- Destacan papel de la ciudadanía, nuevo modelo de fiscalización y mayor control de recursos
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presentará una iniciativa compuesta por cuatro decretos que constituyen el andamiaje legal para reglamentar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
La fracción del PRD en el Senado destaca que la corrupción y la impunidad son los fenómenos políticos que más afectan la vida institucional e impiden la consolidación de un sistema democrático en nuestro país.
“Este tipo de corrupción e impunidad, la política, tienen como causa la falta de un marco normativo que establezca de manera clara las conductas que constituyen actos de corrupción, determine las sanciones que deben imponerse y sobre todo reconozca un rol sustancial a la participación ciudadana en el combate a la corrupción”, afirman.
El GPPRD señala que la reforma constitucional en la materia debe desarrollarse a través de la creación de cuatro leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En ese sentido, la iniciativa del GPPRD plantea la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
“Se determinarán las responsabilidades de los servidores públicos y de personas privadas vinculadas a actos de corrupción, describiendo de manera amplia las faltas administrativas constitutivas de hechos de corrupción”, apunta.
El PRD en el Senado también señala que se podrá auditar y fiscalizar a cualquier ente público, ya sea federal, estatal o municipal, así como cualquier fideicomiso, fondo o figura jurídica que reciba recursos públicos directamente de la Auditoría Superior de la Federación.
Subraya que la intervención ciudadana tendrá un papel fundamental en el Sistema Nacional y quien impondrá las sanciones serán los tribunales de justicia administrativa.
Con este conjunto de iniciativas, el GPPRD renueva su compromiso por una eficaz fiscalización y rendición de cuentas, en un sistema federal encaminado a erradicar la corrupción y que tenga como eje central la participación ciudadana.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Esta propuesta tiene el objetivo de reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
La propuesta de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción de la fracción del PRD tiene como eje central la ciudadanización del Sistema y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Esta iniciativa establece la titularidad ciudadana del Sistema y otorga facultades al Comité de Participación Ciudadana para promover denuncias, coadyuvar a las autoridades fiscalizadoras de control interno en los procedimientos y presentar ante las autoridades jurisdiccionales medios de impugnación.
Además, el Comité de Participación Ciudadana brindará orientación, atención y acompañamiento a las personas para la denuncia ante el sistema electrónico de denuncia y queja; evaluará y vigilará el correcto funcionamiento de la Política Nacional y elaborará estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de recursos públicos.
Plantea la operatividad y accesibilidad de los Registros Nacionales para el seguimiento de las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como un diseño del régimen de protección a denunciantes, informantes y testigos.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
Esta iniciativa contempla la creación de un esquema para distinguir de manera objetiva las faltas administrativas graves en que puede incurrir todo servidor público, a través de cuatro criterios: de cuantía, subjetividad, sistemacidad y de daño social, generando un amplío catálogo de conductas para prevenir y sancionar.
La propuesta define entre los hechos de corrupción en los que pueden incurrir los secretarios de Estados, el beneficio patrimonial proveniente contratos de obra pública o prestación de servicios y la obtención de bienes muebles o inmuebles, al contado o mediante crédito, en condiciones notoriamente favorables.
Para los legisladores, constituyen hechos de corrupción las conductas del diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida, en dinero o en especie.
Además el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
El GPPRD propone que la Auditoría cuente con un servicio fiscalizador de carrera, estableciendo que la contratación del personal del servicio será mediante concurso público, sujeto a procedimientos y requisitos para la selección, ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones transparentes.
La propuesta señala que el personal del servicio tendrá garantizada su permanencia en la Auditoría siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeño que se determinen, y cumpla los planes de capacitación y actualización.
Los procedimientos y requisitos para la permanencia y en su caso, para la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta su capacidad, nivel de especialización, conocimientos, eficiencia, capacitación, desempeño y resultados de los exámenes, entre otros.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
La propuesta de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas propone una nueva manera de vigilar la actuación del Estado y de aquellas personas que reciben recursos públicos mediante tres ejes principales: una mejor y más amplia fiscalización de nueva generación; la participación activa de la sociedad; y la mayor vigilancia de la deuda nacional.
El GPPRD propone ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación así como elevar a rango de Ley la creación del Sistema Nacional de Fiscalización como un conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación para maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país.
La participación activa de la sociedad en la fiscalización de los recursos públicos se dará en la planeación y vigilancia de las acciones que realice la Auditoría a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para mayor vigilancia de la deuda nacional, el GPPRD plantea que la Auditoría esté a cargo de la elaboración de un Sistema de Alertas que genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos respecto a todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Esta iniciativa busca dotar una visión progresista de este Tribunal y constituirlo como un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves.
El Tribunal contará con una sección especializada para sancionar todas aquellas conductas relativas a responsabilidades administrativas graves que se pretendan fincar a servidores públicos, personas físicas y morales.
Todo ello, mediante un esquema innovador en transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano que concibe un Tribunal abierto, transparente y que responda ante el reclamo social respecto a sanciones ejemplares en materia de corrupción.
Además el Tribunal tendrá una participación directa en el Sistema Nacional, rendirá un informe anual y presentará proyectos de recomendaciones al Comité Coordinador.
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