Intervención de la senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Verónica González Rodríguez, (VRG): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Senadores: La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a una alimentación nutritiva de las personas con discapacidad, y determinar que la Secretaria de Desarrollo Social, establezca programas de apoyo en materia de acuerdo con el tipo de discapacidad y condiciones de salud que presente cada persona.
Derivado de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, desde hace algunos años distintas instancias de gobierno han prestado interés especial en desarrollar políticas de atención a personas con discapacidad, llegando a establecer programas para evitar la discriminación de este sector, y facilitar su accesibilidad a los espacios y funciones del Estado.
Pese a esto existen retos y adversidades que les impiden gozar de muchos de sus derechos básicos para tener una vida plena, siendo el derecho a la salud permanentemente violentado cuando se carecen de programas o apoyos en materia de alimentación.
Esta es una situación grave al considerar que en función del tipo de discapacidad que puede presentar una persona necesita una dieta específica en consideración a su condición.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, garantizar el derecho a la salud, exige un conjunto de criterios sociales entre los que se encuentran la disponibilidad de servicios, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, por ende, cuando las políticas cuentan con criterios selectivos se atenta contra un derecho fundamental de estos grupos.
La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación tales como puede ser la alimentación.
Por lo tanto, toda discapacidad denota aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud, factores personales y ambientales.
Esto constituye un gran reto para el Estado para evitar caer en discriminación al no articular la ley con el acceso a programas para tratar problemas específicos que favorezcan integralmente a este sector de la población.
Lograr que las personas con discapacidad se integren a la sociedad y gocen plenamente de sus derechos a la salud, no sólo requiere de una infraestructura especial o del tratamiento médico adecuado, sino también de una amplia cobertura de factores adicionales, ya que muchos de ellos carecen de medios económicos suficientes, ya sea por los gastos que implican sus tratamientos o bien porque muchas veces no cuentan con empleo o algún tipo de apoyo gubernamental, lo que los obliga a depender económicamente de un tercero o bien a vivir de limosna.
De acuerdo con los datos del Inegi, en México existen alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que se traduce en un 5 por ciento de toda la población.
Sumado a esto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reportó que existe un 6.6 por ciento de población con algún tipo de discapacidad, además mostró que 1 de cada 2 personas con discapacidad son adultos mayores, habiendo mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los deciles de ingreso más bajo que los más altos.
Por lo tanto, son grupos que representan altas posibilidades de requerir algún tipo de apoyo social.
Muchos también pertenecen a comunidades rurales y carecen de recursos económicos suficientes, teniendo oportunidades limitadas para acceder a programas en materia de alimentación.
En nuestro país, desde la década de los años 80 se han gestado importantes avances en la materia, tanto en la Ley General de Salud en favor de las personas con discapacidad y el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión a las personas con discapacidad.
Sin embargo, en el caso de alimentación nutritiva existen aún varios retos que deben atenderse.
Si nuestro país pretende reducir las brechas existentes en cuanto a discriminación y garantizar la inclusión de todos los mexicanos por igual hacia políticas de inclusión universal, es importante implementar medidas como lo planteado en la presente iniciativa, misma que pretende ser un elemento que coadyuve a entregar a la ciudadanía políticas de vanguardia que garantices las mismas oportunidades para todos por igual sin distinción alguna.
No hagamos selectivos los derechos de las personas con discapacidad, puesto que no sabemos mucho de estos, suelen ser violentados en la misma vida diaria, siendo necesario eliminar barreras, obstáculos, estereotipos y conceptos erróneos que conducen a decisiones y políticas ineficientes.
Eliminar la omisión de la responsabilidad implica el no considerar la nutrición de este sector de la población, es un desafío que debe de estar en las agendas de las distintas entidades y órganos de gobierno.
No debemos esperar más tiempo y seguir afectando a la salud de millones de personas por este vacío legal.
La discapacidad comprende muchos elementos y cambiar la realidad de estas personas requiere medidas integrales que doten a las políticas públicas de una visión incluyente y elemental.
Es cuanto, señora Presidenta.
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