Intervenciones de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, el Conversatorio “Fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos”, al que convocó la senadora Angélica de la Peña Gómez en el Senado de la República.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, particularmente a este Foro, que tiene que ver con temas que son de una prioridad que el Estado Mexicano tiene que discutir.
El Senado de la República, además desde otros aspectos y en otras materias, tenemos un tiempo discutiendo algunos temas que están relacionados finalmente con el gran tema, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la seguridad pública y los derechos humanos.
Recordemos que tenemos todavía a discusión, en su segunda lectura, la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional, artículo que junto con el artículo 33 de la Constitución, fueron reformados el 10 de junio de 2011; forman parte de estos 11 artículos reformados para definir con puntualidad en el capítulo primero del primer título de la Constitución, el tema de derechos humanos y garantías.
El tema que nos trae el día de hoy es una primera discusión, sobre todo quiero destacar que no es un tema que podamos agotar el día de hoy. Por su complejidad, nos tiene que llevar a seguir discutiendo no solamente en el ámbito legislativo, incluso no solamente con quienes hoy nos acompañan en este Conversatorio; sino tenemos que emprender una discusión nacional.
Estamos obligados como país a discutir los temas que derivan con el comportamiento de las Fuerzas Armadas, que realizan tareas que le competen al ámbito civil. Es muy importante ubicar con precisión que el tema que nos une el día de hoy, está relacionado con los acontecimientos del 30 de junio del año pasado, del 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
No es, como ustedes saben, un tema menor. Hay una gran cantidad de obstáculos para poder conocer con toda pertinencia la verdad de lo que aconteció en aquella noche, en aquella madrugada; y que finalmente dio como resultado que 21 personas de uno de los dos bandos, prácticamente todas las del otro bando, hubieran perdido la vida.
Efectivos del Batallón 102 de Infantería de la Sedena, estuvieron –por decirlo de alguna manera coloquial– involucrados en esta trifulca, que al principio se nos quiso informar como un enfrentamiento entre los malos y entre las Fuerzas Armadas; y finalmente supimos que dos mujeres se encontraban presas en el Penal de Nayarit, de Tepic, y una persona no se sabía dónde estaba, hasta que finalmente aparece.
La conocemos por su nombre anónimo, como Julia, y después de una entrevista que da a una revista, conocemos otra cosa totalmente distinta a lo que aconteció esa noche del 30 de junio.
Los efectivos de la Sedena habían dicho que tuvieron un enfrentamiento y la Policía Ministerial, la procuración de justicia del Estado de México, que por la modificación que en un trabajo muy importante que realizamos distintas organizaciones no gubernamentales, junto con el Congreso, reformamos el Código de Justicia Militar, más allá del artículo 157, lo recordarán; desde entonces inscribimos que cuando estuviera involucrada una persona civil en eventos donde participaba el Ejército o la Naval, simple y sencillamente tenían estas tropas la obligación de hacer una cadena de custodia para que entrara la autoridad civil a verificar y a iniciar todo el proceso de investigación.
Hay, por lo tanto, alrededor de los cuestionamientos de las situaciones que no conocemos debidamente en estos acontecimientos del 30 de junio de 2014, que no han quedado claros.
Pero ahora estamos frente a un problema que resulta todavía mucho más complicado, y en ese sentido es que el día de hoy tenemos la presencia de cuatro especialistas que, junto con el senador Luis Humberto Fernández y yo, vamos a tener este Conversatorio.
¿Qué es lo que aconteció?
Bueno, yo voy a, para iniciar el programa, simplemente conviene recordar lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el artículo 89 de la Constitución, en su fracción VI, dice –relacionado con las facultades y obligaciones del Presidente– que podrá preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente –o sea, el ejército, de la armada y de la fuerza aérea– para la seguridad interior y defensa exterior de la federación. Bueno, eso dice el artículo 189.
Pero el artículo 129 de la Constitución establece textual: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas”. Este es el marco fundamental de nuestra Constitución.
Hay tres tesis importantes –yo las voy a referir más adelante– de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –por cierto, de la novena época– donde ciertamente definen las tres tesis, una consecuente de la otra, de que las autoridades de los ámbitos gubernamentales, sea el Presidente de la República o las autoridades que gobiernan las entidades federativas, pueden solicitar que las fuerzas armadas realicen trabajos que competen a la autoridad civil.
