Los lamentables hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, alteraron la estrategia asumida por el gobierno federal en el marco de la aplicación y defensa de la reforma educativa. La visibilidad negativa y notoriedad internacional, que tanto repele el Presidente de la República, alcanzada por las muertes ocurridas a raíz de la actuación de las policías en el desalojo de un bloqueo en ese lugar, obligaron a abrir una mesa de diálogo con la dirigencia magisterial disidente en busca de reducir el nivel de conflictividad que el mismo gobierno contribuyó durante meses a crear.
La muy difundida agenda pública del secretario de Educación, Aurelio Nuño, alentó un discurso frontal de descalificación y degradación pública de todos aquellos simpatizantes y apoyadores de la causa disidente de la CNTE. Mediante un ejercicio del poder soberbio y prepotente, él encabezó una estrategia que contempló despidos de maestras y maestros opositores a la reforma, el encarcelamiento de los dirigentes Rubén Núñez y Francisco Villalobos por acusaciones de “lavado de dinero”, cerrazón para abrir cualquier espacio de diálogo y negociación política, en suma, se busca aplastar el movimiento y cerrar las salidas de emergencia. Las consecuencias de este proceder han motivado acciones y eventos como los ocurridos en Nochixtlán.
Ahora que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ha visto obligado a recomponer el camino andado por su compañero de gabinete, instalando una mesa de diálogo que incluye a los familiares de las víctimas mortales de Oaxaca, se reconfigura la aplicación de la estrategia contra la CNTE y se involucra otras aristas sociales, económicas y de comunicación para proseguir con la descalificación de los disidentes y opositores de las medidas administrativas contempladas en la reforma educativa.
La difusión mediática de las consecuencias económicas y sociales producto de los diversos bloqueos en municipios de Oaxaca, realizados por la CNTE y otros movimientos sociales que la apoyan, supera y relega el reclamo social de esclarecer los asesinatos ocurridos en el desalojo emprendido por fuerzas policiales estatales y federales en Nochixtlán. Como ya había ocurrido antes con motivo del anuncio de desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el gobierno que encabeza Gabino Cué deja toda la cancha de acción política y mediática al gobierno federal, incluso muy poco ha hecho para tratar de explicar el proceder de la propia policía estatal en ese evento.
La concepción de una transformación educativa en el país es necesaria, pero no desde la óptica meramente laboral como aquella discutida y aprobada en 2012-2013, que no atendía el fondo del tema que es mejorar la calidad de la educación. Homogeneizar a las y los profesores es un error que no se ha querido entender, por lo que es indispensable evaluar los alcances de esta reforma, modificar lo necesario para una mejor aplicación nacional de las leyes en la materia y emprender una discusión nacional que derive en mejorar verdaderamente los contenidos educativos, las prácticas pedagógicas, los planes de estudios, en suma, el modelo educativo que logre que las niñas y niños, las y los jóvenes reciban una educación de calidad que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y tener mayores oportunidades de desarrollo personal y familiar.
Hoy se requiere, necesariamente, el uso de la política para atender y atenuar la conflictividad social que se manifiesta en algunas zonas del país en torno a la reforma educativa. También se necesita investigación judicial y aplicación de la justicia sin intervención de intereses políticos en uno u otro sentido. Se demanda compromiso de todos los actores involucrados para procesar las diferencias políticas en un marco de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la ley. Urge brindar seguridad a la población y certidumbre para realizar las actividades públicas y privadas en normalidad, deslindando y exigiendo las responsabilidades que a cada cual compete.
Senador de la república (PRD)
