cabe ninguna reservación de información cuando se comentan este tipo de violaciones a los derechos humanos o se comentan delitos de lesa humanidad.
Y el caso de Tlataya, en este asunto es paradigmático lo hemos discutido con el INAI, particularmente porque con la resolución del INAI, con la cual no estamos de acuerdo, ahí coincidimos en que no estamos de acuerdo, se fundó en considerar que los delitos cometidos por los elementos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tlataya fueron violatorios de la disciplina militar, del fuero militar.
Lo cual es un equívoco, porque la reforma que hicimos al Código de Justicias Militar, en los hechos, eliminó el fuero militar y se estableció con toda precisión que todos aquellos delitos que cometieran elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, son en competencia de la autoridad civil, no de la autoridad militar.
Y, si bien los elementos de las Fuerzas Armadas también cometieron violaciones al código de justicia militar, que son competencia de resolver dentro del fuero militar, desde el momento en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reclasifica el caso de Tlatlaya como violaciones graves a los derechos humanos, todo este asunto, además de que fueron víctimas civiles, está en manos de la Procuraduría General de la República.
Entonces a quién hay que exhortar para que dé la información y concluya la información, ya hace un año y medio prácticamente de los hechos de Tlatlaya, es a la Procuraduría General de la República y no puede haber restricción alguna en el manejo de esa información, porque justamente tratándose de ejecuciones extra judiciales ya reconocidas por el propio secretario de la Defensa Nacional, son competencia del fuero civil y no son clasificables ni reservada la información por tratarse de una violación grave a los derechos humanos.
Está claro, ¿no?
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