Bueno, para abrir, simplemente para abrir la discusión, voy a pedirles una primera intervención de esta mesa, de este Conversatorio, una intervención de cinco minutos y posteriormente hay que abrir la discusión porque me parece que ustedes tienen mucho qué decirnos y nosotros tenemos muchas cuestiones también que preguntarles.
Comenzamos con Mario Patrón Sánchez.
Mario es el Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. Bueno, tiene mucho que decirnos, porque hoy justamente este Centro de Derechos Humanos, esta organización de defensa de los derechos humanos ha puesto nuevamente en la palestra la discusión de lo que aconteció en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
Por favor, Mario, si eres tan amable.
SEGUNDA
APG: Muy bien. Muchas gracias.
A ver, quiero leer, para entrar al segundo bloque, lo siguiente:
¿Qué es lo que entendemos por seguridad nacional?
La seguridad nacional tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
La seguridad pública tiene la facultad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.
Esos son los objetivos que definen tanto lo que es la seguridad nacional, como lo que es la seguridad pública.
¿Qué instrumentos caracterizan a estos dos grandes rubros?
Bueno, en el caso de seguridad nacional, son la operación de tareas de inteligencia y contrainteligencia, para proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o amenazas.
En el caso de los instrumentos que están inscritos para la seguridad pública, son: la prevención, persecución, sanción de las infracciones, así como la reinserción social de las y los delincuentes infractores o infractores.
¿Hay una diferencia? Bueno, hay un mar de diferencia.
Y creo que el debate, me encanta la intervención última de Preciado, porque ubica con toda precisión el debate de este Conversatorio, para que no quede la impresión de que lo que estamos haciendo aquí es poner en la picota a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Navales. No se trata de eso.
Lo que se trata es que discutamos el precepto de la Constitución como la Carta Magna, como el instrumento vertical trascendental que rige al Estado de derecho al Estado Mexicano, y que en estos momentos tenemos que seguir platicando si estamos cumpliendo o no con lo que señala la Constitución.
Es cierto, el Presidente de la República, y después por tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, de la Novena Época, es importante decir que ya estamos años luz de la Novena Época, ya estamos afortunadamente en la décima época.
Pero entonces todavía estas tesis siguen prevaleciendo de dotar de toda la legalidad para que los gobernadores puedan utilizar a las fuerzas armadas, a las fuerzas de la Naval para actividades que no le competen.
¿Por qué? Porque aquí ahora dije de manera muy rápida cuál es la diferencia de una situación que deriva de la seguridad pública y cuál es la connotación del significado de la seguridad nacional.
Ese es el debate. Ese es el debate.
Ahora, dicen nuestros ponentes, y vamos a empezar el segundo bloque, dicen: “Hay que construir a partir de la tragedia una nueva oportunidad”, nos dice Ernesto.
Nos dicen: “Fundar o indicar –si me permiten abundar más– el principio de legalidad, un plan de salida de regreso a los cuarteles”. Ciertamente nadie en su mediana inteligencia podría decir: “Mañana mismo se van todos, se regresan todas las decenas de miles de efectivos a los cuarteles” y entonces me parece que ese es un asunto muy preocupante y no menor.
Y, sobre todo, otro de los conceptos aquí esgrimidos en las intervenciones es, y me parece que ese es el meollo del asunto, y en ese sentido quiero entrar a que ustedes, los incito a que por ahí le entremos: combatir la impunidad.
Volvemos otra vez.
¿Levantan la mano? ¿Quién le entra primero para quitar lo cuadrado del conversatorio?
Ernesto, tienes la palabra. Tómala.
TERCERA
APG: Pues sí. Muy bien.
Bueno, a ver, creo que nos están dejando una tarea que vamos a retomar el senador y yo, y otros senadores. En primer lugar, claro que tomamos la encomienda de presentar puntos de acuerdo; cuando menos yo veo cuatro puntos que me parecen claros, que surgen de este conversatorio, muy importante la participación de cada uno de ustedes.
El primero, insistir en que hay una estrategia de retiro de tropas. Me parece que ya lo hemos hecho, no se ha dictaminado; vamos a seguir insistiéndolo, además como producto de este conversatorio.
Nos parece muy importante también retomar algunas de las observaciones del propio informe de, Mario, me parece que es importante retomar del informe de Tlatlaya de ustedes, el que se cree una instancia independiente de investigación. Me parece que es clave.
Y por supuesto, exhortar a Sedena para que haga una revisión de sus ordenamientos, de su normatividad y claro, de manera particular que quede totalmente excluido el término de abatir, entre otros.
