INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
injusticia, impunidad y corrupción, saldo de esta administración federal: Isidro Pedraza
Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Senador Isidro Pedraza Chávez, (IPC): Gracias, Presidente.
Con el permiso de la Asamblea.
Ciudadanos que nos acompañan por el Canal del Congreso y medios de comunicación.
Solicito su amable tolerancia para tocar, en otra intervención, un posicionamiento integral de una iniciativa de reforma constitucional y cuatro puntos de acuerdo sobre el caso de corrupción de Odebrecht.
El día de hoy vamos a abordar, a tocar una de las fibras más sensibles de la presente administración, que junto con el caso Ayotzinapa, y otros casos en curso, estamos en la obligación de evitar que se convierta en un secreto de Estado.
La investigación de Odebrecht, que involucra a Emilio Lozoya, funcionario del primer nivel y acusado de recibir sobornos por parte de esta trasnacional, el día de hoy se presenta una iniciativa que debe formar parte del rediseño institucional de la impartición de justicia, del combate a la corrupción y a la omisión de las autoridades para combatir la impunidad.
Sin duda, el saldo que deja esta administración federal está sellada en tres palabras: injusticia, impunidad y corrupción.
El actual régimen presidencialista y la correlación de fuerzas en el Congreso se convirtieron en el principal obstáculo para terminar de instaurar un Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento del Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción.
Particularmente, en el caso de Odebrecht, se ha convertido en un caso de corrupción de Estado.
A más de un año que se hiciera pública la red de corrupción que desplegó la empresa Odebrecht en 12 países de América y África, a lo largo de este período, cada uno de los países inició investigaciones al respecto que han derivado en la detención de más de 140 funcionarios en todos los niveles; incautación de cuentas, multas, allanamientos de oficinas públicas y privadas e investigaciones a ex funcionarios y ex mandatarios.
Sólo en México, es el único país que no ha emprendido ninguna acción contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y ha sido el único nombre que ha salido a la luz, aunque en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios inmiscuidos con la constructora.
¿Y además el silencio de la PGR en este caso, qué significa?
En la renuncia del Procurador Cervantes, dejando un expediente listo para actuar y luego desmentido por el actual encargado de la oficina.
El despido de Santiago Nieto, al frente de la FEPADE, y luego ahora, fíjense nada más lo curioso de esto, la paradoja, que el señor Lozoya puso una demanda para el tema de su honor que le han lastimado, el desmantelamiento de las áreas de investigación de Odebrecht por parte del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
A lo más la Secretaría de la Función Pública suspendió a la empresa para participar en licitaciones públicas sin que sepamos aún la verdad de la colusión de los beneficios que otorgó esta administración a dicha empresa.
¿Por qué sólo cuatro años?
¿De qué tamaño es el daño a las finanzas públicas?
Eso todavía es un secreto y continuará protegido a dicha empresa por este gobierno.
Por lo anterior, el día de hoy, en esta tribuna, ante la falta de voluntad del Ejecutivo Federal y de la PGR, vengo a presentar una iniciativa de reformas al artículo 93 y tres puntos de acuerdo para responder a la inacción de alrededor del caso de soborno de esta empresa multicitada.
Esta iniciativa, que reforma el segundo párrafo al artículo 93 de la Constitución propone mejorar la figura de la comparecencia del Congreso para incluir a todo funcionario público, persona física o moral cuando sea un asunto de interés público o para que respondan a interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores en relación a actos de corrupción, desvío de recursos públicos y violación de derechos humanos y otros.
Es importante señalar que esta figura no es nueva, en el mundo existe ya como en Estados Unidos, en Italia, en España, en Venezuela y Noruega, por mencionar algunos lugares.
De los cuatro puntos de acuerdo pedimos uno.
La comparecencia al Consejo de Administración de Pemex para explicar la adjudicación de contratos a la empresa Odebrecht y el sobrepago de 1191 millones de pesos en dos refinerías, en la de Tula y la de Salamanca.
Otro punto de acuerdo, necesitamos una explicación al encargado de la oficina de la PGR por el no ejercicio de la acción penal contra funcionarios públicos relacionados con los hechos de corrupción de Odebrecht.
Igualmente, al Ejecutivo hacerle un exhorto para suspender la participación permanente de la empresa Odebrecht en cualquier licitación de obra pública y servicios relacionados en tanto no conozcamos el daño total a las finanzas públicas y la investigación de los contratos adjudicados para identificar y fincar responsabilidades de funcionarios públicos y personas morales en actos de corrupción.
Y, finalmente, una solicitud de investigación a la Comisión Federal de Competencia Económica e iniciar una investigación por prácticas monopólicas relativas a la empresa Odebrecht en los medios de licitación y adjudicación de los contratos en obras públicas y servicios relacionados durante la administración federal y estatal durante el período de 2012 a 2018.
Y quiero entregarle a la Presidencia, junto con mi intervención, la opinión que presentó la Función Pública en términos de la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo que significó la investigación de los contratos de Pemex con esta empresa, con un valor de 191 millones de pesos.
Entonces, le entrego, señor Presidente, en ese momento esto.
Muchas gracias.
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