Intervenciones de los Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, durante la conferencia conjunta con legisladores de diversos partidos en la que recibieron propuestas de las organizaciones no gubernamentales en materia de desaparición forzada.
Angélica de la Peña Gómez (ADPG). Buenas tardes.
La senadora Gabriela Cuevas; el senador Omar Fayad y el senador Alejandro Encinas y su servidora, hemos recibido una comunicación y por lo tanto, estamos realizando esta conferencia de prensa para hablar de esa comunicación que las organizaciones no gubernamentales hacen al Senado, de una propuesta de reforma constitucional para fortalecer la discusión desde la opinión de las organizaciones no gubernamentales en materia de desaparición forzada de personas.
El tema tiene que ver también con la desaparición involuntaria de personas, de tal forma que como ustedes saben, hay una discusión en el Senado en los artículos que van a ser reformados en materia de seguridad y justicia, y uno de los tres rubros importantes tiene que ver con esta especie de cajón de sastre que tenemos que hacer en el 73, fracción XXI para facultar al Congreso de la Unión y pueda legislar en sendas leyes generales, en diversas materias de preocupación; una de manera particular, es la que tiene que ver con desaparición de personas.
Le voy a pedir, si me permiten mis colegas, a Juan Carlos Gutiérrez, que haga la presentación de las organizaciones y posteriormente, dos compañeras van a leer el documento que están entregando al Senado de la República y que llega en magnífico momento en que estamos en comisiones discutiendo esta materia.
Por favor, Juan Carlos.
ADPG. Gracias, senador.
Bueno, primero, queremos decirles a las organizaciones no gubernamentales y a los especialistas, a las y los especialistas, a los familiares de las víctimas, que hoy vienen representadas por todos ustedes; en primerísimo lugar, que ciertamente hay un proceso de trabajo que no demerita que en estas fechas estén acercándose todas las iniciativas.
Al contrario, fortalece el trabajo de discusión, de debate, para cumplir con las recomendaciones indistintas que se han hecho desde las organizaciones, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, al Estado mexicano en esta y otras materias.
Segundo, es importante decirles y queremos refrendar que los cuatro que estamos aquí le demos un contenido a la propuesta que nos entregan, independientemente de que cada uno de nosotros también haya presentado iniciativas, signemos los cuatro esta iniciativa que nos entregan las organizaciones para que entre formalmente a turno a las comisiones y se pueda discutir también en la formalidad.
Eso no quiere decir que no esté el tema de las reformas que nos han propuesto. Están en la mesa de discusión, al rato tendremos una reunión de trabajo, como lo mencionó el senador Fayad, con la Junta de Coordinación Política; y ya estaba esa iniciativa ahí presente en la discusión.
Pero hacerlo en la formalidad, que quede inscrito en el Diario de los Debates, en la historia del Senado, que también las organizaciones no gubernamentales tienen una puerta abierta en el Senado de la República para presentar iniciativas ciudadanas en temas tan sensibles; nosotros estamos dispuestísimos a concretarlo.
Y tercero, es muy importante mencionar que la discusión del 73, fracción XXI va a ser una especie de cajón de sastre en donde no solamente va a entrar la materia de desaparición de personas.
Ya está un consenso para que entre la materia de tortura, contra la tortura de personas; y por supuesto están otros temas, como atención a víctimas y otros temas que necesitamos también discutir y dar la pauta constitucional para poder legislar, o leyes nacionales, como es el caso del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores que también ya está en curso o leyes generales que puedan dotar de una sola definición de los tipos penales y una sola sanción acorde a ese tipo penal, como nos lo mandatan las distintas convenciones en la materia tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos.
La senadora Cuevas ya mencionó nuestra reiterada insistencia, y ojalá que los grupos parlamentarios que estamos aquí representados efectivamente trascendamos con nuestra voluntad política para que el Estado Mexicano reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas.
Me parece que el país tiene que ir adelante; debemos ser un ejemplo para todos los connacionales, para todas las personas de todas las condiciones que estén en el país, que transiten por el país, de tal manera que no nos pongamos a dirimir cuántos países faltan por aprobar estos mecanismos sino nosotros ir a la palestra, ir a la vanguardia de ir sumando las voluntades en el mundo global, en el derecho internacional de los derechos humanos para que en México todas las personas sean reconocidas irrestrictamente en su dignidad humana.
