La Suprema Corte de Justicia que necesitamos
Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá tres nuevos integrantes. Uno que ocupará el vacío que dejó el lamentable fallecimiento del ministro Sergio Valls Hernández, y otros dos, por la conclusión del periodo para el cual fueron electos los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Se trata de una oportunidad importante para elevar las expectativas, para que estos nombramientos permitan fortalecer el máximo tribunal del país desde una visión de Estado.
La naturaleza, sentido y alcances de la justicia han sido temas abordados por muy distintos pensadores y filósofos como Platón, Immanuel Kant, Hans Kelsen y Jürgen Habermas.
De acuerdo con nuestra Constitución, el ejercicio del Poder Judicial de la federación se deposita en la Corte, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distritos.
En las teorías clásicas del Estado, el Poder Judicial constituye una de las bases fundamentales de la organización política. En nuestro país, la Corte, integrada por 11 ministros, es la cabeza del Poder Judicial del Estado mexicano. El presidente de la Corte también preside la Judicatura Federal.
La Corte es tal porque es la máxima instancia de nuestro sistema judicial. No sólo se trata de una denominación, sino debe convertirse en su principal cualidad, ya que en lo individual sus integrantes deben tener el conocimiento, la sabiduría, el temple y la responsabilidad de decidir en última instancia sobre aspectos vitales del hombre, como su vida, su libertad y su patrimonio. En las resoluciones de su pleno se expresa la decisión máxima del Estado y sus consecuencias.
¿Cuál es el papel de la Corte? Si bien la Constitución y las leyes establecen sus atribuciones, sería conveniente que los ministros ampliaran sus horizontes y dirigieran la mirada también hacia los grandes temas nacionales.
Más aún, cuando diversos estudios cuantitativos sobre el trabajo de la Corte revelan que, de 1995 a la fecha, ésta ha dedicado mucho tiempo a la resolución de conflictos entre poderes por medio de controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Debemos reflexionar seriamente si sería el momento de que la Corte comenzara a cambiar y atendiera con mayor intensidad temas relacionados con derechos fundamentales, como en otros momentos lo han hecho tribunales supremos de diversos países que han definido aspectos sustanciales de sus naciones.
Me refiero a las cortes de Estados Unidos, durante la década de los años sesenta, para la obtención de los derechos civiles y en contra de la segregación racial; al papel de los tribunales en la construcción de la Unión Europea, en el castigo a los genocidas de la Segunda Guerra Mundial, o casos de combate a la corrupción, los abusos de poder y la impunidad. En un Estado de derecho, los presidentes, los primeros ministros, los reyes y las princesas no pueden evadir la acción de la justicia.
En México, y ante estas enormes responsabilidades, surge una pregunta: ¿qué espera la sociedad de la Corte?
En nuestro país, los anhelos de justicia han estado presentes en los procesos políticos y sociales desde la Independencia hasta nuestros días.
Actualmente, la exigencia de justicia continúa siendo una de las demandas apremiantes de la sociedad. Justicia para las víctimas y familiares de las miles de vidas perdidas por la violencia desatada por el crimen organizado, de las desapariciones forzadas, de los secuestrados, de los que fueron víctimas de robos y extorsiones.
Justicia para castigar a los servidores públicos corruptos, para poner un alto a la impunidad y para detener y reintegrar el daño patrimonial que por años han causado al país.
Justicia para castigar los abusos del poder, garantizar el debido proceso y la vigencia plena de los derechos humanos.
Ante este panorama, necesitamos que la institución que encabeza el Poder Judicial de la federación responda con acciones esta urgente demanda social y sea efectivamente un tribunal constitucional que contribuya a la eficacia del sistema democrático.
Una Corte que sea la cabeza de una estructura judicial que garantice justicia para los mexicanos.
Determinadas resoluciones de la Corte han puesto en evidencia que ésta no es ajena al juego de intereses y de visiones particulares. Resulta necesario que el país cuente con una Corte transparente en sus resoluciones y su administración. El riesgo de desprestigio de un poder como el Judicial encuentra sustento cuando servidores públicos se ven involucrados en hechos de corrupción o de opacidad, por decir lo menos.
El Poder Judicial debe abrirse a la sociedad, en muchos sentidos debe dejar de ser un claustro, con puertas cerradas y espacios oscuros, al que sólo ciertos iniciados o familias puedan acceder.
Debemos revitalizar la confianza en la Corte y en todo el Poder Judicial; es una tarea del Estado.
@MBarbosaMX
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
