Versión de la participación del senador del Grupo Parlamentario del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, para presentar reservas a los Artículos 53 y 59 Bis, del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos


Ciudad de México, 22 de abril de 2021.

 

Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Nuestra Constitución contempla un régimen de competencia económica y libre concurrencia en el mercado de los hidrocarburos, actualmente permite la participación tanto de Pemex como de particulares.

Estos últimos, los particulares, requerirán de permisos, los cuales solicitarán a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, mismos que deben expedirse siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos sin que exista restricción alguna para expedirles el permiso, y ante la falta de respuesta, en el plazo que marca la ley por parte de la autoridad, la solicitud se entenderá como favorable.

Esto es lo que dice actualmente la ley y nosotros estamos cambiándole, bueno, la propuesta que se está haciendo cambia. Ahora si no te responde la autoridad en el plazo correspondiente se considerará como que la solicitud de permiso fue rechazada, sin que exista ninguna explicación, qué le falló al ciudadano, qué le falló a la empresa en su documentación, lo cual lo deja en el limbo, lo deja en una incertidumbre jurídica de qué está pasando con sus trámites, por qué está siendo rechazado al vencerse el plazo.

Esto también, con toda honestidad les quiero decir, al final del plazo, si no te responden, cómo sabemos si la autoridad, el funcionario público, no se le traspapeló la documentación, le dio flojera y no le dio el tiempo para poderle contestar o qué fue lo que pasó con la solicitud del ciudadano. Esto está mal, esto promueve que no haya eficiencia, al contrario, tienes un plazo para contestar, como está ahorita, y si no contestas, ya el ciudadano que solicita el permiso debe tener la autorización para proceder.

Las modificaciones al esquema de otorgamiento de permisos rompen con la armonía del régimen de competencia económica, contradiciendo en principio lo establecido en el Artículo 28 constitucional, donde se expresa la prohibición de los monopolios, aquí vamos tendiendo a los monopolios, al monopolio del Estado. Pero también cuando estamos hablando en el Artículo Cuarto Transitorio, donde dice que al momento que entra en vigor esta ley, los permisionarios que no tengan las instalaciones adecuadas, se les va a suspender su permiso.

Bueno, pues lo que va a ocurrir es que los grandes gasolineros, por ejemplo, sí podrán cumplir, y los pequeños gasolineros que no estén cumpliendo con la ley tendrán que cerrar o tendrán que venderles a los grandes, entonces vamos a ir haciendo cada vez los monopolios u oligopolios que se fortalezcan en México.

Se está minimizando por la bancada mayoritaria, en el 59 Bis, que se está dotando con estos cambios, a la Secretaría de Energía y a la CRE, de facultades discrecionales para suspender temporalmente actividades de empresas que, a su juicio, representen un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética o la economía nacional.

La verdad es que no veo cómo una gasolinera de un pueblo o de una colonia que no esté bien atente contra la seguridad nacional o la seguridad energética del país, ¿cómo se va a evaluar esto?, son conceptos muy amplios que quedan a criterio de alguna autoridad, que se puede dar mal uso a esas facultades, porque no están siendo limitadas. Otra vez, caemos en el problema de la incertidumbre jurídica para quienes se dedican a servicios del sector de hidrocarburos.

Esta medida legislativa por sí misma contraviene a los derechos que nuestra Constitución consagra en sus Artículos 14 y 16, relativos a la seguridad jurídica, pues la legislación mexicana vigente no contempla definiciones a tales conceptos de seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional. Por ejemplo, si fuera seguridad nacional, ¿no sería la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Gobierno quienes tienen que intervenir? Si fuera, por ejemplo, la seguridad energética, pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Cenace, ¿quiénes son los que van a participar para determinar qué se está fallando?, o la economía nacional si se afecta, ¿quiénes son los que van a dictaminar algo adecuado para que realmente se pueda suspender la autorización de empresas?

Entonces esto está verdaderamente dejando en indefensión a personas que invierten, a inversionistas, sea quien sea eh, chicos, medianos o grandes, los deja en la indefensión porque todo queda a discreción de la autoridad, sin que haya una legislación, reglas claras para que se pueda invertir.

