Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a diversos dictámenes para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos de migrantes en su paso por Tlaxcala.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor Presidente.
Quiero manifestar mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Federalismo, por los términos en que se presenta el dictamen que se está poniendo a consideración.
La esencia de esta propuesta era exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala para garantizar la promoción y respeto a los derechos humanos de migrantes en su paso por Tlaxcala con rumbo a Estados Unidos.
De esta manera, bajo el amparo de la ley estatal de protección a migrantes publicada en el 2011, se garantice la aplicación de acciones en materia de seguridad pública, salud y demás aspectos sociales.
Dicha ley contemplaba en su segundo transitorio, que el ejecutivo del estado debería emitir su reglamento dentro de los 90 días hábiles contados a partir del día siguiente que la entrada en vigor de la misma, situación que nunca se llevó a cabo.
Esto hacía difícil su aplicación, lo cual es por principio una desobediencia a la voluntad popular y, por tanto, es un retroceso a la vida democrática del estado.
Esta situación fue denunciada por diversas organizaciones como la Asamblea Popular de Familias Migrantes, misma que ha señalado que Tlaxcala supera a muchos otros estados del país en maltrato y desatención a migrantes mexicanos retornados y centroamericanos.
Además, de acuerdo con datos de la Dirección de Atención a Migrantes, y la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes desde que la Ley Estatal de Protección a Migrantes fue publicada, más de 20 tlaxcaltecas habrían fallecido por diversas causas en los Estados Unidos.
Miles de tlaxcaltecas regresan a México cada año con el sueño de iniciar su propio negocio; sin embargo, la falta de atención, asesoría y sobre todo de perspectiva de desarrollo comunitario local; por otra parte, la administración estatal genera que la mayoría de estos negocios sean inversiones perdidas.
La respuesta que hemos tenido por parte del ejecutivo estatal es que en el 2012 se emitió la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias, ordenamiento que abroga al anterior, pero que tiene objetivos coincidentes puesto que sus disposiciones se orientan a proteger los derechos de los migrantes.
Si bien pudiéramos discutir varios puntos de la referida ley, el asunto de fondo es que continúa sin emitirse la ley reglamentaria a pesar de que el nuevo ordenamiento entró en vigor a finales del 2012, y ya se cumplió el plazo establecido en el mismo.
Por ello, doy la bienvenida a este dictamen, y desde esta tribuna continúo invitando al ejecutivo estatal a que atienda las disposiciones contenidas en el marco normativo estatal para que se respeten cabalmente los derechos de nuestros ciudadanos y de los migrantes de paso.
Es cuanto, señor Presidente.
