Intervención en tribuna de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar posicionamiento sobre el dictamen por el que se reforma y adiciona el artículo 21, y se reforman los artículos 73 fracción XXIII, 76 fracción II, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Buenas noches, estimados compañeros senadores y senadoras.
Como decía el poeta Miguel Hernández en su Elegía:
“Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado/ un hachazo invisible y homicida/ un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida/ lloro mi desventura y sus conjuntos/ y siento más tu muerte que mi vida”.
Es por ello que dedicamos este posicionamiento a las víctimas de la violencia en nuestro país.
Quisiera expresar antes que nada, a nombre de mi grupo parlamentario, mi reconocimiento al esfuerzo de consensos parta conseguir que hoy estemos votando, discutiendo y votando, próximamente, este dictamen.
Sobre todo por el adendum tan importantísimo que acabamos de aceptar se incorporara.
Les comento que en comisiones mi voto fue en contra, y esto es porque el dictamen dejaba mucho que desear y estaba muy lejos de la reforma que requerimos.
Sin embargo, los consensos conseguidos por los presidentes de las comisiones y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, nos han reflejado un excelente resultado.
Ante ésta una nueva reforma en seguridad, es fundamental que no se nos olvide que esta fue la respuesta a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa durante los funestos acontecimientos de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, cometida por policías municipales y un grupo criminal, sin que hayan avanzado las investigaciones a los mandos políticos, partidarios y de fuerzas federales que hayan sido cómplices en este evento.
Es decir, es una reforma que pretendía atacar la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad pública con bandas criminales.
Esta macrocriminalidad ha traído consecuencias funestas en todos los campos del desarrollo en México, en lo económico, en lo social, pero sobre todo, en lo humano.
Y tiene su expresión más cruda en la violencia criminal e institucional exponencialmente desatada a partir de hace casi una década cuando se inició lo conocido como la “guerra contra las drogas”, sólo visualizando una estrategia de la militarización de la seguridad pública.
Es repetitiva aquí en esta tribuna la denuncia de la numeralia de horror humano que se vive con miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas, todo ello en nombre de la lucha contra los grupos criminales de alto impacto.
Sin embargo, ese discurso debería hacerse congruente con las medidas legislativas que aún tenemos pendientes, pues en muchos sentidos seguimos teniendo nosotros los legisladores, los políticos, las autoridades: las de gobierno y las judiciales, una visión ajena a fortalecer las atribuciones de control a los ciudadanos, y sobre todo de establecer controles anticorrupción.
Hemos invertido, y coincido con el senador Bartlett, alrededor de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia en 13 años; en ese periodo, el presupuesto anual subió 200% y el de las entidades federativas 97%.
15% del Producto Interno Bruto es invertido en este tema de combate al crimen; estos obviamente muy de lejos, ni de lejos se ha asignado para temas fundamentales, importantísimos, como lo son la salud, el desarrollo social, la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Se ha perdido legitimidad democrática y se ha puesto en riesgo la gobernabilidad del país, por mantener con alfileres la seguridad de las y los ciudadanos.
Aún así, hemos fracasado, pues por otro lado tenemos 150 mil personas asesinadas en diez años, de éstas, 78 mil de ellos en los primeros 28 meses del actual gobierno; 28 mil 189 desparecidos y 280 mil personas desplazadas por la violencia, todo ello, sin considerar la cifra negra. Esto con datos oficiales de las instituciones.
En el texto del dictamen, se mantiene la concepción tradicional de la seguridad pública en la que juega fundamentalmente la policía como el ente a regular, sin establecerse mecanismos anticorrupción, no sólo a la función policial sino a todas las instancias de seguridad pública que regula la Ley General.
En las leyes anticorrupción –que acabamos de aprobar- hemos buscado regular la conducta de las y los servidores públicos, pero en este tema, que es más sensible, que es más importante aún porque tiene que ver con la vida, con la libertad y con la tranquilidad de miles de mexicanos, aún no incorporamos de manera transversal, mecanismos y controles anticorrupción en seguridad.