Por favor, senador Encinas.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Bien. De manera muy puntual, además de dar la bienvenida a las y los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, refrendar nuestro compromiso.
Primero, como lo ha señalado ya la senadora de la Peña, para dar nuestro aval para que esta iniciativa formalmente se integre al proceso de debate legislativo para dictaminar sobre una materia a la cual durante décadas el Estado Mexicano no ha querido enfrentar.
Son muchas las décadas a lo largo de las cuales hemos planteado la necesidad de que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad en materia de desaparición forzada de personas, de tortura, de desplazamiento involuntaria, de ejecución sumaria o extrajudicial. Y por fin, después de muchas décadas, estamos a un paso de lograrlo.
Muchos de nosotros nos formamos políticamente justamente en torno a estas demandas. En los años 70, en la Guerra Sucia, en el Frente Nacional Contra la Represión, los Comités por la Presentación de los Desaparecidos Políticos, el apoyo a Comité Eureka y a los comités de madres de desaparecidos políticos.
Muchos de nosotros más adelante discutimos en la Fiscalía Especial para Esclarecer los Crímenes del Pasado la necesidad de contar con un entramado legal para que esa fiscalía pudiera haber dado resultados mucho más específicos. Y con estas reformas que se proponen a los artículos 19, 29 y 73 de nuestra Constitución no solamente se reconocerá a nivel constitucional el derecho humano a no ser desaparecido, como también se incluirá en el artículo 29 como parte de las garantías de los ciudadanos el derecho a no ser desaparecido y la facultad del Congreso para legislar en materia de desaparición de personas, de tortura, de ejecución arbitraria y desplazamiento forzado interno.
Yo creo que después de muchos años el lograr que el Estado Mexicano reconozca sus responsabilidades en estos temas que durante muchos años han sido uno de los mayores agravios a nuestra sociedad, va a ser un paso de los más significativos que logremos en esta Legislatura.
Esperemos que salga sin lugar a dudas en los próximos días.
Pregunta (P). Buenas tardes, senadores.
¿Esta enjundia que traen por modificar el artículo 73 constitucional contempla, por ejemplo, que las personas vayan a los cuarteles a ver si están ahí por lo de Ayotzinapa, que la gente está pidiendo entrar a los cuarteles?
¿Se podría ya permitir entrar a los cuarteles a visitarlos con esta ley?
ADPG. Bueno, no es una enjundia, es una responsabilidad que tenemos por mandatos expresos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tenemos recomendaciones a partir de la aprobación de tratados internacionales y, por lo tanto, estamos obligados a también atender las recomendaciones del examen periódico universal, que distintos estados del mundo lo han hecho al Estado Mexicano, a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De tal manera que estamos obligados a hacerlo y a juntar las voluntades que nos permitan cumplir con estos tratados internacionales y atender las recomendaciones.
El tema que usted pregunta no está propiamente inscrito como una de las materias que derivarían de esos tratados internacionales. Más bien tendría que ser contemplado en una reforma integral al Código de Justicia Militar.
Le debo recordar que el Código de Justicia Militar actual fue reformado en un 90 por ciento, atendiendo las recomendaciones que el examen periódico universal le hizo a México hace cinco años y que fueron refrendadas el año pasado.
Sin embargo, todavía quedó un tema pendiente en el que no pudimos ponernos de acuerdo, pero es necesario recordar que este código data desde el año 33 y tenemos que actualizarlo para que vaya en la dinámica de las reformas constitucionales del debido proceso legal y constituyamos también ese código en el marco de este enfoque de garantismo que ya tiene la Constitución y que nos obliga la reforma de 2008 en materia de justicia penal.
De tal manera que ahí creo que es cuando tendríamos que discutirlo en la ley en la materia, la posibilidad de poder atender este tipo de cuestiones que usted menciona desde la ley.
Eso no quiere decir que no pueda haber alguna voluntad política para atender algunas solicitudes ex profeso.
