Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Gracias. Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores.
El dictamen que se nos está poniendo a consideración marca un importante precedente en el inicio de lo que puede llegar a ser una nueva política en materia salarial, y es un paso importante para transitar hacia la recuperación del ingreso de las y los trabajadores.
Nuestra Constitución fue pionera en la instauración de un Estado social de derechos y de los derechos delineando las bases de un proyecto sustentado en mayores equilibrios sociales.
Reivindicó los derechos de los campesinos, la propiedad social y derechos de los trabajadores como el salario digno y la seguridad social, es decir, un Estado claramente orientado por principios de justicia social, comprometido con la igualdad y la distribución más justa y de la riqueza en el país.
Pese a esto, en las décadas siguientes, a causa del incipiente crecimiento de la productividad, se tomó la decisión de indexar los salarios a la inflación como una regla inquebrantable con el objetivo de trasladar su nivel en los precios y no hacia la productividad de las empresas para no quitarles rentabilidad.
Si tomamos en cuenta que a principios de la década de los ochentas, nuestra economía era poco competitiva y concentrada, era lógica esa decisión por la inminente mundialización de la económica y una dinámica de mercado que exigía tasas de ganancia que no se vieran afectados con los aumentos salariales.
En otras palabras, la agenda de reformas estructurales puso en el centro el desmantelamiento de nuestro estado social y con esto se renunció a un papel como regulador en las relacionales laborales, pasó a ser garante del capital privado y abandonó a su suerte a los trabajadores.
El modelo socioeconómico generalizó la informalidad, la precariedad y la incertidumbre. Lo que comenzó como una política en favor de la competencia, se generalizó al grado de que hoy podemos preguntarnos: ¿Cuántas cosas dependen de los salarios mínimos?
Y la respuesta es un abanico de servicios que van desde contratos de vivienda hasta multas de tránsito.
Esta situación ha sido clave para mantener atado el nivel salarial, puesto que una variación significativa elevaría en automático varios precios de la economía; por lo tanto, no podemos mantener el salario como medida, puesto que no sólo afecta a los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto.
Los resultados a los que hemos llegado con esto son devastadores, de acuerdo con la última edición del informe cómo va la vida de la OCDE, nuestro país tiene la peor calificación de los países de la organización en cuanto a calidad de salarios, se muestra que a los años setentas teníamos mejores salarios que ahora, y en las últimas décadas el poder adquisitivo del ingreso ha caído en niveles que llegan a ser la tercera parte del valor que se tenía entonces.
Existen encuestas que se muestran que el 58 por ciento de la población mayor de 50 años, pudo pagar un crédito hipotecario a los 30 años, adquirir un automóvil, pagar colegiaturas y satisfacer sus servicios básicos de transporte y alimentación con el ingreso que tenían en las décadas de los setentas y ochentas.
De acuerdo con el Banco de México, el salario mínimo real a precios de 1970, pasó en las últimas décadas de un máximo de 30 pesos, en 1972 a nueve pesos, en 1999.
Y desde entonces se mantiene en el mismo nivel, es decir, hablamos de un deterioro salarial que acumula cuatro décadas de rezago, a esta pérdida del poder adquisitivo se acumula también la precarización del empleo, la falta de seguridad social, de prestaciones laborales, la informalidad y el subempleo.
Esa es una situación por demás preocupante, si consideramos que el salario mínimo es un derecho humano, reconocido en distintos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país; y además, representa un principio de las garantías sociales de nuestra Constitución.
Recientemente, la Comisión Nacional de Salarios, llevó a cabo la homologación salarial a 70 pesos con 10 centavos, situación que tuvo un efecto mediático superior a lo que en realidad representa en los bolsillos de los mexicanos.
Si tomamos en cuenta que el valor de la canasta alimentaria es de mil 288 pesos en zonas urbanas y de 906 pesos en zonas rurales con dicha homologación, un trabajador ganaría 2 mil 103 pesos al mes, y le restarían 814 pesos con 17 centavos, algo así como 27 pesos al día en zonas urbanas o, bien, mil 196 pesos o algo así como 39.8 pesos diarios en zonas rurales, todo eso para cubrir las necesidades mensuales de transporte, cuidados del hogar, cuidados personales, educación, cultura, recreación, comunicaciones, vivienda, vestimenta, calzado, utensilios domésticos, salud, enceres domésticos y esparcimiento, además esto sin contar a sus dependientes económicos. Una cantidad absolutamente ridícula.
Nuestro país debe de recuperar su responsabilidad social con nuestra sociedad. México es el país de la OCDE y de América Latina que tiene los salarios más bajos y el único país de la región en donde no aumentó en todo el siglo XXI.
Contar con salarios remuneradores, con prestaciones laborales, es la vía más rápida para abatir la pobreza desde sus causas.
Requerimos de un nuevo esquema y rumbo para proteger el salario garantizando su incremento sostenido.
Por ello, compañeras y compañeros Senadores, mi voto será a favor del presente dictamen porque considero que es un paso importante para refrendar el compromiso por el rescate del estado social desde una visión progresista y democrática que tenga objetivos estratégicos en el combate a la desigualdad y la realización de los derechos universales.
Es cuanto, señor Presidente.
0-0-0
