Intervención en tribuna de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
Dolores Padierna Luna, (DPL): Gracias, Presidente.
Primero quisiera hacer dos aclaraciones pertinentes, porque en este momento sin la existencia de esta ley federal el gobierno tiene todas las herramientas legales para combatir el robo de hidrocarburos, este delito está considerado en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nada justifica que haya impunidad en el robo de hidrocarburos, nada justifica este crecimiento exponencial que en la exposición de motivos se presenta en esta ley.
Hablan, además, de cifras muy subestimadas, porque el robo de hidrocarburos ha sido una pérdida enorme, un daño enorme para las finanzas públicas.
Segundo. Dicen que no quieren modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados porque urge aprobar esto, yo creo que es un compromiso. Y ya leyéndola con calma no es una ley que venga a fijar los delitos, a penalizar el robo de hidrocarburos, sino a legalizarlo, y eso es lo que verdaderamente es grave.
El dictamen que hoy se discute nos pone frente a un proyecto modificado en forma regresiva por la Cámara de Diputados. Algunos cambios de la Legisladora prenden alarmas respecto de la política criminal del actual gobierno que nos obliga a votar en contra este dictamen.
Debemos de reconocer la apertura, y lo hicimos en comisiones, del Senador Fayad, entonces estaba Arely Gómez, en la Comisión de Justicia, y ellos aceptaron cambios propuestos por diversos Senadores y Senadoras en sentido progresista, en sentido que hoy se ve reducido a la nada. Ahora vemos que era una estratagema para que se votara aquí a favor y luego sus Diputados votaran en contra todo lo que propusimos y regresáramos a como originalmente tenían el dictamen.
¿Qué modificaciones había incorporado el Senado? Garantizar que la protesta social no fuera criminalizada en el delito de sabotaje, imponer una sanción severa a los gasolineros que vendieran litros incompletos o kilos incompletos en el caso del gas, lo mismo en diesel, lo mismo en gas natural.
Evitar la criminalización a los consumidores estableciendo que la compra o posesión de hidrocarburos de origen ilícito fuera sancionado sólo cuando se tuviera pleno conocimiento del origen de estos productos, que este fuera un origen ilícito, establecer un tipo penal para sancionar severamente los daños al medio ambiente, establecer un tipo penal para los asignatarios contratistas y permisionarios que reportaran una producción de hidrocarburos menor a la que realmente producen, que esto también es un daño enorme para las finanzas públicas.
Nosotros establecimos en la minuta la responsabilidad penal a toda la red de participantes en el robo de hidrocarburos, incluyendo a los contratistas que ahora ya no viene, y delitos que se perseguían por oficio, no como está ahora por querella.
Todos estos avances fueron borrados de un plumazo por la Cámara de Diputados, cuya minuta presenta múltiples regresiones, se flexibiliza la restricción para la venta de litros incompletos a fin de que no se pueda sancionar esta conducta. Los comercializadores de gasolina, diesel, gas, licuado de petróleo y gas natural ya no estarán obligados a modernizar sus sistemas de medición, sino que podrán expender litros que no sean de a litro; y en el caso de gasolina se está legalizado que el consumidor pague 1.5 por ciento en cada litro aunque no se le entregue al consumidor; en el caso del gas licuado de petróleo se legaliza un robo hasta tres por ciento por cada kilo que se venda; en el gas estacionario y en el gas natural es entre 1 y 3 por ciento el robo legalizado.
Pongamos el caso de una pipa de gas que carga en un hogar un tanque estacionario de 120 litros, esta ley que ahora ustedes van a votar propone que se legalice un faltante de 3.6 litros que al precio de 7.64 pesos por litro equivale a que esta familia pague 27.50 pesos de producto que no le va a ser entregado.
En el caso de un cilindro de 20 kilogramos, como abundan en la zonas populares de nuestro país, se permite un robo de 8 pesos con 50 centavos en cada tanque permitido en esta ley, lo mismo pasa con el diesel y con el gas natural.
Se argumenta que la realidad del país es la ausencia de instrumentos de medición adecuados y cargan esa responsabilidad en los consumidores, lo cual es inaceptable la negligencia. ¿Por qué tiene México que premiar, en leyes como esta, la ineficiencia, la negligencia, como se está haciendo aquí?
Si no tienen aparatos de medición adecuados deben de estar obligados los comercializadores a adquirirlos y a medir adecuadamente, eso sería resolver el problema, pero en esta minuta se legaliza el robo de hidrocarburos.
Las autoridades están obligadas a poner en marcha programas que obliguen al cambio de medidores por otros más exactos, y no lo está haciendo. La minuta debe disminuir el nivel de tolerancia a no más del 0.5 de manera inmediata para llegar en el mediano plazo a 0.1 por ciento a lo más, es un tiempo razonable para cambiar los medidores.
Pero es evidente que los poderes fácticos siguen existiendo y que actuaron en esta iniciativa que pretende legalizar los robos de combustibles, cuando se permite a los concesionarios la ordeña de litros de gasolina, el robo de gas licuado en tanque, el gas estacionario o el gas natural, esta minuta afecta sensiblemente a los consumidores, esta minuta es una licencia para robar a los consumidores cuando se autoriza a las gasolineras a entregar menos producto por el que se paga, y una parte de los concesionarios, como lo prueban los estudios y las denuncias de organismos, como la Profeco, tienen como práctica habitual esquilmar a los consumidores.
¿Qué ha hecho la Profeco en cuanto a este delito? Nada.
Una y otra vez hemos conocido listas negras de gasolineras que venden menos producto del que cobran.
