Boletín de Prensa
Ciudad de México, a 20 de junio 2018
Si no evitamos que niñas y niños sea separados de sus madres y padres, seremos un país sin dignidad: de la Peña Gómez
• Lo que hacen contra niñas y niños en EU es tortura de acuerdo a la Convención en la materia
• Se requieren medidas drásticas como retirar el Embajador de México en EU
• Solicitar convocatoria urgente de la Asamblea de la OEA
Para la senadora Angélica de la Peña la separación de niñas y niños de sus madres y padres, para luego ser colocados en jaulas, como parte de la política migratoria del Presidente norteamericano Donald Trump, es un acto de tortura que ha trastocado de manera irremediable la vida de estos pequeños.
La legisladora del PRD señaló que el llanto de esas niñas y niños al ser arrancados de los brazos de sus madres y padres, sin importar que sean mexicanos u originarios de algún país hermano latinoamericano, debe indignar y debe mover a emprender todas las acciones al alcance del Estado mexicano para detener esta atrocidad, “aunque ello implique confrontarnos con el Presidente de la nación más poderosa del mundo, si no lo hacemos, seremos un país sin dignidad”, añadió.
Apuntó que el gobierno de México debe presionar a nivel internacional y por supuesto tomar decisiones mucho más firmes y contundentes que la sola determinación de poner en movilización a sus 50 consulados y presentar ante la OEA un recurso de queja.
“El Presidente Peña Nieto debe llevar este tema ante la Organización de Estados Americanos, solicitar se convoque a la Asamblea de manera urgente. No es posible que un país integrante de la OEA actúe de esta manera, y aunque no formara parte, el organismo puede y debe pronunciarse sobre una clara y grave violación de los derechos humanos en el continente”, agregó de la Peña Gómez.
Indicó que la situación de de niñas y niños en la frontera sur de los Estados Unidos es indignante y obliga a México a reafirmar su compromiso con los derechos humanos, con la Convención de Derechos de la Niñez, con el Tratado Internacional de los Derechos Humanos y contra la tortura.
La senadora del PRD concidió con las declaraciones del jurista Diego Valadés, en el sentido de que la actitud y las acciones del gobierno norteamericano no dejan otra ruta para México que tomar una decisión drástica y retirar a su Embajador de Estados Unidos
Añadió que, además, deben ser atendidas todas las propuestas que han hecho las Comisiones de Derechos Humanos de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que se reunieron en días pasados –mucho antes de que Videgaray diera una respuesta- y exigieron a sus respectivos gobiernos tomar determinaciones realmente contundentes para detener la tragedia que están sobreviviendo niñas y niños.
En un tema relacionado, la senadora Angélica de la Peña presentó una iniciativa para reformar el artículo 111 de la Ley de Migración, con el objeto de insistir en la necesidad de acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.
De igual forma, busca derogar el supuesto que castiga con una privación de la libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria · en territorio nacional; que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.
Además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.
“Mientras sigamos dando un trato vejatorio a quienes aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización, México seguirá siendo visto como un país incapaz de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y sin la autoridad moral para exigir a otros gobiernos respeto de los derechos humanos de nuestros connancionales”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.
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