Ciudad de México, 23 de noviembre de 2021.
Con su permiso de presidente y demás integrantes de la Mesa; queridas senadoras y senadores, medios de comunicación y quienes hoy nos acompaña, invitados a este Senado, la casa de las y los mexicanos.
“Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”, así lo expresó José María Morelos y Pavón.
Si hablamos de la historia del Poder Judicial de la Federación tenemos que referirnos a un municipio del estado de Michoacán de Ocampo, Ario de Rosales, municipio de mi bello estado en el que el 7 de marzo de 1815 se instaló el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, así lo ordenó la Constitución de Apatzingán de 1814.
Hace 206 años en la etapa más álgida del movimiento insurgente se da el primer antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una necesidad de la sociedad y del pueblo mexicano de contar con un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda
Así ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así debe seguir siendo el Poder Judicial de la Federación, como uno de los Tres Poderes de la Unión que buscan un equilibrio necesario e indispensable en nuestra República representativa, democrática, laica y federal.
En ese sentido, el ejercicio de la facultad exclusiva que tiene este Senado de la República, la elección de los ministros de la Suprema Corte debe ejercerse velando siempre por esa división y equilibrio de poderes, y porque aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han propuesto cumplan con los principios que rigen nuestra Constitución federal: Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática celebramos la capacidad y el prestigio que tienen las dos candidatas y el candidato a ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando cuenta que su gran experiencia y trayectoria profesional, académica y encargos de responsabilidad pública: Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahif.
Lo anterior implica una decisión de gran trascendencia para este Poder Legislativo compañeras y compañeros senadores, al elegir a quien ocupará un lugar de los 11 en el máximo tribunal constitucional del país, que es el encargado de garantizar, en última instancia, por el cumplimiento y respeto de nuestra Constitución federal.
Por ello, les digo que su lealtad debe ser con el pueblo de México no con partidos políticos o con intereses ajenos que no sea la justicia, esa justicia que requieren las y los mexicanos, sobre todo las generaciones presentes y futuras. Hay que dar un ejemplo de ello queridas compañeras y compañeros, de construir un país de legalidad.
Yo quiero expresar con mucha sinceridad, senadoras y senadores, que las tres propuestas que se presentaron, sin duda, son propuestas o son personas que tienen una gran trayectoria, pero tampoco podemos negar, y que quede claro, que tienen cercanía con el Ejecutivo Federal, es una realidad.
No podemos ocultar el sol con un dedo sin embargo, yo quiero expresarles que en el Grupo Parlamentario del PRD por supuesto que vamos a votar a favor, sabiendo que existe cercanía de las tres propuestas con el Ejecutivo, pero va a ser nuestra responsabilidad de todas y todos.
También quiero expresar que es tiempo de las mujeres y creo, y tengo confianza, de que las mujeres sabrán demostrar con hechos, cumpliendo con esa responsabilidad que plasman nuestra Constitución de actuar con ello, con esa responsabilidad que hoy requiere nuestro país.
También quiero expresarles a ustedes que en la fracción del Partido de la Revolución Democrática el día de ayer acordamos que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo que el día de ayer sucedió es gravísimo para nuestro país.
Este acto de inconstitucionalidad que vamos a presentar en contra del decreto que se publicó el día de ayer. No podemos permitir queridas amigas y amigos, compañeros senadoras y senadores, lo que ayer se anunció por el Ejecutivo Federal, es una violación, por supuesto, a la Constitución y es una violación a la Ley de Transparencia y acceso a la Información.
Por su atención muchas gracias.
