Intervención en tribuna del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para posicionar a nombre de la fracción en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en materia de política interior.
Benjamín Robles Montoya, (BRM): Señora procuradora General de la República:
Le reitero la bienvenida a este Senado de la República, que, efectivamente, durante poco menos de tres años también fue su casa.
Su presencia, procuradora, el día de hoy, responde sin embargo a la grave situación del país en materia de justicia y seguridad, diría yo, a la crisis humanitaria.
Desde antes del inicio de esta administración, el ahora titular del Ejecutivo federal se comprometió a reducir la violencia a través del combate a delitos que más lastiman, a esos delitos que más lastiman a las y a los ciudadanos: secuestro, extorción, homicidio, por mencionar algunos.
Pero al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto decidió bajar el perfil público de estos importantes temas.
La situación de violencia y criminalidad fue prácticamente excluida del discurso oficial; un eje, por ejemplo del plan de desarrollo 2013-2015 fue México en Paz, sin embargo, el Pacto por México fue magro en propuestas para atender este fenómeno, como si no se tratara de una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos.
Mientras tanto, las ejecuciones crecían a un ritmo vertiginoso y algunos de los delitos más lastimosos para el ciudadano, como son el secuestro y la extorsión, aumentaban significativamente sin que el Gobierno federal les diera la relevancia y atención que requerían.
Durante la primera mitad de este sexenio, por ejemplo, y hasta el mes de agosto pasado, se habían registrado 3 mil 772 secuestros, sin contar la cifra negra, así como 17 mil 175 extorsiones.
Le revelación sobre las ejecuciones sumarias en Tlatlaya y la desaparición de estudiantes normalistas en Ayotzinapa y en Iguala dieron inicio a una espiral ascendente de descrédito del Gobierno federal, destacadamente en Iguala por su tardía intervención en el caso.
Y ni entonces ni ahora ha habido una decisión política contundente para tacar la macrocriminalidad que se produce por la complicidad de los grupos delincuenciales con los sectores de la clase política; a pesar de su intento por dejar de lado el tema de la inseguridad, el problema estaba ahí, vivo y vigente, porque ni la corrupción ni la impunidad han sido combatidas.
Me vienen al recuerdo las palabras de Jesús Murillo Karam cuando compareció ante la Comisión de Justicia de este Senado para su ratificación como Procurador General de la República en 2012. Él dijo que recibía una Procuraduría desmantelada.
Usted, señora procuradora, recibió una Procuraduría profundamente desprestigiada.
Pero, al parecer, por ésta y por otras razones, tenía razón quien dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no entiende que no entiende.
El informe, por ejemplo, del Grupo de Expertos Independientes devela las fallas estructurales del sistema de justicia penal y en respuesta el Ejecutivo asume dos caras.
Por un lado, el Presidente instruyó a incorporar las conclusiones de este Grupo de Expertos Independientes a la investigación oficial. Usted misma aceptó las recomendaciones.
Mientras por otro lado, como aquí ya se dijo, un subordinado suyo, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, sale a contradecirla y a defender la versión oficial, al mismo tiempo que algunos emisarios del Gobierno salen a infamar con inusitada rabia a este Grupo de Expertos Independientes, a todos sus integrantes, así como al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno federal simula aceptar escrutinio internacional pero rechaza las observaciones que se derivan. Así ha sucedido con el informe del Relator Especial sobre la Tortura, las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, las conclusiones preliminares de la visita, y cito aquí, de esta comisión.
Por ello, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Gobierno federal no atacar al mensajero, sino atender su mensaje.
El Relator Especial sobre Tortura informó que ésta ocurre sobre todo durante la detención. Entonces usted, como cabeza del Ministerio Público de la Federación, tiene una gran responsabilidad en la erradicación de esta práctica, que al igual que al desaparición de personas, ha sido calificada como generalizada por organismos internacionales de derechos humanos.
Es de reconocerse, sin duda, la prudencia con la que usted se ha conducido en medio de todas estas polémicas y por ello tenemos claro que la Procuraduría General de la República tiene un papel central e ineludible.
Acompañamos la exigencia de que la PGR asuma a cabalidad las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos en cuanto a investigación y a reconducción de la investigación, atendiendo todas las nuevas hipótesis planteadas, en especial, la del quinto autobús.
Es importante que se realicen los peritajes necesarios para esclarecer lo relativo también, a la incineración en el basurero de Cocula, que se detenga a las personas que un año después de los hechos siguen prófugas y se continúe con la búsqueda para conocer el paradero de los normalistas.