Me parece que es muy importante pedir a Sedena que haya una revisión de sus ordenamientos, sobre todo de su normatividad, de sus reglamentos, todos los anexos que dan fundamento al trabajo de los distintos batallones y quede muy claro que ese tipo de conceptos tienen que estar excluidos en un sistema democrático y de derecho, como el que distingue a nuestro país.
Otro punto tiene que ver con pedirle, solicitarle a la Procuraduría General de la República investigue –como aquí nos lo han propuesto– a la cadena de mando, para que haya claramente una información transparente, sucinta de lo que aconteció, tanto de lo que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de México, tan cuestionado, tan contradictorio, con tantos errores; digo, no se necesita mucha ciencia para entender después de la lectura de los informes que conocemos, que hay una gran cantidad de situaciones tan irregulares, tan poco profesionales, que llevan al ocultamiento, al manoseo, al no la claridad de lo que aconteció; sino que por lo contrario, pareciera que se está tratando de evitar, de ocultar lo que realmente aconteció.
Entonces, me parece que es muy importante que la Procuraduría General de la República investigue sobre la cadena de mando de los acontecimientos del caso de Tlatlaya.
Ahora bien, hay una serie de puntos que plantean todos ustedes en relación a las violaciones graves que por desgracia distinguen a nuestro país, y que tienen que ver con la resolución de asuntos que son eminentemente estructurales.
Yo rescato, sin lugar a dudas, porque así lo plantearon, que ciertamente tenemos que seguir discutiendo la iniciativa del Presidente Peña Nieto respecto a la materia de seguridad y justicia. No es un tema menor; son temas muy importantes y tienen que ver además con el funcionamiento de los municipios, de las policías, y yo creo que es un tema que tenemos que seguir atendiendo, que seguir discutiendo, porque nos importa de manera preponderante que las policías, que las autoridades civiles de las distintas corporaciones realmente cumplan con su responsabilidad.
La materia relacionada con la desaparición de personas que incluye la desaparición forzada, asimismo la desaparición entre particulares, es un proceso que ya prácticamente está inscrito en la discusión del Senado como cámara de origen. Seguramente va a ser el tema con el que iniciemos el periodo ordinario ahora en septiembre de la nueva Legislatura.
Y, por supuesto, el tema de tortura ahora ya también con el fundamento constitucional que nos faculta al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, pues también estamos ya próximamente –cuando menos de parte del Grupo Parlamentario del PRD– de presentar la iniciativa, un proyecto de iniciativa general contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Arraigo, sigue siendo un asunto de gran discusión. Pero, a ver, y lo comento para que en una última intervención también reflexionen por favor respecto a este asunto.
Hoy estamos hablando no solamente de vindicar al Ejército Nacional; quitarlo de que asuma responsabilidades que no le competen; responsabilidades, efectivamente, para las que no están formados. Por el contrario, están exactamente formados para no realizar el tipo de actividades que tendría que realizar una policía. Es exactamente al revés. No lo pueden hacer. Simplemente tienen una formación totalmente distinta.
Y, en ese sentido, me parece que es importante cuando hablamos de arraigo, pues que México también está en un proceso prácticamente arcaico, todavía arcaico, respecto de la policía ministerial formada criminalísticamente.
O sea, ¿el arraigo para qué se usa? Se usa para eso.
Alguna vez –no digo quién por no cometer la indiscreción– pero alguien muy prominente que estaba en un encargo muy importante que tenía que ver con la materia, decía: “Es que los ministerios públicos son flojos y entonces hay que meterlos al arraigo”. Bueno, a mí no se me olvidó el comentario.
El uso legítimo de la fuerza pública sigue siendo un tema, igual, por supuesto, próximamente tendremos que poner a la discusión en la segunda lectura de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional; que no hay que confundirlo, no tiene nada que ver con la materia relacionada con la seguridad pública.
Es otro tema, pero sin embargo, en este conglomerado de asuntos estratégicos por los que tenemos que discutir, y por supuesto legislar, es un tema realmente importante, junto con el uso legítimo de la fuerza pública; y, por supuesto, me parece que también es trascendental que le demos un sentido distinto, serio, docto, o sigamos insistiendo en la discusión del tema que retomó José Antonio. Es decir, discutir el asunto de las drogas y dar un contenido totalmente distinto, más inscrito en la salud pública; y además porque México ya entra en una contradicción con Estados Unidos de que seguimos aplicando la política de Estados Unidos que nos impuso y a final de cuentas Estados Unidos ya está en otro paso.
Entonces, sí estamos obligados.
Un último para cerrar, por favor, senador.
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