Intervención en tribuna del senador, Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.
Fidel Demédicis Hidalgo, (FDH): Gracias, presidenta, con su venia.
Compañeros senadores, compañeras senadoras.
Primero una sincera felicitación a mi compañera Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por este extraordinario trabajo; compañero Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, y a todos los integrantes de la misma, por supuesto también a la de Angélica; la compañera Cristina, presidenta de la Comisión de Gobernación y todos sus integrantes; y a la compañera Graciela, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.
Efectivamente está demostrándose con esta ley que lo que señalaba Morelos era necesario para que surgiera una buena ley. Creo que esta ley se va a votar por unanimidad y va a ser de las pocas que se van a votar por unanimidad en esta estancia que tenemos en el Senado.
Morelos decía que para que surgiera una buena ley había que llamar a la Junta de Sabios, es decir, a las personas que más conocieran sobre el tema, sobre la ley que pretendía construirse.
Aquí ya más de uno mencionó los personajes que desfilaron en el Senado de la República para hacer sus aportaciones, para dar sus opiniones, para orientar el trabajo legislativo en un sentido que esta Ley Nacional de Ejecución Penal tuviera como su elemento motivador la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, compañeros senadores, compañeras senadoras, los que están privados de su libertad por ese hecho pierden algunos derechos como sus derechos políticos, pero no pierden su estatus de derechos humanos, es decir, tienen derecho a la alimentación, y aquí se les garantiza; tienen derecho a la salud, y aquí se les garantiza; tienen derecho al trabajo y aquí se les garantiza; tienen derecho a un trato digno y en la ley se les garantiza.
Pero tenemos que decirlo, esta ley por supuesto que era urgente que se aprobara, porque todos sabemos que el sistema penitenciario está en crisis, ya aquí el senador Blásquez menciona el caso de Topo Chico, bueno, ese es uno de tantos.
En Morelos ha habido incontables fugas que se dan en colisión con los que ahí trabajan, esto plantea que el sistema penitenciario ahora tiene ese problema gravísimo de la corrupción, si no, “El Chapo” Guzmán no se hubiese fugado.
Tiene el problema gravísimo de la violación sistemática de los derechos humanos de los que ahí están recluidos.
El tráfico de estupefacientes, todo el mundo sabe que ahpi se venden drogas, pero los responsables de erradicar este mal de los penales, se hacen como que no ven y como que no oyen.
Por eso los autogobiernos que existen en los penales tienen éxito, porque hay complicidades vergonzantes. Entre estos criminales que ahí están y quienes de manera oficial dirigen los penales como directores o como miembros de la dirección de ahí y los responsables de los sistemas carcelarios a nivel estatal y a nivel nacional.
Un abuso permanente del poder.
Yo voy a aprobar con mucho gusto y con mucho ánimo esta ley porque cuando menos en su espíritu pretende acabar con los vicios y conductas que hoy privan en todas las cárceles de nuestro país, sean federales o sean estatales.
Tutela los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, reconoce a las personas privadas de la libertad como lo que son: seres humanos y se les garantiza ese estatus. Es una de las partes más importantes.
Todos sabemos que las cuestiones de salud en esos penales son infames y que efectivamente, quien vino a mencionar aquí que si no se invierte en el tema de salud de los penales, esta ley puede terminar siendo una letra muerta.
Por eso es importante, como señalaremos más adelante, que en el PEF debe garantizarse el recurso completo para este tipo de asuntos y en los presupuestos estatales, exactamente lo mismo, garantizar el derecho a la salud.
El derecho a la educación, que va desde la alfabetización, hasta ir concluyendo grados, hasta licenciatura, creo que eso es muy importante, no hay reinserción si no se tiene garantizado el derecho a la educación, y lo digo desde mi visión de educador.
La educación bilingüe para indígenas que estén recluidos, la oportunidad de aprender un oficio y que esta escuela del crimen que se dice que son las cárceles se vaya eliminando a partir de que los que están privados de la libertad tengan garantizado el derecho a la salud, tengan garantizado el derecho a la educación, tengan garantizado el derecho a la capacitación y a la formación en algún oficio y tengan derecho al trabajo.
El tema de los artículos transitorios, el artículo sexto, desde mi visión, queda insuficiente como está planteado, no vamos a proponer reforma, solamente dejaremos para el diario de los debates, desde nuestra visión, cómo debe de ser.
Dice el transitorio:
La Cámara de Diputados, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán destinar recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley.
Es decir, algo ambiguo. En la Ley General de Educación, cuando se hizo aquella reforma después del 92 se dijo “… y los maestros tendrán garantizado un salario profesional”, ese salario profesional jamás se alcanzó.
Se dijo “… y se asigna el 8 por ciento del PIB para la educación como lo mandata la UNESCO”, y eso tampoco se ha logrado.
“El 1 por ciento para la investigación”, y eso tampoco se ha logrado. No hay garantía de que esto que está plasmado en el sexto transitorio se logre, por eso lo dejamos ahí y creemos que lo más correcto es que en el PEF y los presupuestos estatales esto quede perfectamente señalado.
El artículo 10 creo en las condiciones en que está nuestro país con el 62 por ciento de la población con algún tipo de pobreza, con 30 millones de nuestros compatriotas con pobreza alimentaria, el beneficio de libertad anticipada, sobre todo en un tema como es el robo por hambre, que no rebase los 80 salarios mínimos vigentes, bueno, yo creo que es un beneficio que ayudará a muchos que delinquieron porque tenían hambre y no les quedaba otra opción: o robaban o se morían de desnutrición.
Qué bueno que las comisiones que ya señalamos tuvieron a bien generar este beneficio de la libertad anticipada.
El otro tema que tiene que ver con los consumidores de marihuana, también muchos están ahí porque no son traficantes, simplemente cayeron en un vicio como es el alcohol, los agarraron en un momento determinado y ese vicio los tiene en la cárcel.
Yo creo que se tiene que revisar de manera puntual cada uno de estos casos para que también no se vaya a dejar salir delincuentes.
Por último decirles, compañeros senadores, compañeras senadoras, nada se cambia por decreto, se tiene que tener la voluntad política para impulsar las transformaciones que mandata esta ley.
El Senado, lo queremos decir fuerte, ha hecho el trabajo en sus comisiones, en el debate aquí en el pleno y lo vamos a ver ahorita en la votación.
Corresponde ahora al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales de los estados tener la voluntad política para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se conviertan en centros de reflexión y reinserción social de quienes por circunstancias de la vida violaron la ley.
Y para que esto suceda, estas personas privadas de su libertad, tienen que empezar por ser tratados como lo que son: seres humanos.
Por su atención, muchas gracias.
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