Intervención en tribuna del senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
Mario Delgado Carrillo, (MDC): Compañeros, compañeras, Senadores, Senadoras, pueblo de México.
Me parece que esta ley debería tratar las sanciones en toda la cadena de los hidrocarburos. Solamente se considera que puede haber robo o puede haber un delito en el último eslabón que es la venta.
Sin embargo, si queremos proteger el patrimonio nacional, deberíamos de considerar toda la cadena.
Dice el economista Premio Nobel Stiglitz, que cuando se privatizan los hidrocarburos, se incrementan las oportunidades e incentivos para la corrupción, pues aumenta el potencial para que el gobierno y otros puedan desviar recursos del bien público.
Hay un enorme riesgo de desvío, de recursos, de manipulación en estos contratos que se están haciendo, que deberían ser considerados también como robos, como delitos.
Transparencia internacional en el reporte que acaba de publicar hace algunas semanas, sostiene que el petróleo y el gas producen los mayores sobornos después de los contratos del sector armamentístico.
Con la rentabilidad del negocio de los hidrocarburos sumado a los incentivos existentes en nuestra realidad, en nuestro contexto con instituciones nuevas, débiles apenas en formación y con funcionarios sin experiencia en el trato con las grandes petroleras, el riesgo es mayor de posibles negocios paralelos alrededor de estas licitaciones.
Esta ley, pues se concentra en perseguir delitos de robo a hidrocarburos y los equiparables, pero considera que el robo solamente es posible en la venta de los mismos, ignorando toda la cadena del mismo.
Pemex nos ha dicho, nos ha informado que las pérdidas que se tienen son millonarias.
Sin embargo, el verdadero golpe a la riqueza, puede darse en el proceso de robo por parte de las empresas de los contratos que tienen en la explotación de hidrocarburos.
Baste señalar que el monto de las pérdidas, más de 11 mil millones de pesos no puede compararse con el monto, el valor que tienen los contratos que supera en cientos de veces este monto.
El dictamen que se pone a consideración de esta soberanía omite abordar este tema, asume que el único robo que se puede dar en materia de hidrocarburos es el de la última fase de la cadena de valor, ignora que en todas las operaciones desde la planeación del sector de hidrocarburos, pasando por las licitaciones, la regulación, la supervisión y la operación misma de los contratos y asignaciones existen espacios para actos u omisiones que pueden resultar en daños más onerosos para la nación.
Deberíamos seguir una lógica de una sanción progresiva, mientras sea mayor el daño potencial a la nación, mayor debería ser la sanción.
Por eso, queremos proponer que se agregue o se consideren estas sanciones:
Por ejemplo.
Tipificar como delitos de actos u omisiones, tanto de particulares como de funcionarios públicos que generen menoscabo en valor de los hidrocarburos nacionales o en los ingresos que el Estado deba obtener por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Tipificar como delito el indebido manejo de la información por parte de funcionarios para beneficio propio o de empresa alguna.
Tipificar como delito la simulación de actos jurídicos o utilización de esquemas empresariales para evadir obligaciones fiscales o contractuales por parte de las compañías.
Tipificar como delito la obtención de lucro indebido, con base en la especulación de los contratos de los que sea titular una empresa o en lo que participe en asociación o consorcio.
Tipificar como delito todo acto u omisión que resulte en que los ingresos derivados de las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos no contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación.
Contemplar penas para los funcionarios de 30 a 50 años de prisión y multa por el equivalente al daño o menoscabo en la riqueza petrolera de la nación, independientemente de las responsabilidades administrativas.
Contemplar de 30 a 50 años de prisión y multa por el equivalente en la riqueza petrolera de la nación para personas físicas, involucradas en delitos y disolución de las personas morales.
Si se considera que 1.5 por ciento o un 3 por ciento no es un monto suficiente para ser sancionado penalmente, estos porcentajes, por más pequeños que sean, en la parte de la cadena de extracción, puede significar miles y millones de dólares de pérdidas para el erario.
En esta ley, se debería sancionar no sólo la última parte de la cadena, sino desde el origen para que sea sancionado todo robo, incluso cometido por las empresas transnacionales en contra de la nación.
Es la propuesta que le dejamos a este Pleno.
Gracias.
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