Versión estenográfica desde Tribuna del senador Juan Zepeda Hernández, para fijar postura a la reserva de diversos artículos, del dictamen por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Gracias presidente. Solamente para puntualizar el artículo, que habíamos hecho reservas, el 27 lo retire toda vez que hace un momento se corrigió la parte que estaba reservada, y creo que ese ya sale de la lista de las reservas.
El que sí tengo reservado es el artículo 8 en su tercer párrafo fracción primera, y tiene por objeto hacer propias las consideraciones presentadas por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y también de la comunicación que nos hizo llegar la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, que es la Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que nos lo hizo llegar a todos los senadores y senadoras, el pasado 20 de noviembre, donde nos puntualiza una redacción que trae este artículo 8, que también genera la suspicacia de la misma redacción del artículo 27 en su fracción octava, que se corrigió hace un rato.
Qué dice este tercer párrafo –dice— definir las políticas de informática tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del Gobierno Federal, en términos de las disposiciones aplicables. Lo que aquí se argumenta es que esto ya está contenido en la legislación que aplica al Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto es, se genera una confusión si la Presidencia de la República va venir a suplantar estas atribuciones.
Y lo que proponemos es, insisto, haciendo propia la demanda de la Amedi, es que se pueda suprimir este párrafo donde dice definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación gobierno digital del Gobierno Federal, en términos de las disposiciones aplicables, porque creemos que aquí sobra toda vez que ya está en la ley que regula el IFETEL.
Eso por un lado con el artículo 8 tercer párrafo fracción primera. Tengo también reserva en el artículo 17 Bis donde estamos proponiendo que se amplíen los requisitos de los posibles servidores o funcionarios públicos.
El artículo 17 Bis dice, en la fracción primera dice: “… los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades”.
El problema viene en el numeral F de la fracción tercera, que dice: “… realizar las designaciones referidas en la fracción primera de este artículo a propuesta del delegado estatal de programas para el desarrollo de la entidad respectiva”. Es decir, esta figura que hoy hemos venido cuestionando, de los delegados o los ‘superdelegados’, aquí también se les está dando una facultad, pero se deja abierto porque no se ponen los requisitos para el nombramiento de los servidores públicos.
Y lo que estamos proponiendo es que también se agreguen los requisitos que marca cualquier nombramiento, es decir, ser ciudadano mexicano, contar con estudios académicos, haber desempeñado cargos relacionados a esto, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales etcétera, eso falta en ese artículo 17 Bis, que es lo que estamos proponiendo.
Y particularmente en el artículo 17 Ter que, hoy asido motivo de mucha discusión de mucho debate, yo también quiero puntualizar.
Miren, en cada entidad federativa tenemos a un gobernador electo constitucionalmente y que hoy está en funciones; esta figura de los delegados o llamados ‘superdelegados’ vienen a generar una tensión innecesaria en la entidad federativa.
Hoy quiero también, desde esta Alta Tribuna hacer un llamado a los gobernadores. Los gobernadores ninguno ha salido a pronunciarse con valentía para criticar estas figuras, y es claro el tema, están sujetos a los vaivenes presupuestales, es decir, si el gobernador en turno sale hoy a criticar, a reclamar o a cuestionar esta medida en su cierre de año, no les van a dar los fondos necesarios para que puedan terminar todos los compromisos que tienen en educación, en su nómina, etcétera. Pero, nosotros aquí en el Senado, que también representamos a las entidades federativas, qué bueno felicito, quienes si estamos levantando la voz para cuestionar esta medida que por demás vulnera el espíritu federalista.
Quiero sumarme a las voces que han señalado y que han puntualizado que los ‘superdelegados’ sí tienen un fin político-electoral. Por muchos años, la oposición cuestionó a los gobiernos tanto del PRI y como del PAN que cuando venía la temporada electoral se presentaban en el estado que iba a ver elección con un año antes, con ocho meses o medio año antes, con todo el aparato gubernamental para poder orientar el voto hacia sus candidatos.
Solo que hoy se está haciendo prácticamente con tres años antes, con cuatro años antes o seis años antes, porque miren ustedes. Voy a leer solamente algunos nombres que ya se han mencionado que van a ser los delegados en las entidades federativas, y son los siguientes, por ejemplo, en Durango se menciona a Enrique Novelo. ¿Quién es Enrique Novelo?, es el secretario de finanzas de Morena.
En Guerrero, Amílcar Sandoval, ¿quién es Amílcar Sandoval? Presidente de Morena en el estado; en Jalisco, Carlos Lomelí, ¿quién es Carlos Lomelí?, es el excandidato al gobierno del estado por Morena; en Michoacán suena Roberto Pantoja, ¿quién es Roberto Pantoja? Es el líder estatal de Morena.
En Oaxaca, Nancy Ortiz, ¿quién es Nancy Ortiz? Pues, es la presidenta estatal de Morena; en Puebla, Rodrigo Abdala, ¿quién es Rodrigo Abdala? Es exprecandidato al gobierno de Puebla; en Tlaxcala, Lorena Cuellar, ¿quién es Lorena Cuellar? Nuestra excandidata al gobierno de la entidad allá, en Morena; Yucatán, Joaquín Díaz Mena, excandidato al gobierno del estado por Morena, y así podemos ir nombrando muchos delegados que se han ya hecho públicos estos nombres y evidentemente es un fin electoral, es político.
Por eso es necesario que, así como lo dijo siempre la oposición, que aquí levantemos la voz por supuesto, que no estamos nosotros tratando de ponerle trabas al Presidente electo.
Yo sostengo que cada Presidente, tiene el derecho a ordenar la administración pública en la estructura que él considere conveniente para que dé resultados. Pero, esto que hoy se nos está proponiendo, no podemos nosotros dejar pasar este momento para denunciarlo ¿por qué? Porque faltaríamos a un principio, que es el principio de la democracia, que es un principio de la separación de poderes, que es un principio de claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por eso, sostengo que es necesario que en esta reservas que hice a estos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se pueda corregir en los términos que lo presenté en la Mesa Directiva, gracias a todos ustedes.
