Son desinformadas las críticas que se hacen a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en torno a una supuesta censura, nada más equivocado que atribuirle que atenta contra la libertad de informar y contra el derecho de la sociedad a ser informada, quienes hacen esta afirmación desconocen sus fundamentos jurídicos, sus objetivos y los efectos de su aplicación, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que de ninguna manera estas normas podrían acrecentar la impunidad de grupos de la delincuencia y ser herramientas para dificultar la detección de criminales, «el publicar datos de niñas o niños víctimas, testigos o adolescentes en conflicto con la ley penal, además de ser contrario a ordenamientos nacionales e internacionales vinculantes, aumentarían los estigmas y estereotipos y pondrían en grave peligro a quienes el Estado y la sociedad tienen obligación de proteger», agregó.
La senadora del PRD explicó que evitar que se publique la imagen o los datos de identificación de las personas menores de edad, ayudará a que no sean revictimizados por grupos delincuenciales, o que los criminales eviten que los adolescentes puedan declarar o dar información valiosa para investigaciones en curso.
En esta Ley se establece que los medios de comunicación podrán seguir informando sobre los hechos que consideren noticiosos que involucren a personas menores de edad, resaltó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con la salvedad de que deberán asegurarse de emplear imágenes de niñas, niños y adolescentes con el rostro difuminado y/o relatando las historias sin mencionar el nombre real o datos de identificación.
«Si la persona menor de edad no está relacionada con la comisión de un delito y los padres han dado su autorización, los medios de comunicación podrán mostrar el rostro sin distorsión alguna y mencionar el nombre real en sus notas informativas».
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña aseguró que todas las disposiciones del proyecto de Ley General se establecieron en estricto apego al principio constitucional del Interés Superior de la Niñez y están absolutamente fundamentadas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
