Ciudad de México, 01 de febrero de 2022.
Gracias presidenta. Saludos a mis compañeras senadoras, compañeros senadores. En principio, referirme y prácticamente voy a acotar esta parte porque va en el mismo sentido de lo que acaba de expresar mi amiga, la senadora Beatriz Paredes, de la conformación de esta Comisión.
La conformación de la Comisión que se dio con un órgano de gobierno de este Senado de la República, que lo es la Junta de Coordinación Política; la conformación que se dio y cuyos trabajos se realizaron con toda validez, en el marco mismo en el que el máximo órgano político de gobierno de este Senado encomendó tanto a la presidencia como a todos y cada uno de sus integrantes, en donde estaban representadas todas las fuerzas políticas de este Senado. Eso no tiene duda.
Y la propia Comisión que hoy funciona en los mismos términos y que es, la que también ya se ha hecho mención, de la investigación del lamentable accidente de nuestro compañero Rafael Moreno Valle, no sólo ha funcionado si no ha recibido, ha pedido informes de autoridades federales y la ha presidido el grupo mayoritario, se han rendido informes también por parte de la Comisión.
Por eso es que en ese punto de la legalidad no me voy a detener, porque incluso ya la acompaña un antecedente parlamentario, pero sí en el otro punto en el que se ha venido discutiendo, yo me he referido a la actuación, no del gobierno de Veracruz -lo digo de manera personal-, yo me he referido a la actuación de la Fiscalía de Veracruz y del Poder Judicial de Veracruz, que son autónomos del Gobierno de Veracruz, son autónomos, al menos debían de ser o deberían de ser autónomos.
En el caso de Rogelio Franco, de nuestro compañero, diputado federal del PRD, que fue detenido a propósito de que el Congreso de Veracruz aprobó una disposición, un tipo penal, el de ultrajes a la autoridad, que aquí incluso ya la propia presidenta ha referido que sí, ella advierte que puede ser inconstitucional, que la Suprema Corte de Justicia ya lo ha dicho que es inconstitucional y que se sigue aplicando, y que hoy ya conocimos que ese sí, el Gobierno de Veracruz está proponiendo su derogación.
Pero quiero llamar la atención a este pleno porque esa derogación está incompleta por la siguiente razón, se está proponiendo derogar el Artículo 331, Artículo 331 que dice: “Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización Diaria (fíjense en la descripción), a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Eso se va a derogar y eso va a ayudar a muchas, a cientos de personas que están detenidas con motivo de este artículo, pero (perdón presidenta es que es importante nada más hacer esta comparación), pero sigue vigente el Artículo 371 Quinquies que dice: “A quien amenace o agreda a un integrante o elemento de una institución de seguridad pública, municipal o estatal, en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. Es lo mismo. Entonces, van a derogar el 331 y va a quedar el 371, la pregunta sería ¿no lo están advirtiendo o porque es que van a dejar que siga vigente una disposición espejo de esta otra que se creó?
Y por supuesto también, como se dijo aquí, yo pude leer la orden de aprehensión de nuestro compañero del Río, no tiene una sola prueba, ni siquiera circunstancial, que pueda dar soporte a la orden de captura y después, al auto de vinculación en donde el juez dijo “la Fiscalía no me aporta nada, sin embargo, yo puedo suponer que así fueron los hechos”. Es increíble compañeras, compañeros, llamo la atención sobre esta derogación incompleta que está realizándose en Veracruz. Muchas gracias presidenta. Es cuanto.