¿Cuántos miles de millones de pesos han ganado de manera ilegal a lo largo del tiempo?
Aquí estábamos haciendo la cuenta y estamos ya en 631 mil millones de pesos, en un año que se han quedado gasolineras con ese recurso con cargo a los consumidores, y ustedes están legalizando esta situación, pensamos que eso iba a terminar con la ley, esta ley, pero en vez de ello se legalizan los robos a los consumidores.
Hemos sabido que fue la presión de los concesionarios, de los gasolineros, lo que hizo que se movieran los márgenes de merma, originalmente establecidos en 0.5 y en 1 por ciento, con base en un estudio técnico que se analizó en las comisiones y que era lo que nosotros autorizamos.
La legalización de esta afectación cotidiana a los consumidores sólo beneficia a las ganancias de los gasolineros, de los gaseros que ordeñan los productos que venden.
Debemos ser muy enfáticos, nos oponemos terminantemente a que se legalicen los robos de gasolina y demás combustibles con cargo a los consumidores, porque eso atenta con la economía de los consumidores y porque se trata de robos legalizados en esta ley a los consumidores.
Muy amablemente el Senador Lavalle me explicaba que hay una merma entre 0.1 y 0.5 que sería una falta administrativa, y que hasta 1.5 en adelante ya se consideraría delito, aquí la pregunta es:
¿La Profeco es la dependencia que castiga o que sanciona las faltas administrativas, los robos a los consumidores, qué ha hecho la Profeco? Absolutamente nada, y ahora, en lugar de eso, vienen a legalizar los robos.
Los delitos por robo de hidrocarburos se perseguirán ahora por querella cuando la minuta que elaboró el Senado se perseguían por oficio, esto obligará a los consumidores a que vayan al Ministerio Público a litigar, de otro modo sería el gobierno federal el que haría la revisión, la supervisión y garantizaría, obligaría, a que los combustibles que se ofrecen en México estén entregados con una medición adecuada, con la modificación que hacen los Diputados esto quedó en el olvido.
Se eliminó el tipo penal que sancionaba a los delitos ambientales, ahora con estas modificaciones los daños al medio ambiente quedarán impunes.
Se protege el interés de los privados en detrimento del interés nacional, ya no se castigarán los delitos que los habíamos tipificado en nuestra minuta.
Se eliminó también el tipo penal para el caso de los asignatarios y contratistas que provocaban daños a las finanzas públicas por reportar al Fondo Mexicano del Petróleo cantidades menores de hidrocarburos a las que realmente producen, están siguiendo el mismo camino que les dieron a los mineros.
Los mineros se llevan las piedras con oro, con plata e informan unas cantidades ridículas por las cuales pagan una cantidad ridícula, así va a pasar y está pasando con los hidrocarburos.
Con esta modificación los asignatarios y contratistas podrán robarse cantidades de hidrocarburos que no enterarán al Fondo Mexicano del Petróleo, lo cual es insólito que ustedes pretendan aprobar.
Se criminaliza a los consumidores haciéndolos responsables de comprar productos robados, aún si ellos no tienen forma de conocer el origen del combustible que compran.
Se introduce la prisión preventiva como una medida cautelar, lo cual vulnera los derechos humanos, las garantías y el debido proceso.
Ahora toda la información sobre el funcionamiento de las operaciones, sobre las instalaciones, actividades, movimientos de personal, vehículos, infraestructura, etcétera, será considerada de seguridad nacional, sin explicar por qué y, por ende, será reservada, oculta, opaca.
Les quiero recordar que en la reforma energética se quitó el carácter estratégico a los hidrocarburos y a todos los energéticos. Ese cambio fue el más grave que pasó en la reforma energética, porque modificó el artículo 27 constitucional para que dejaran de ser estratégicos.
Sin embargo, ahora esta iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, le devuelve el carácter estratégico, pero no con la finalidad de que el Estado se haga cargo de ello, sino para impedir la información al Congreso y a la población.
Este artículo también mete bienes, actividades, operaciones de toda la industria como si fuera de seguridad nacional.
La definición del artículo 22 se relaciona con el 23, donde se establece que la información o datos sobre el funcionamiento de todas estas operaciones a las que se refiere el artículo 27 constitucional, o sea las energéticas, se considerará una información de seguridad nacional y por ende quedará reservada.
Les recuerdo que el derecho de acceso a la información está previsto en el sexto constitucional como una obligación del Estado a garantizar ese derecho, por lo que toda información que esté en posesión de cualquier ente público que maneje recursos públicos, debe ser pública.
También el artículo noveno, el artículo vigésimo primero transitorios de la reforma constitucional en materia energética, establecen el principio de máxima transparencia para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Resulta evidente que con todos estos cambios y otros más que ya no me da tiempo de señalar, se buscó que la ley ha dejado de proteger a los consumidores para convertirse ahora en una ley que defiende a los grandes intereses implicados en el robo de hidrocarburos, de gasolineros, de gaseros y de gas natural.
Pensé que se iban a ir contra el crimen organizado, contra los ductos, y no, era para legalizar los robos que nos hacen todos los días los gasolineros y los gaseros en todo el país.
Esta iniciativa es una licencia para robar a los consumidores y en contraste se establecen artículos y conceptos fundamentales que eran una garantía de defensa de los intereses generales y de los consumidores.
Esta iniciativa protege el interés particular, los intereses de los concesionarios, de los gasolineros, que les da facilidades para esquilmar a los consumidores, además del beneficio económico sustancial que reciben por la explotación de los hidrocarburos.
Por éstas y otras muchas razones, nuestro voto debe ser en contra de la legalización de estos atracos.
Gracias.
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