En las actuales circunstancias políticas del país, los gobernadores gozan de un amplio poder y discrecionalidad en sus decisiones, lo cual, en algunos casos se traduce en opacidad, corrupción e impunidad. Aquella máxima de la Ilustración en la cual se decía que “el monarca debe tener las manos libres para hacer el bien y las manos atadas para hacer el mal”, adquiere en los gobiernos estatales mexicanos los mejores ejemplos de excesos, arrogancia e ineptitud. Puede decirse que una de las partes menos evolucionadas de nuestro sistema político se encuentra en las formas y prácticas de los gobiernos locales.
Hasta antes de las elecciones del año 2000, cuando una sola fuerza política definía el destino del país, la federación, los gobiernos priistas, ejercían un férreo control sobre los gobernadores. El presidencialismo, la piedra angular de nuestro sistema político, tenía, como lo identificaron varios estudiosos del sistema político mexicano, entre ellos Daniel Cossío Villegas, Jesús Reyes Heroles y Jorge Carpizo, atribuciones constitucionales y metaconstitucionales, es decir, el presidente definía a su sucesor en la silla presidencial y, por supuesto, a quienes deberían ser gobernadores, regente del entonces Distrito Federal, senadores y directivos de las dependencias más importantes de la administración pública.
Como el que puede poner también puede quitar, el presidente de la república, a través del secretario de Gobernación, o de manera directa, removía discrecionalmente a los gobernadores.
El secretario de Gobernación era una especie de jefe de gabinete. Cuando un gobernador viajaba a la Ciudad de México era casi obligado pasar a saludarlo a las oficinas de la calle de Bucareli, o bien, si algún mandatario estatal recibía una llamada del titular de Gobernación o era citado de emergencia a esa dependencia, cualquier cosa podía ocurrir, desde un ascenso inesperado o se le comunicaba con las formas priistas que tenía que dejar el cargo.
Cuando el PRI perdió las elecciones del año 2000, su clase política se refugió en sus gobiernos locales. Desde sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, los priistas protegieron a sus mandatarios estatales e impidieron en los estados que gobernaban realizar auditorías a fondo de los recursos ejercidos. Las condiciones políticas del país, particularmente la debilidad del nuevo gobierno, entonces de origen panista, posibilitaron un ejercicio del poder sin límite en las entidades federativas priistas. Sin un presidente de la república todopoderoso, se generó un fenómeno que puede denominarse como feudalización de la política en los estados.
En las elecciones de 2012, el PRI regresó al poder público federal por la vía de sus gobernadores. Construyó su candidatura presidencial en torno al más mediático de ellos, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Durante el tiempo en que fueron oposición, los gobiernos estatales priistas se caracterizaron por su deshonestidad y corrupción. Debe reconocerse que los gobiernos locales de otros partidos, entiéndase claramente del PAN y del PRD no fueron la excepción; el ejercicio del poder en las entidades federativas está enfermo, todos padecen del mismo mal de arrogancia, soberbia y deshonestidad.
El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha permitido desde el poder público federal todo tipo de excesos. Nadie desea que los tiempos del presidencialismo regresen o que se vulneren derechos y responsabilidades estatales; tampoco se trata de pasar por alto la pluralidad que afortunadamente experimenta nuestro país desde hace años; sin embargo, deben reconocerse los excesos a los cuales han llegado los gobiernos estatales en materia de corrupción, autoritarismo y arrogancia. Los desplantes y actitudes de los actuales gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua son ejemplos de lo que se habla. Por supuesto que no es casual que en el más reciente proceso electoral la ciudadanía haya optado por otros candidatos.
Hoy, desde el gobierno federal o desde la presidencia del PRI resulta sencillo simular que se encabeza la limpieza de los gobiernos estatales priistas. Estos desplantes nadie los cree, porque una declaración ante los medios de comunicación no basta para resolver el problema; es más, ni siquiera resulta suficiente como una denuncia. La ciudadanía en siete estados ya expresó su rechazo el pasado 5 de junio. Se entiende que se trata de una nueva estrategia propagandística del gobierno y del PRI rumbo a la sucesión presidencial de 2018, pero a la luz de los acontecimientos y de la valoración ciudadana resulta insuficiente.
Si en verdad desean ir al fondo de las cosas, que los dirigentes priistas, los reales y los formales, presenten denuncias penales en contra de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, gobernadores del PRI; que avalen con hechos sus declaraciones y no se limiten a impulsar acciones de inconstitucionalidad para desmontar la farsa de los sistemas estatales anticorrupción que hicieron estos abusivos.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD en el
Senado de la República