Donde los altísimos niveles de corrupción se traducen en crímenes atroces, en violaciones de derechos humanos, en colusión de autoridades de gobierno y de seguridad pública con los grupos criminales, aquí no importa endurecer los controles ciudadanos ni legislativos, aquí no hay suficientes controles de anticorrupción, aquí no hay suficiente respaldo o interés de los medios de comunicación, de los sectores sociales, civiles, por darle seguimiento a un tema tan importante.
No es ésta una reforma que nos encamine a un mando mixto, tampoco a un mando único, éste es un sistema nacional de seguridad pública.
Destacamos los avances del original dictamen, sin embargo creemos que aún falta bastante por agregar.
En los últimos años hemos visto recrudecerse la violencia, y sabemos que la corrupción mata y desaparece; desplaza ciudadanos de sus comunidades; ha convertido a nuestro país en una gran fosa clandestina en la que están hundidos millones de mexicanos.
La corrupción es el dolor de cientos de miles de víctimas; es la desesperanza de millones de mexicanos y mexicanas.
Es muy importante que se incorporaran la obligación de actuar conforme protocolos homologados de uso legítimo de la fuerza –cosa que celebramos, más no se incluye la creación de una legislación al respecto.
Contamos en el Senado con tres iniciativas y un predictamen; sin embargo no se incluye en esta reforma, ésta tan urgente ley para regular el uso legítimo de la fuerza.
- Es de reconocerse que se regule oficialmente la presencia de los cinco ciudadanos que desde, hace al menos cuatro años, participan en el Consejo Nacional, y que se les incluya como parte del Secretariado Ejecutivo.
Es de reconocerse la presencia de 5 ciudadanos que desde hace 4 años participan con el consejo nacional, que se incluyan como parte del secretariado, pero falta que les demos más atribuciones.
En relación con los controles legislativos, se plantea que sea el Senado que apruebe el nombramiento que el Ejecutivo federal haga del titular del Secretariado Ejecutivo; sin embargo, podrá removerlo en cualquier momento.
Tan importante es quien lo nombra como quien lo quita. Esos serían controles legislativos importantes.
Otro tema urgente que fuera de mencionarse, es el sistema que también se ha propuesto para tener los servicios forenses autónomos; el nuevo sistema y el medio de prueba fundamental serán la prueba científica, así como las periciales forenses; por lo que es necesario que lo tomemos mucho en cuenta para poder soportar científicamente la labor ministerial, y corremos el riesgo de que no se pueda realmente avanzar en los procesos de justicia más efectivos.
Aún se mantiene la visión del abandono político de la seguridad y pese a las modificaciones de la adenda –en verdad reconocemos que vale la pena-, se repite en su concepción y diseño los elementos que permiten la subsistencia de las causas sistémicas y estructurales de un modelo policial que no ha funcionado.
Se preserva la estructura que ha significado en materia de seguridad la impunidad generalizada, tampoco, en ninguna perspectiva, de terminar en combinación con el nuevo sistema de justicia penal –que entra en vigoren escasas horas, de terminar con la impunidad sistémica y la corrupción generalizada en materia de seguridad pública.
El grupo parlamentario del PRD votará a favor este dictamen, porque existe una gran expectativa social, porque se los debemos, porque se logró concretar en un texto constitucional que avanza en algunos elementos en cuanto a la coordinación de los tres órdenes de gobierno: el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Más no estamos aún satisfechos, porque la crisis de seguridad, sobre todo la crisis humanitaria, demanda aún mayores transformaciones, sobre todo el combate frontal a la corrupción, a la impunidad, porque no sólo se trata de combatir al sicariato y a los mandos medios de los grupos criminales, sino también de terminar con la estructura de protección política, con la estructura financiera que mantiene el enorme poder corruptor de estas bandas criminales, de estas bandas delincuenciales de alto impacto y de bajo impacto en nuestro país.
Queremos apostarle a esta transformación, porque estamos convencidos de que debemos terminar con la violencia.
Y como decía Gandhi. “No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Queremos construir con ustedes, compañeras y compañeros legisladores, con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, con los especialistas, con académicos, con expertos, la recuperación de una sociedad de derechos, de justicia y dignidad.
Gracias.
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