Y también nos interesa saber por qué a pesar de haberla contradicho el titular de la Agencia de Investigación Criminal, sigue en su cargo, esa exigencia, señora procuradora, que ni las autoridades ministeriales que tuvieron bajo su mando la investigación, ni el titular de esta Agencia sigan en contacto con el seguimiento de las recomendaciones que usted ha aceptado.
Pero Iguala no es el único caso que las y los mexicanos exigen que se esclarezca.
La fuga del “Chapo” Guzmán puso en evidencia la debilidad de nuestras estructuras de seguridad e inteligencia, y refrendó evidentemente los gigantescos niveles de corrupción en la administración pública.
Ahora la dependencia a su cargo tiene la encomienda de reaprehender al narcotraficante y de garantizar el castigo a los servidores públicos que tengan responsabilidad por omisión o comisión en la fuga.
Ojalá que esta comparecencia sirva para aclarar qué está haciendo la PGR para detener al “Chapo” y qué papel juega ante la participación de las fuerzas federales en esta tarea.
Le pedimos que nos informe los avances en la investigación del caso Tlatlaya, donde existen elementos para presumir ejecuciones extrajudiciales.
Que nos aclare cómo es que el Ministerio Público incurrió en las violaciones al debido proceso que hoy tiene libre a cuatro de los militares involucrados en los hechos. Y queremos saber si en este asunto, la PGR se subordinará al Ejército como ya ha sucedido en otras ocasiones.
Le pedimos que nos aclare la participación de la PGR en los peritajes del caso Tanhuato, el grado de avance en que recibió las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y las líneas que seguirá la PGR en la continuación de un asunto en el que, pésele a quien le pese, también existen abundantes evidencias de ejecuciones extrajudiciales que el Ministerio Público de la Federación no puede ni debe pasar por alto.
Queremos que nos explique las razones por las que los más de cien casos de periodistas asesinados permanecen en la impunidad, lo que coloca a nuestro país en el quinto lugar entre los países con menos libertad de expresión según el Comité para la Protección de Periodistas.
Le pedimos que nos dé a conocer cuántos recursos materiales, humanos y técnicos se destinan al combate al lavado de dinero, que sigue siendo una asignatura pendiente.
Le pedimos que nos informe sobre los avances en la capacitación de agentes del Ministerio Público para el sistema de justicia acusatorio y sobre todo de los agentes policiales, que con sus nuevas facultades serán el eslabón más débil del nuevo sistema de justicia y previsiblemente también la fuente de muchas violaciones al debido proceso.
Que nos informe las acciones urgentes a desplegar para atender las insuficiencias profundas de los servicios forenses y periciales que entrando el nuevo sistema pericial será su labor científica la que valide los medios de prueba.
Queremos señora procuradora, que con espíritu autocrítico señale las deficiencias institucionales en materia de atención a víctimas.
Que nos diga también si tendrá la apertura de revisar objetivamente la compatibilidad del arraigo y la extinción de dominio con el sistema acusatorio, figuras que fueron incorporadas a nuestra legislación como parte, usted lo sabe, de un régimen de excepción originado en una estrategia de seguridad eminentemente punitiva.
Y que nos explique cómo se utiliza la figura de los testigos colaboradores y si los millonarios gastos que se destinan al programa de testigos protegidos, se encuentra justificado con relación a su utilidad y resultados.
Señora Procuradora:
Sabemos que los retos que enfrenta la PGR no son minúsculos y menos cuando se encuentra a punto de entrar a un proceso de transición a una Fiscalía autónoma.
Una transición que tiene su origen en la necesidad de sustituir un diseño institucional superado por nuestra realidad y una institución duramente cuestionada por su falta de autonomía y el uso político que históricamente se le ha dado.
Pero eso no puede ser justificación de una labor deficiente en la investigación del delito.
Es hora, y con esto concluyo, señor presidente, es hora de que el Gobierno federal comprenda que la justicia no es un asunto de imagen y popularidad cada descalificación de una recomendación, es abono para que un servidor público cometa un nuevo abuso porque protege su impunidad.
Sabemos muy bien, señora procuradora, que usted tiene poco tiempo en el cargo, pero también pensamos que debe haber un esfuerzo institucional para enderezar la labor del Ministerio Público Federal.
Estaremos atentos a su labor.
Muchas gracias por su atención a todas y a todos.
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