La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios deja muchos pendientes a nivel estatal, pero principalmente a nivel federal, afirmó la senadora Dolores Padierna.
“Se debe afirmar que es adecuada la preocupación de la deuda subnacional que da origen a este iniciativa, pero no debe obviarse la necesidad de hacer cambios parecidos o semejantes para controlar también la deuda federal, más aún en un escenario de bajo crecimiento económico, caída de los ingresos petroleros y debilidad estructural de las finanzas públicas”, aseveró.
Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la legisladora destacó que esta iniciativa tiene el propósito de regular la deuda en entidades y municipios que en muchas ocasiones ha sido desproporcionado y con objetivos poco transparentes.
Y a pesar de que significa una limitación al federalismo, “debe considerarse una medida necesaria porque existe el riesgo de que el Gobierno federal tenga que asumir esas deudas en el futuro y acabaría pagándolas el pueblo de México”.
La vicecoordinadora de los senadores del PRD subrayó que la propuesta establece un conjunto de reglas para el otorgamiento de la deuda a estados y municipios donde limita a la garantía que ofrece el Gobierno federal a 3.5 por ciento del PIB estatal.
Además, cuando una entidad solicite garantías al Gobierno federal para contratar deuda y su nivel de deuda sea elevado, el convenio deberá ser analizado por la Comisión Bicameral del Congreso y se faculta a la ASF para fiscalizar las garantías otorgadas.
Dolores Padierna enfatizó la adición de las pensiones de los trabajadores reconociéndolas como un compromiso de las finanzas públicas de una manera similar a los conceptos de deuda.
La senadora apuntó que también se limita el crecimiento de gastos en servicios personales al valor que resulte menor entre el 3 por ciento o la nueva estimación del PIB respecto del año anterior.
Padierna Luna también mencionó que la iniciativa establece un sistema de alertas para clasificar a las entidades dependiendo de su nivel de endeudamiento.
No obstante que la iniciativa tiene avances, la legisladora lamentó que no se tome en cuenta la situación específica de cada entidad y que se establezcan requisitos adicionales para los financiamientos de la Ciudad de México que no se estipulan para el resto de las entidades.
Asimismo, afirmó que sigue pendiente una auditoría en cada estado que vigile que la deuda sea aplicada en gastos de inversión y no en gasto corriente.
“Resulta preocupante el nivel de la deuda alcanzada en el sector público nacional y es mucho más significativo que la deuda de los gobiernos estatales y municipales por eso deberíamos poner reglas también para el Gobierno federal en el tono semejante que se están poniendo para los gobiernos estatales y municipales”, advirtió.
En ese sentido, recordó que al 31 de enero de 2016, el saldo histórico de la deuda pública federal fue la equivalente al 49 por ciento del PIB, mientras que la de estados y municipios fue del 3 por ciento del PIB al final de 2015.
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