Dice: “Tanto la duración de la suspensión, como las causas de la misma, quedan a juicio de la propia autoridad”. Aquí lo más grave es que, ante estas suspensiones, se harán cargo de la administración y operación de las instalaciones del particular, con el fin de poder continuar con las actividades respectivas y no afectar los intereses de los consumidores finales. Oigan, esto es como una requisa, creo que esto es delicado, está afectando a la propiedad privada.

Así que mi propuesta de reserva es mantener el esquema de afirmativa ficta, o sea, que cuando la autoridad no te responda en el plazo indicado, se debe dar como autorizado el permiso. Esto generará eficiencia y atención al ciudadano, y una atención a los inversionistas. De otra forma, estamos desalentando la inversión. Este es el criterio que debe aplicarse.

Derogar el artículo 59 Bis, pues consideramos es un mecanismo arbitrario y discrecional que no salvaguarda la seguridad jurídica de los permisionarios. Modificar el Cuarto Transitorio, otorgando un plazo de gracia para que los permisionarios que no cumplan con el requisito de almacenamiento, por ejemplo, puedan subsanarlo, así como que la Secretaría de Energía emita los lineamentos correspondientes a lo que se llama qué es la capacidad de (inaudible). Esta sería la propuesta.

Y derogar el Artículo Sexto Transitorio, en virtud de ser completamente retroactivo, en perjuicio de quienes tengan permisos vigentes. Que quiero dejarlo muy claro, todo aquel empresario que trabaja en México son ciudadanos mexicanos, no son enemigos, no son traidores a la patria, no son todo lo que se dice aquí en el Senado. La verdad que me llama la atención, porque entonces imagínense si todo el que invierte en México lo consideramos como algo negativo, ¿quién va a querer invertir en México de los propios mexicanos que somos?

Así que las leyes deben ser de carácter universal, deben promover la certeza jurídica, deben ir por el bien de la gente. Y esto es lo que debemos nosotros, legisladores, ver que se conserve, que se preserve en cada ley que se esté presentando y que estemos discutiendo y aprobando.

Han dicho del huachicol, oigan, ya inició el gobierno del licenciado López Obrador hace dos años y medio, ya están hablando del huachicol y como si fuera del pasado, no, es que ya tienen dos años y medio, fue de lo primero que se empezó a atender en este gobierno, que hasta se compraron 600 pipas, así de manera medio oscura, pero eso es lo de menos, pero ya ustedes como cuarta transformación la verdad es que ya son responsables de lo que esté pasando con el huachicol, ustedes Morena como gobierno, o sea, ni el PRI ni el PAN, porque esos ya se fueron hace dos años y medio.

Y lo de la venta de gasolina chafa, estoy totalmente de acuerdo, desde que fuimos diputados promovimos que se revisara a todas las gasolineras del país y que se sancionara a quien estuviera mal. Bueno, pues hubo diputados que en su momento votaron en contra de esa propuesta. No voy a mencionar nombres, pero algunos de los hoy presentes están allí. Y lo que tendríamos que hacer o que tendría que hacer este gobierno es reforzar a Profeco para que revisen a todas las gasolineras.

Antes el SAT o ante el otro órgano de fiscalización -se me va el nombre ahora-, pero con el SAT tenemos, ¿cómo es posible que las gasolineras tengan más ventas que lo que compran?, o sea, eso no es lógico. La autoridad tiene todos los instrumentos para determinar quiénes están vendiéndonos gasolina chafa. La que decía era la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, exacto.

Bueno, pues esta es mi propuesta de reservas, de lo que se debería de realmente considerar. Y comentar que, como Senado de la República, debemos actuar como un contrapeso y velar por los intereses del pueblo mexicano, no sólo levantar la mano y aprobar cuestiones sin ningún razonamiento y sin ninguna certeza jurídica, que creo yo estamos violando la Constitución y esto se tendrá que ir forzosamente a tribunales. Es cuanto, presidente. Y muchas gracias.