Los hechos ocurridos en Tlatlaya en 2014 son una buena oportunidad para debatir y analizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas en las tareas que competen al ámbito civil, como la seguridad pública, coincidieron los senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis Humberto Fernández Fuentes.
Así como para determinar si una política de mano dura es la más adecuada para garantizar la seguridad de la sociedad, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derecho Humanos.
Al participar en el conversatorio: “Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Derechos Humanos”, la legisladora reconoció que el tema de las Fuerzas Armadas es un tema complejo que requiere de una discusión nacional que vaya más allá del ámbito legislativo.
“Estamos obligados como país a discutir los temas que derivan del comportamiento de las fuerzas armadas que realizan tareas que le competen al ámbito civil”, mencionó.
De la Peña Gómez destacó que en el caso particular de Tlatlaya existe una gran cantidad de obstáculos que impiden conocer la verdad de lo acontecido la madrugada del 30 de junio de 2014.
Recordó que la información oficial refirió que se trató de un enfrentamiento del ejército donde un grupo delincuencial fue abatido; sin embargo, dijo gracias al testimonio de una testigo se evidenció que los hechos había ocurrido de otra forma.
“Hay por lo tanto cuestionamientos alrededor de las situaciones que no conocemos debidamente, en estos acontecimientos del 30 de junio de 2014, que no han quedado claros”, apuntó.
De la Peña Gómez aseveró que es necesario definir y entender la diferencia entre la seguridad nacional y la seguridad pública tomando en cuenta la seguridad humana, para saber hasta dónde es permitida la injerencia del Ejército Mexicano en las tareas de seguridad pública.
Informó que presentará iniciativas para erradicar la tortura y otros tratos crueles, así como puntos de acuerdo para solicitar el retiro de tropas de las calles, crear una instancia independiente de investigación del caso Tlatlaya y para que Sedena haga una revisión de sus ordenamientos y reglamentos con el fin eliminar el término de “abatir”.
Por su parte, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes destacó la labor de las organizaciones no gubernamentales sin las cuales no se habrían dado a conocer eventos como los de Tlatlaya o Aguas Blancas.
Reconoció que éstos no son sólo hechos aislados, sino que “vivimos en la década de la megamuerte mexicana donde pasamos a miles y miles de muertes equivalentes a cualquier conflicto bélico en el mundo”.
Advirtió que la sociedad manifestó su molestia e indignación en las elecciones castigando a los partidos gobernantes y logrando la transición en más de 100 distritos.
El legislador del PRD sostuvo que el Estado sólo es tan fuerte como son sus instituciones y en el caso del mexicano no habrá seguridad sin un marco institucional sobre los derechos humanos.
Finalmente Fernández Fuentes hizo énfasis en que es necesario reconocer que el problema de derechos humanos y el de seguridad no son dos cosas diferentes, además de aceptar que hay un problema grave en el país en esta materia y replantear la estrategia que dé resultados sensibles en el corto y mediano plazo.
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